Fragmento de la ponencia de presentación del libro «50 razones por las que España no es una democracia», que fue pronunciada el pasado viernes día 15 de diciembre, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Disponible en formato MP3
Repercusión en prensa
Me llena de satisfacción tener la oportunidad de pronunciar esta ponencia en el corazón en la Facultad de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, justo cuando el proceso de aprobación de la Ley de la Memoria Histórica se encuentra en fase de debate en el plenario del Congreso de los Diputados. Ha sido un honor atender vuestra invitación y gozar de la hospitalidad de los camaradas del Foro de Debate Universitario Alejo Carpentier, que me han brindado la posibilidad de visitar por primera vez este continente de contrastes, diversidad e ilusión.
Hacía mención al trámite parlamentario de la Ley de la Memoria Histórica, porque, ya sea al calor de las efemérides, ya sea por compromiso electoral, interés partidista, o de cualquier otra índole, el caso es que no se puede negar la aparición de un fenómeno político de tan hondo calado social, que va más allá de lo que se ha dado en llamar «fiebre republicana».
En efecto, de un tiempo a esta parte, la ciudadanía parece haber superado tanto el miedo como el hartazgo que tan bien cumplieran su misión desmovilizadora durante buena parte de los 80 y los 90, y, a través de una larga etapa de «crispación política», que vino marcada por el acostumbrado griterío de cafetería y un constante desafío de la prensa a nuestra capacidad de asombro; a través de esta larga etapa -decía-, el pueblo parece haber llegado a dar un importante salto cualitativo en el pensamiento común: por primera vez en décadas, reaparece y se generaliza la costumbre de cuestionar el orden establecido. Se enciende la chispa del inconformismo, entendido como un descontento que supera el ámbito de los meros gestores de la Cosa Pública, y se extiende al propio marco legal.
No se trata solo de que nos hayamos dado cuenta de que hoy por hoy, la clase política está integrada casi en exclusiva por personas deshonestas; no se trata de una divergencia puntual entre los intereses de la clase trabajadora y la élite dirigente; es otra cosa, algo que va más allá, que es más grave y complejo: el ciudadano medio ha dejado de sentirse representado.
Esto es bueno, porque tras décadas de progresiva desideologización, desentendimiento y sensación de impotencia, nos encontramos ante una coyuntura política proclive al reverdecimiento de los valores del pensamiento ilustrado: urge volver a pensar, cuestionar todo, la duda como elemento central del análisis político. Hemos de abandonar la resignación y el pragmatismo, y retomar el gusto por lo utópico. Es imprescindible rescatar el valor de la honestidad en la vida pública. Llevamos demasiado tiempo sin referentes políticos de alto nivel, necesitamos personas con sentido de Estado y altura política.
Es un buen momento para la reflexión y la autocrítica, un buen momento para analizar con detenimiento y sinceridad el medio político que habitamos. «50 razones por las que España no es una democracia» no trata de ejercer la crítica como un fin en si misma, ni de enumerar asuntos sueltos como si no fueran parte de un todo. No se trata de mezclar para confundir u omitir con intención, ni de abogar por la inmediata consecución del 100% la utopía. Esta es una obra concebida para responder a la necesidad de empezar a hacer preguntas. Señalar sin miedo, como paso previo a la búsqueda de soluciones que traten de reducir el preocupante nivel de déficit democrático que aqueja a la práctica totalidad de las instituciones públicas en España. En este sentido, se trata de una obra que trata de aportar una visión crítica pero con finalidad constructiva, una crítica que -por sincera-, necesariamente debe ser serena y alegre, valiente y osada.
No cabe duda de que nos hallamos en un momento muy especial en la historia de los pueblos de España: ante nosotros se yergue un sinnúmero de desafíos de profunda trascendencia política, muchos de los cuales se precipitarán en cascada, en el próximo lustro:
No en vano, hechos inevitables como la sucesión en la jefatura del Estado, la aprobación de una Ley de la Memoria Histórica, el desenlace del proceso de paz entre E.T.A. y el Estado, la imposibilidad de ejercer el derecho al acceso a una vivienda digna a un precio razonable, la progresiva pérdida de poder adquisitivo del proletariado, la desaparición de la clase media, la integración de las personas trabajadoras inmigrantes, la coyuntura macroeconómica tras la escalada de tipos de interés, las pérdida de control sobre la política monetaria, el repunte de la represión de Estado, la militarización de la política exterior, y un largo etc. aumentarán considerablemente el nivel de inestabilidad política… resultando en escenarios políticos impredecibles, ante los que se debe recordar que jamás en la Historia el Capital ha permanecido impasible ante la pérdida de su posición dominante.
Repasemos algunas de las principales razones por las que resulta imposible clasificar como democrático al sistema político español de nuestros días:
1. En primer lugar, España no es una democracia, por la sencilla razón de que es una monarquía. Y no es de recibo intentar hacer valer argumentos como el de la «Monarquía Parlamentaria», porque resultan un insulto a la inteligencia y una flagrante contradicción en términos. Es como hablar de «tiranía participativa» o «dictadura electa». La monarquía es la negación del derecho de la ciudadanía a decidir sobre sus propios asuntos.
No hay diferencia entre dictadura y monarquía, por eso fue el propio golpista, criminal de guerra y dictador quien designó al actual monarca para sucederle al frente de su sistema inalterado. Por eso hace setenta años que no podemos elegir a nuestro máximo representante político… porque algunos pragmáticos sugieren que el suicidio político que supone votar sí a una constitución antidemocrática fue un acto libre, válido, legítimo y definitivo.
La monarquía es el símbolo de la injusticia política y social. La monarquía arbitraria, absurda y carente de todo argumento sostenible dentro de un debate serio. La monarquía carece de toda justificación que no sea la que pueda arrogarse mediante la conculcación de la justicia, a través de la fuerza o la amenaza con el uso de esta. Por eso, como ya hiciera don Manuel Azaña en su «Apelación a la República», podemos afirmar que, con seguridad, el uso de las armas para amparar la existencia o continuidad de un régimen monárquico es un acto de terrorismo.
Si quien ostenta la jefatura del Estado es un político, y ese político hace uso de fondos públicos para sufragar la construcción de un palacio para su hijo, y todo ello al amparo de la Ley, entonces, podemos resolver que la monarquía es -como mínimo-, una forma legal de corrupción, que se caracteriza por la concesión arbitraria de inmunidad frente a los delitos de prevaricación, usurpación, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
Una cosa es que el Ejército someta a la sociedad civil, obligándola a votar -sin alternativas, como corresponde a toda dictadura-, una Carta Magna que signifique un gran pacto de convivencia y concordia… y otra cosa muy distinta es que la mano derecha, el cooperador necesario, el cómplice y becario del finado déspota militar, permanezca tras la transición en la cúpula de los poderes del Estado. Hablar de transición cuando de lo que en realidad se está hablando es de una restauración monárquica, supone un ejercicio de embuste masivo.
Llamemos a las cosas por su nombre: desde el último golpe de Estado no simulado, el jefe de Estado de España es un militar, no-electo, vitalicio y hereditario en los primogénitos de una familia que fue excluida de la política con carácter permanente, por el pueblo de España, a través del apartado c. del artículo 70, de la Constitución Española aprobada por las Cortes el día 9 de diciembre de 1931.
Instituciones anacrónicas como la Corona -exponente supremo de la desigualdad-, no solo representan un problema, un estorbo y una permanente y grave malversación del dinero público, es en si misma un elemento des-legitimador del Estado, pues constituye una prueba palpable de la falta de seriedad de las instituciones públicas.
2. En lo tocante al segundo punto, y estrechamente vinculado al anterior: la mal llamada «Nobleza», o «Grandeza de España», se trata de un extemporáneo sistema de privilegios, que de modo inaudito parte de la tesis de que la dignidad se hereda. Así, descendientes de señores feudales; militares cuya dignidad no fue otra que la de hacer bien la cosa que se puede hacer con las herramientas de trabajo de un militar; clérigos con hijos; terratenientes en tiempos de hambruna y expresidentes del Movimiento, se contarían entre los casi cinco mil afortunados por esta lotería medieval, que aún en nuestros días, sigue otorgando sus premios en forma de rimbombantes y muy friquis tratamientos, asombrosas propiedades, la inscripción en un registro civil especial -pero oficial, ríanse ustedes-, y asistencia a fiestas en la corte -con cargo al erario público-, entre otras arbitrariedades. A modo de ejemplo: la familia del anterior jefe de Estado, sí, sí, ese Francisco que pasará a la historia en el mismo saco que sus colegas Benito, Adolfo y José, detentan uno de esos títulos nobiliarios.
3. A propósito de la transición: es mentira. No es legítimo igualar a asesinos y asesinados. Tras el fallecimiento del venerable asesino no rodó ni una sola cabeza dentro del estamento militar. Los cuadros jerárquicos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado quedaron igualmente intactos, con lo que la única esperanza de justicia que tienen los españoles es que con el paso del tiempo, la Madre Naturaleza se haya encargado de des-ensuciar de delincuencia esos enormes grupos de personas armadas cuyos sueldos pagamos entre todos.
No ha habido transición, sin ir más lejos, los papeles que firmaron durante años una legión de psicópatas con toga, siguen teniendo rango de sentencias en la actualidad.
El monstruo que ocupara la tenebrosa cartera de la Gobernación, y antes la de Información y Turismo, se dedica a enaltecer regímenes dictatoriales como el de su extinto amigo Pinochet, y para mayor sonrojo, desde un escaño del Senado de España, en pleno diciembre de 2006.
Desde la amenaza por escrito de 1978, el Estado ha tardado 27 años en asignar una partida presupuestaria para permitir la identificación de personas asesinadas mientras defendían el Estado de derecho, su dotación: 3 millones de euros, algo menos de la mitad de lo que todos los años se asigna para cubrir los gastos corrientes de la familia del sucesor de Franco.
¿Transición? En la parte central preferente, de la fachada principal del cuartel general del ejército del Aire, en el madrileño barrio de Moncloa, en Madrid, existe una placa de 12 metros cuadrados en la que sigue poniendo: «Francisco Franco, Caudillo de España». ¿Alguien se imagina una situación análoga en la sede de la Luftwaffe o de la Aeronautica Italiana?
4. Otra gran razón para afirmar que no vivimos en un sistema democrático es la absoluta, total y manifiesta ausencia de Separación de Poderes. En España es el Legislativo quien elige entre sus miembros al Ejecutivo, y entre ambos renuevan por tercios cada seis años a los principales miembros del Judicial. Así, todo el mundo sabe bien qué partido propuso a cada vocal del Consejo General del Poder Judicial. Y lo mismo se puede decir del Tribunal Supremo o el Constitucional. Ello provoca situaciones como que, conociendo qué partidos ostentan las responsabilidades de gobierno en cada parte en litigio, se conozca de antemano el contenido de los fallos de las sentencias de estos órganos en el ámbito de la jurisdicción del contencioso-administrativo. Créanme, se entera uno de como funciona todo en una sola tarde. Y el margen de error tiende a cero.
¿Cómo podemos fiarnos de unos políticos que designan a los jueces y fiscales que -merced a su status de aforados-, un día podrían llegar a enjuiciarles? ¿Cómo es posible que desde el gobierno y a su conveniencia, se nombre y destituya al Fiscal General del Estado, sin ningún rubor?
5. Luego está el asunto de la falsedad institucional. Existen caladeros de altura para ballenatos moribundos, vacas sagradas y trepas acelerados. Instituciones que existen solo de nombre, órganos consultivos que actúan cuando nadie se lo pide ni les corresponde en Derecho… como nuestro legislativo de facto es unicameral, Cámara alta es en realidad un geriátrico de lujo, y ocasionalmente un buen escenario en el que lucirse… cuando la pista central del circo de la Carrera de San Jerónimo se encuentra ocupada o resulta hostil, se pasan algunos números de variedades al Senado, donde naturalmente la retórica no sirve para nada, puesto que hasta un niño con un ábaco sería capaz de aprobar y rechazar enmiendas transaccionales más impronunciables. Qué decir del Consejo de Estado… agradecerle al menos que comparta edificio con el Cuartel General de la Región Militar Centro del Ejército de Tierra… supone uno de los mayores ejercicios de transparencia imaginables. El Consejo Económico y Social (sobretodo el Central) es en realidad un mercado continuo de valores, donde las sociedades cotizadas no son sociedades empresariales, sino sociedades humanas autonómicas. Naturalmente, los socios no cuentan, cuentan los gestores.
6. Permanente atentado contra los más elementales principios de Austeridad, Transparencia y Control del gasto público. Pocas veces la clase política logra consensos tan rápidos y amplios como cuando se trata de aprobar incrementos salariales de los representantes políticos… centenares de despachos, coches oficiales, secretarias, viajes… la desproporción de medios y la ostentación pública son la norma común entre los dirigentes de todos los partidos.
Por no hablar del gasto en procesos electorales. O la situación de la financiación de los partidos políticos, acostumbrados como están a robar de modo cotidiano en los departamentos de urbanismo. Nuevamente, llamemos a las cosas por su nombre: cuando uno de nosotros compra un piso nuevo, al menos tres mil euros se destinan a las arcas del partido de turno.
7. Llegamos al apartado de la corrupción: la principal dolencia de nuestro sistema, es que el 95% de los profesionales de la política se mueven única y exclusivamente por parámetros de interés particular, que normalmente es sed de dinero, aunque a algunos lo que les pierde es «trepar», a otros «pasar a la historia», etc.
8. El artículo número 8 de la Constitución Española de 1978, se traduce en que España experimenta una situación de golpe de Estado permanente. La sociedad civil Española está secuestrada y permanece bajo amenaza. Un sistema democrático debería establecer que la función hostil del Ejército jamás puede dirigirse contra su propio pueblo. Como se ha dicho antes, nadie depuró responsabilidades en el seno Ejército a la muerte del dictador, ni siquiera para escenificar un paripé democrático.
9. Las promesas electorales se incumplen por sistema. En el interior de muchos partidos políticos no hay democracia, ni garantías, ni derecho a audiencia, ni meritocracia… todo es amigueo, en todas pertes.
10. El incumplimiento de amplios sectores de la Constitución Española de 1978 es otro factor determinante a la hora de dudar del supuesto carácter democrático de España. Aquellos artículos que no interesan, directamente se omiten. Derechos como el de acceso a la vivienda pública, la prohibición de especular; el derecho a la tutela judicial efectiva, el de la inmediata puesta a disposición de la justicia, los malos tratos a detenidos, la invención de causas judiciales en base a pruebas completamente ficticias… la inseguridad jurídica que se esconde detrás de la impunidad con la que el sistema judicial se pliega a los intereses políticos de turno -bien para reprimir, bien para criminalizar-.
11. En España se siguen cerrando periódicos, emisoras de radio y televisión, páginas web, se secuestran libros.