Uno de los pilares del paradigma neoliberal -las actuales recetas contra la crisis no parecen ir a contrapelo de esta visión- es la privatización de los servicios públicos. La defensa de lo que queda de lo público puede ser un espacio de cruce y encuentro transversal de los diferentes movimientos sociales. Aportamos un análisis sobre […]
Uno de los pilares del paradigma neoliberal -las actuales recetas contra la crisis no parecen ir a contrapelo de esta visión- es la privatización de los servicios públicos. La defensa de lo que queda de lo público puede ser un espacio de cruce y encuentro transversal de los diferentes movimientos sociales. Aportamos un análisis sobre la privatización de la educación.
La aprobación del llamado Decreto Aguirre, del 12 de marzo de 2008 que aborda los requisitos mínimos para impartir el primer ciclo de Educación Infantil en la Comunidad de Madrid, supone una agresión para la infancia sin precedentes desde la Transición. Las personas más afectadas serán los y las niñas de entre cero y seis años. Pero también las mujeres soportarán especialmente sus consecuencias. Por ello, desde el movimiento feminista conviene reflexionar sobre la aplicación de este decreto.
El desarrollo de la Educación Infantil en España ha estado atravesado por la evolución de aspectos socioeconómicos, ideológicos, la división sexual del trabajo asalariado y la asignación social de las tareas de cuidado a las mujeres. También aparece vinculado a la Transición política. Durante dicho periodo se desarrollaron con fuerza Movimientos de Renovación Pedagógica en todo el Estado, que implicaron a gran parte de la sociedad en la reivindicación del derecho a la educación de todas las personas, entendiendo el hecho educativo de forma compleja e integral y superando el concepto de escuela como mero espacio de adiestramiento. Surge el concepto de Escuela Infantil frente al concepto guardería asociado éste a la sustitución de las labores de cuidado que las madres, recién incorporadas al mercado laboral, no podían realizar.
La historia de la Educación Infantil ha pasado por diferentes momentos. La vieja reivindicación de una ley general que regulara la etapa entre los cero y seis años y los principios pedagógicos que la sustentaban fueron diluyéndose. También los Movimientos de Renovación Pedagógica se desmovilizaron paralelamente a los continuos cambios legales que iban desvirtuando el proyecto de la escuela infantil pública: partición de la etapa en dos ciclos, abandono de algunos principios pedagógicos, recorte presupuestario y de recursos humanos, junto a un creciente protagonismo de la iniciativa privada.
El Decreto Aguirre pone la ‘guinda’ a este proceso degenerativo, proporcionando el marco legal definitivo para abrir al mercado la educación infantil, en la misma línea que en otras etapas educativas y servicios públicos como la sanidad. Los aspectos más relevantes de este decreto son: incremento notable de las ratios (número de niños y niñas por aula), recorte del número de profesionales y su formación, y reducción o desaparición de los espacios al aire libre. Además, se posibilita utilizar las escuelas para actividades mercantiles. Todo ello acompañado de una importante subida (60,24%) en las cuotas que pagan las familias con menos ingresos, y del desarrollo del ‘cheque guardería’ (repartir dinero público entre las familias para ‘ayudarlas’ a pagar un centro privado). A la vez, se paraliza la inversión en el mantenimiento y creación de centros públicos. Estas medidas tendrán graves consecuencias para los y las niñas y sobre todo para aquellos y aquellas con necesidades educativas especiales. También tendrá consecuencias muy concretas para las mujeres, pues la Educación Infantil es un sector muy feminizado, tanto desde el punto de vista de las madres, debido a razones sociales relacionadas con las tareas de cuidado y la precariedad laboral, como de las trabajadoras.
La incorporación masiva actual de las mujeres al mercado de trabajo, junto con sus luchas reivindicativas, han planteado un importante debate social sobre la necesidad de compartir las tareas de cuidado que antes estaban indiscutiblemente asignadas a las mujeres dentro del ámbito familiar. Esta realidad, unida a un contexto de crisis y precariedad laboral galopante que afecta también más a las mujeres, constituye el nudo central de la llamada ‘conciliación familiar y laboral’.
La Comunidad de Madrid utiliza ‘la conciliación’ y la falta de plazas en las escuelas infantiles públicas para justificar el decreto, aportando soluciones que perjudican a las mujeres, atentan gravemente contra la infancia y trasvasan dinero público a manos privadas. Así, las y los niños podrán permanecer escolarizados tantas horas y tantos días como las jornadas laborales de sus padres, especialmente de sus madres, requieran. Incluso algunas empresas se han ofrecido a colaborar en esta conciliación ofertando «guarderías» a sus empleados y empleadas en los mismos centros de trabajo, cuya gestión y funcionamiento quedarían exentos del control público y familiar.
El Decreto considera a las criaturas un estorbo para el desarrollo de la vida laboral de sus progenitores, haciendo recaer sobre ellas las consecuencias de una organización social basada en el beneficio privado. Se ponen a disposición del mercado los más de 30.000 puestos escolares que se necesitan en el primer ciclo, lo cual representa un jugoso negocio.
La Escuela Infantil es un derecho universal. Sin embargo su deterioro no ha causado tanta alarma social como el de otros servicios públicos, quizás, por afectar fundamentalmente a niñas, niños y mujeres. Es necesario reivindicar escuelas infantiles suficientes, públicas y de calidad a la que puedan optar madres y padres independientemente de su situación laboral. La educación en general y la infantil en particular, puesto que incide en la formación intelectual, afectiva y social, determinando el resto de las etapas educativas y evolutivas de la vida, no puede estar sujeta a las imposiciones del mercado de trabajo.
Cabe destacar la necesidad de un uso positivo del lenguaje en nuestras reivindicaciones. Exijamos servicios públicos de calidad y escuelas infantiles, no «guarderías». Como mujeres y feministas no podemos permitir que se utilice la conciliación familiar y laboral o el derecho de las mujeres al empleo como coartada para practicar una política injusta y falsa.
Ana Hernando. Asamblea Feminista de Madrid