El actual debate parlamentario sobre educación se encuentra estancado en el «acuerdo educacional», firmado en Noviembre del 2007 entre la Concertación y la Alianza por Chile, que consagra la igualdad de trato. Esto es, pactar que se mantenga un igual financiamiento por parte del estado a las escuelas públicas y las privadas y en base […]
El actual debate parlamentario sobre educación se encuentra estancado en el «acuerdo educacional», firmado en Noviembre del 2007 entre la Concertación y la Alianza por Chile, que consagra la igualdad de trato. Esto es, pactar que se mantenga un igual financiamiento por parte del estado a las escuelas públicas y las privadas y en base al misma sistema; subvención por alumno. Esto ha sido un dique que ha obstruido reformas orientadas a fortalecer financiera e institucionalmente el sistema estatal, que desciende peligrosamente bajo el 50% de la matrícula y atiende a la población con mayores necesidades educativas. Hoy es urgente implementar medidas, como las sugeridas por el bloque social y otros agentes de gobierno y la sociedad civil, referentes a implementar un financiamiento basal y preferente a las escuelas del Estado y dotarlas de una institucionalidad eficiente que les permita aprovechar al máximo estos recursos en los niños que más lo necesitan (desmunicipalizar). No se debe olvidar que la gran mayoría de los niños más pobres estudian en el sistema municipal, el que es sostenido por el estado hoy en día.
¿Quien puede oponerse a tan necesaria reforma? ¿Quienes insisten majaderamente en esta igualdad de trato? Revisando la composición de los sostenedores en busca de personas con la suficiente influencia para promover o detener una política pública, encontramos al Senador Marcos Cariola (UDI), inversionista de Educa UC, junto a otros importantes empresarios como Christoph Felix Schiess Schmitz, (Compañía Sudamericana de Vapores); José Antonio Garcés Silva, (ESVAL y Embotelladora Andina S.A).; Alberto Hurtado Fuenzalida, (Representaciones Grainco, Financo, Embotelladora Andina S.A.), Andrés Lyon, (Fjord Seafood Chile S.A. y Sociedad de Inversiones Antar Chile S.A). También son parte del directorio de esta fundación, ligada a la Universidad Católica, Alejandro Weinstein, quien es un poderoso empresario farmacéutico. Esta fundación recibe un aporte complementario a la subvención estatal de aprox. 20 millones de dólares, adjudicado por CORFO y administrado por una sociedad de inversiones en cuyo directorio encontramos a personeros como Felipe Larraín y Juan Ariztía Matte (superintendente de Afps), entre otros miembros de la elite.
Lo mismo ocurre con otras personalidades políticas y empresariales. En base a una superficial búsqueda se puede encontrar a Mariana Aylwin, Mónica Jiménez y Fernan Ibáñez en la corporación Aprender; Roberto Angelini, José Pablo Arellano, Martín Costabal (ex ministro de hacienda Pinochet), en la corporación Belén Educa. Tenemos también a la familia Matte en la SIP, quienes junto a Eduardo Fernández León (Consorcio Financiero, Opus Dei), la familia Izquierdo Menéndez (empresarios mineros), Gonzalo Vial Correa, Felipe Larraín (Aguas Andinas y otras), la Fundación Nocedal (Opus Dei), integran una suprafundación, llamada «Educando Juntos« que viabiliza recursos a sus colegios y a otros colegios de claro perfil conservador católico. Los recursos de esta fundación provienen del Banco Chile y la Fundación Irarrázabal Correa, ligada a una tradicional familia Chilena terrateniente, hoy con fuerte influencia en el campo financiero. No es menor mencionar que esta familia mantiene relaciones comerciales e, incluso, sanguíneas con muchos de los personeros mencionados anteriormente, además de las familias Edwars, Echenique, Concha, Marques de la Plata, con quienes comparten una profunda fe católica de carácter más bien conservador, y gran parte del capital nacional.
Estas sólo son algunas de las corporaciones que sostienen colegios en el país, sólo en la región metropolitana hay casi 200 de ellas ligadas a la iglesia, al poder empresarial o a ambos, reciben subvención del Estado y además son sujeto a donaciones empresariales. Un ejemplo; el colegio Padre Nicolás de Vilcún (IX región) recibió cerca de 12 millones de pesos por subvención del Estado el año 2007, el mismo año recibió por concepto de donación de la Fundación Irarrázabal Correa cerca de 20 millones de pesos, que se gastaron en infraestructura, becas, retiros espirituales, etc. Esta escuela pertenece a la Fundación para el Magisterio de la Araucanía, perteneciente a la Arquidiócesis de Villarrica, la cual tiene 145 colegios entre la IX y X Región, la mayoría en sectores rurales.
El insistir que el estado mantenga la igualdad de trato en cuanto a financiamiento para estas escuelas y las del estado, no hace más que reproducir la desigualdad. ¿Por que esta escuelas católicas, dependientes de poderosos empresarios pueden recibir este financiamiento adicional?, ¿Por qué las escuelas del estado no pueden recibir un financiamiento basal preferente que equipare al menos la desigualdad patente con respecto a estas escuelas?
Votar la Ley General de Educación sin considerar estos aspectos significa encubrir tras un debate supuestamente técnico, un conflicto de gobernabilidad de más de cien años por la disputa de la educación pública. ¿Quién educa en Chile y en que condiciones lo hace? ¿La oligarquía eclesiástica o el Estado, a favor de la ciudadanía? La igualdad de trato consagra una desigualdad encubierta a favor de los grupos de poder económico que poseen escuelas. Un financiamiento preferente, y una mejor institucionalidad (desmunicipalizar) podría ser un primer paso para romper los privilegios educativos que mantiene la iglesia que esta vinculada a los sectores que hoy concentran el capital. Existen propuestas al respecto, las del Bloque social de educación el año 2006, las que ha hecho reiteradamente el CENDA (Centro de estudios para el desarrollo alternativo), lo que sugieren algunas de las indicaciones que se realizaron a la Ley General de Educación en la cámara de diputados, lo sugerido en el protocolo de acuerdo que permitió la aprobación de la ley en primera instancia, etc. No es falta de propuesta lo que detiene el avance de una educación integral para todos, son intereses, que buscan algo más que lucro, intereses que buscan gobernabilidad.
Juan González, Sebastián Ligueño, Francisca Corbalán (Observatorio Chileno de Políticas Educativas -Universidad de Chile)