El Defensor del Pueblo admitió la queja, el pasado 4 de septiembre, e inició actuaciones ante las instituciones competentes a las que trasladó su contenido; remitida por la Campaña CIE NO de Valencia el 12 de junio, la denuncia hacía referencia al presunto espionaje que policías del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, en Valencia, realizan durante los encuentros entre miembros de la Campaña y las personas reclusas.
El espionaje se produciría, según la queja planteada por las ONG a la Defensoría, en la zona del centro donde tienen lugar las visitas.
De este modo, y alegando supuestos “motivos de seguridad”, los agentes se ubican junto a la puerta de la sala de visitas, “impiden su cierre” y pueden escuchar las conversaciones entre las personas internas y las visitantes.
El Artículo 62 de la Ley de Extranjería (2000) establece que las personas recluidas en un CIE tienen derecho a comunicarse -dentro del horario que establece el centro- con los familiares, funcionarios del consulado y otras personas, “que sólo podrán restringirse por resolución judicial”.
En concreto, la legislación reconoce el derecho de las personas internas a contactar con ONG y organismos de protección de las personas migrantes (estas organizaciones “podrán visitar los centros de internamiento”, detalla el Artículo 62.3).
Más allá de los reconocimientos legales, ¿qué situaciones se han dado en la realidad concreta? El 24 de marzo de 2023, el Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia (que ejerce funciones de control jurisdiccional del CIE) acordó la comunicación al centro de Zapadores que las entrevistas con ONG, letrados y familiares han de respetar el carácter privado de la audiencia, “sin que en ningún caso pueda hacerse uso del contenido de las comunicaciones orales que de forma involuntaria se hayan escuchado”.
Una parte reciente de las denuncias remiten al 22 de junio de 2022, cuando dos miembros de la Campaña pidieron visitar a personas internas en Zapadores: solicitaron tres encuentros, que la Policía Nacional aprobó.
Sin embargo durante la segunda entrevista, cuando la persona interna comenzó a relatar cómo se había producido -esa misma madrugada- la deportación de un compañero a Marruecos, uno de los agentes “interrumpió de forma brusca” la conversación, y ordenó que abandonaran la sala dos miembros de las ONG.
Los abogados de la Campaña denunciaron las expulsiones en el citado Juzgado de Instrucción; ¿de qué modo se produjeron? Según la nota informativa de los activistas (20 julio 2022), “en ese momento un agente, que había estado de forma permanente en la puerta de acceso, les indicó que su ‘superior’ había dado la ‘instrucción’ de que ‘se habían finalizado las visitas’”.
Además el mando policial -continúa el relato de las organizaciones- afirmó que las personas acompañantes “calientan la cabeza” a los internos, y expresó opiniones como “si les digo lo que pienso de las ONG, que únicamente quieren lograr el mayor número de internos (…)”.
Ya el 8 de febrero de 2023 se pronunció el Juzgado de Instrucción número tres, que dispuso incoar expediente de control del CIE valenciano y requirió información por las denuncias de la Campaña ante la intervención de los agentes en las conversaciones.
Respecto a la queja presentada ante el Defensor del Pueblo, interpuesta por la Campaña en junio de 2023, podría resumirse en las siguientes líneas: “A pesar de las resoluciones judiciales y lo que determina la legislación vigente, los policías del CIE continúan situándose junto a la puerta de la sala de visitas y obligan a dejarla abierta durante toda la entrevista”.
Asimismo, “ante la ineficacia de las medidas judiciales (…)”, se solicita la mediación del Defensor “para que inste al Ministerio del Interior a que adopte medidas para garantizar la confidencialidad en las visitas que reciben los internos”.
Las denuncias de espionaje se suman a otras vulneraciones de los derechos de los reclusos, que las ONG han difundido; por ejemplo las denuncias de malos tratos, la carencia de un protocolo para la prevención de los suicidios y trata; o la deficiente atención sanitaria y en la alimentación; sin embargo, la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana no ha adoptado las medidas necesarias, critican los activistas.
Un ejemplo reciente de presuntas agresiones policiales en el CIE de Zapadores tuvo lugar el pasado 29 de agosto; un ciudadano encerrado en el centro, de nacionalidad colombiana, denunció en el juzgado de guardia cómo un agente le introdujo en la celda 22 y le propinó bofetones y puñetazos (“me intenté proteger echándome en la cama”); al acercarse los compañeros -agrega el escrito de denuncia- cesó la agresión y la persona migrante se dirigió al médico del CIE, que le remitió al hospital.
La comunicación que el interno trasladó al director del centro añade algunos detalles; como que el agente “justificó su agresión porque yo llevaba una mecha (papel)”; el policía, según el relato del denunciante, golpeó y pateó la cabeza del interno en la habitación y -después en el centro hospitalario- le fueron realizadas placas y un tac en que se le detectaron varias lesiones.
“Aún me encuentro con mucho dolor y me gustaría que se haga justicia para que esto no siga pasando”, concluía el escrito a la dirección.
Además el 31 de agosto la Campaña CIE NO exigió en las redes sociales que se paralizara la expulsión de la víctima (mientras se investigaban los hechos), así como la suspensión cautelar del agente denunciado.
Por otra parte, la Campaña se hizo eco en Twitter de las informaciones compartidas por el activista senegalés (nacionalizado español) y exdiputado autonómico de Podemos en Madrid, Serigne Mbaye: fue detenido por funcionarios policiales el pasado 30 de agosto, y acusado de “resistencia/desobediencia por agentes de la brigada móvil (sector ferrocarril policía en el transporte) durante un control según ellos por ‘prevención de hurtos’”.
La citada detención se suma a los controles de identidad “rutinarios” de los que Serigne Mabaye es objeto.
Son, en síntesis, algunos de los motivos por los que el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) ha convocado -entre el 22 y el 30 de septiembre- Vigilias de Oración y Denuncia frente a los CIE de Valencia, Madrid (junto a la ONG Pueblos Unidos) y Barcelona (junto a Migra Studium) para reclamar el cierre de estos centros.
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