El desarrollo del social-liberalismo del nuevo centro (alemán) o tercera vía (británica), dominante en los partidos socialistas europeos desde mitad de los años noventa, constituye un abandono de las posiciones clásicas de la izquierda socialdemócrata y un giro hacia la adopción de medidas neoliberales y retórica centrista. Este nuevo discurso se presenta como transversal a […]
El desarrollo del social-liberalismo del nuevo centro (alemán) o tercera vía (británica), dominante en los partidos socialistas europeos desde mitad de los años noventa, constituye un abandono de las posiciones clásicas de la izquierda socialdemócrata y un giro hacia la adopción de medidas neoliberales y retórica centrista. Este nuevo discurso se presenta como transversal a las ideologías: sustituir la tradición socialdemócrata por el liberalismo, o tener un perfil bajo o ecléctico compatible con la ideología dominante en vez de un pensamiento crítico. Y también transversal respecto a las clases sociales: abandonar la prioridad de la defensa de la mayoría ciudadana (las clases populares -trabajadoras y medias-) e incorporar la representación de los intereses del poder económico-financiero y las oligarquías. Así, se supone que se representa a todas las partes y al conjunto, con la responsabilidad de Estado, el consenso europeo y la garantía de gobernabilidad.
Por un lado, esa posición centrista amplía su espectro ‘transversal’, que incluye las élites dominantes, aunque en realidad pierde representatividad -transversalidad- entre la gente joven, progresista y crítica; por otro lado, pone el acento en la moderación, el consenso y el centrismo político para, supuestamente, ampliar influencia entre el tercio autodefinido como centrista, en disputa, y el tercio de capas liberal-conservadoras, representadas por las derechas.
El último ejemplo es el acuerdo PSOE-Ciudadanos de la pasada legislatura, presentado como pacto ‘transversal’ entre la (supuesta) izquierda socialista y la derecha (supuestamente) regeneradora. Había una acepción de transversalidad como centrismo político, con un proyecto continuista (en lo económico, social y territorial) que integra el poder económico-financiero y una parte de las capas populares e intenta legitimar una nueva élite gubernamental. Además, buscaba el aislamiento de Podemos y sus aliados, así como apropiarse e inutilizar uno de sus discursos para ampliar su legitimidad: la transversalidad. Como se sabe, ese plan continuista no fructificó; pero sí creo un impacto político y cultural de cierta confusión, que no es descartable que vuelva en el futuro.
No obstante, los hechos son los hechos a través de los que se conforma la experiencia y la cultura de la gente. Con la incorporación de los aparatos socialistas a las políticas gubernamentales de austeridad y dinámicas autoritarias, incumpliendo sus compromisos sociales y democráticos, se resquebraja la función legitimadora de esa deriva centrista, se comprueba la amplia desafección popular y la socialdemocracia profundiza su agotamiento político y discursivo. Y por lo que parece, con la actual crisis política y de liderazgo, la mayoría representada en su comisión gestora persiste en su bloqueo de una salida de cambio progresista y su apoyo a la gobernabilidad de las derechas.
En ese sentido, aparece el otro elemento fundamental para comprender el último proceso político e interrelacionar con la lógica de la transversalidad: el conflicto social y cultural y la polarización sociopolítica sobre el que se ha consolidado un amplio campo electoral, una nueva representación política y nuevas capacidades de acción institucional.
Transversalidad popular es oposición progresista al poder establecido
Frente a la deriva autoritaria y regresiva de las élites gobernantes en su gestión de la crisis sistémica (socioeconómica, político-institucional, nacional y europea), se desarrolla un amplio, masivo, democrático y ‘transversal’ movimiento popular progresista en torno a dos ejes principales: más democracia y mayor justicia social (frente al paro, la desigualdad y los recortes). Se reafirman los valores cívicos y democráticos, así como los derechos sociales. En la pugna sociocultural, se configura la actitud sociopolítica de indignación, sobre todo del mundo juvenil, precarizado y con bloqueo de expectativas, y se expresa la protesta social frente a los poderosos (económicos e institucionales). Y, precisamente, lo hace desde la reafirmación progresista en la cultura previa democrática y de justicia social, muy consistente en el tejido asociativo.
La mayoría de las reivindicaciones populares, de carácter social, económico-laboral y cultural, gozan de una amplia legitimidad social, así como las organizaciones cívicas y los movimientos sociales que los articulan. Según encuestas de opinión, han recibido la comprensión y apoyo persistente de dos tercios de la población dinámicas desde el movimiento 15-M, pasando por la Plataforma contra los desahucios, diversas mareas ciudadana, grandes movilizaciones sociales y múltiples asociaciones voluntarias, hasta el propio movimiento sindical en sus conflictos y huelgas generales contra las reformas laborales, En algunos campos (por ejemplo en defensa de un empleo decente, unas pensiones públicas dignas o una educación con igualdad de oportunidades) el apoyo popular se incrementa más.
No obstante, esta transversalidad de los apoyos a una acción social progresista, en la que hay que profundizar, frente al poder establecido es difícil trasplantarla mecánicamente al campo político-electoral, en el que intervienen otras mediaciones, la capacidad de liderazgo y la credibilidad discursiva y representativa. Es otra reflexión pendiente, que solo apuntamos. En las tendencias electorales aparece un campo más próximo, por afinidad política, de crecimiento y expansión del voto a Unidos Podemos y las convergencias.
Nos referimos al voto progresista que está recalando en la abstención, entre ellos el millón perdido entre el 20-D y el 26-J, así como, según las recientes encuestas, el millón que también pierde el PSOE por su crisis política y su giro derechista. Es el horizonte a medio plazo de conseguir el 30% del electorado y cerca de ocho millones de electores lo que aventura otro cambio cualitativo en los equilibrios institucionales. Y aun sin la posibilidad de ‘ganar’ solos el Gobierno y la necesidad de ampliar acuerdos con otras fuerzas (un nuevo Partido Socialista o parte de él, hoy difícil de prever, o sectores nacionalista progresistas) permite avanzar en la expectativa de un Gobierno de progreso y un cambio institucional sustancial que dé paso a una transformación más profunda, socioeconómica y política. Y, en todo caso, consolidar un campo sociopolítico progresista, condicionar la gestión liberal conservadora y acceder a posiciones de gestión institucional intermedias significativas.
Los objetivos sociopolíticos y la expresión democrática de esta ciudadanía activa, con una participación e implicación mayor en los asuntos públicos y la acción colectiva, cuantificada en unos cinco millones de personas, tienen una amplia legitimidad entre la mayoría de la sociedad que alcanza a los dos tercios. Se conforma un electorado indignado y progresista con una experiencia fundamental frente a la clase política gobernante (del PP y del PSOE) y los grandes poderes económicos y con dos objetivos globales: mejora de las condiciones y derechos sociales, económicos y laborales (frente a los recortes y el austericidio), y democratización política, institucional y de la resolución de la cuestión nacional. El resultado, un vuelco en el sistema de representación política con la emergencia de Unidos Podemos, las confluencias y las candidaturas municipalistas.
La transversalidad como centralidad no es centrismo; es ser eje del proceso político a través de la representación y defensa de la mayoría popular con unos valores democrático-igualitarios. No es neutralidad o ambigüedad respecto de las ideas y las prácticas conservadoras, reaccionarias, sexistas o racistas. No es partir del punto intermedio de la cultura de la gente para reproducirla como sentido común. Es reconocer toda la realidad y pluralidad existente, conectar con los mejores valores cívicos de la mayoría ciudadana, proyectar un discurso de progreso e impulsar la transformación social y cultural de la sociedad en un sentido (universal) igualitario y solidario.
Así, este proceso socio-histórico nos da pistas de otro contenido de la palabra transversal. No es centrismo, moderación, equilibrio y mediación entre la derecha y la izquierda gobernantes, que no representan a un sector amplio de la sociedad, o entre la gente (común) y el poder político-económico. Expresa compartir proyectos, posiciones y composición social integradora, pero dentro del campo ‘popular’, de las capas subordinadas, de los de abajo o subalternos, frente a los de arriba, la oligarquía o las clases dominantes (por supuesto, con excepciones y situaciones intermedias).
Ante situaciones desiguales de estatus o de poder no debe haber neutralidad, sino solidaridad, apoyo y reequilibrio de condiciones de la gente en desventaja. Y con el criterio universal de articular la igualdad y la libertad. Por tanto, transversalidad (popular y progresista) tiene un significado sustantivo democrático, igualitario y emancipador, en grados diferentes, pero opuesto a comportamientos, posiciones y actitudes autoritarias, regresivas y dominadoras.
La universalidad se debe combinar con la necesidad social
El concepto de transversal puede y debe reunir componentes ‘universales’ (concepto clásico de la filosofía política) para toda la población. Es la tradición de la ética kantiana que dejó su impronta en la declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no es una posición intermedia, neutra o ambigua entre esos dos polos del conflicto: igualdad/libertad frente a desigualdad/dominación. Como tampoco lo era ese nuevo código ético universal, todavía de referencia internacional. Se pactó en la ONU (1948) entre EEUU y países europeos y sus aliados del bloque soviético, precisamente, frente a la dinámica y la experiencia del nazi-fascismo, el autoritarismo, el racismo y las dictaduras que asolaron el mundo, previa y durante la segunda guerra mundial. Pretendía evitar la reproducción del autoritarismo con una nueva hegemonía cultural, democrática y de derecho (y en Europa occidental, además, ‘social’, con el Estado de Bienestar).
Es la dinámica que quieren hacer retroceder las fuerzas neoliberales de los poderosos, la gestión regresiva de la crisis socioeconómica por las clases gobernantes y el nuevo populismo derechista, autoritario y xenófobo. Pero ante la imposición de una involución social, económica, política y democrática, para la ciudadanía se revaloriza la importancia de una alternativa de progreso, basada en los valores universales (republicanos) y la reafirmación de las identidades populares ancladas en la cultura de la justicia social y la democracia.
Por tanto, lo transversal, desde una mirada progresista y realista, tampoco debe ser una posición neutra o ambigua entre los dos grandes proyectos políticos o dimensiones ideológicas en pugna, basados en la igualdad y la libertad o en la desigualdad y la dominación, y desarrollados en la historia de estos dos últimos siglos; y, convenientemente actualizado, debe recoger lo mejor de la experiencia y las tradiciones progresistas o liberadoras: la democracia, la emancipación y la igualdad social frente al autoritarismo, la subordinación y la regresión. Se supera la simple lógica de antagonismo político entre amigos/enemigos, difusa en su significado político y limitada e insuficiente para conformar identidad popular y procesos progresistas. Ese esquema procedimental del conflicto, además de matizarlo, se debe combinar y complementar con un contenido sustantivo emancipador, inserto en las mejores experiencias y dinámicas democráticas europeas. Así, se afianza la construcción de nuevos actores (o sujetos) sociales y políticos, populares y cívicos, tras un cambio de progreso.
No cabe compartir, mezclar o ser transversal (neutro o equidistante, según la versión liberal y abstracta) entre las dos estrategias y discursos: por un lado, los derechos humanos y sociales, reduciéndolos a unos mínimos, y, por otro lado, las posiciones autoritarias, opresivas y antisociales. En ese plano ético no hay punto intermedio justo. En ese centro discursivo (aristotélico, liberal o confuciano) no está la virtud. La justicia, en una situación de desigualdad y dominación, está en la defensa de la gente común o el pueblo desde un polo del conflicto político-ideológico, los mejores valores ilustrados o republicanos representativos de la modernidad democrática: igualdad, libertad, solidaridad, laicidad, convivencia intercultural…
Se trata de remover los obstáculos estructurales y las desventajas de la gente normal, la mayoría ciudadana, frente a los privilegios de las capas dominantes, las élites poderosas. No obstante, en este caso, no se defienden solo los intereses o valores de una parte (subordinada o popular), aunque sea mayoritaria y que para ella tenga más valor su protección pública. Junto con el estado de derecho, se aplican valores ‘universales’ favorables al conjunto de la ciudadanía (también de los oligarcas, corruptos y delincuentes), aunque incompatibles con las posiciones y dinámicas antidemocráticas y antisociales.
Antonio Antón. Profesor de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid
@antonioantonUAM
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