A finales de 2008 tuvo cierto eco mediático la pretensión del ministro de industria de negociar con el sector eléctrico la salida del llamado déficit tarifario. Con tal nombre se conoce la diferencia que existe entre el dinero cobrado por las compañías eléctricas y el supuesto coste total de la energía eléctrica. El citado déficit […]
A finales de 2008 tuvo cierto eco mediático la pretensión del ministro de industria de negociar con el sector eléctrico la salida del llamado déficit tarifario. Con tal nombre se conoce la diferencia que existe entre el dinero cobrado por las compañías eléctricas y el supuesto coste total de la energía eléctrica. El citado déficit acumulado rondará los 16.000 millones de Euros a finales del año 2008. La Comisión Nacional de la Energía estima en su informe sobre las tarifas de 2009 que este año se situaría en torno a los 4.662 millones de Euros, aunque la brusca bajada de la demanda de electricidad, la buena hidraulicidad y la reducción del precio de algunas materias primas han provocado una reducción significativa de los precios del mercado eléctrico, por lo que previsiblemente esta cifra puede ser menor. La relación entre el déficit acumulado y el anual es muy aparecida a la que existe entre la deuda pública y el déficit presupuestario, aunque en el sector eléctrico el déficit de cada año, incrementado con sus costes financieros, se paga en los 15 años siguientes.
Antes de dichas reuniones el ministro Sebastián aireó la propuesta de repartir el citado déficit en tres partes iguales haciéndose cargo los usuarios vía tarifas de 1/3 del monto total, el estado, vía presupuestos de otro tercio, y quedando el tercio restante a cuenta de las compañías eléctricas. Se hablaba también que el ministro se guardaba ciertas medidas de negociación como la prorroga de la vida útil de las centrales nucleares, empezando por Garoña, la solución definitiva a los residuos radiactivos de alta actividad (que con el sistema actual de gestión encarecen su coste y lastran el posible relanzamiento futuro de esta energía), la prorroga de las concesiones administrativas en concesiones ventajosas de las centrales hidroléctricas,….
Aunque la magnitud de las cifras que se manejan de apoyos públicos en el sector bancario reducen a la segunda división económica a las que se asocian al déficit tarifario, no debe olvidarse que hablamos de entre un 20-25 % del coste total del suministro eléctrico y duplican los beneficios de Iberdrola del año 2008. Sin lugar a dudas un fuerte instrumento de negociación si el gobierno tuviera interés en presionar al sector eléctrico.
Y es que la situación financiera de las compañías eléctricas, en un momento de graves incertidumbres, es delicado. Porque el déficit lo saldan (anticipan) las compañías productoras (i) que tienen derecho a recuperarlo en años posteriores. Las compañías reflejan el déficit en sus cuentas de resultados como si fuera un préstamo a la tarifa eléctrica. Pero cada vez les cuesta más obtener créditos para cubrir este hueco y el precio a pagar es cada vez mayor. Son varias las subastas de títulos a cargo del déficit que han quedado desiertas por falta de bancos dispuestos a financiarlas o porque solicitan precios muy altos por ello.
En cualquier caso nada se supo de lo ocurrido en dichas conversaciones y la modificación de tarifas de enero de 2009 se saldó con un incremento medio de más del 3% superior a la inflación tanto del año vencido, como de 2009.
Pero a la hora de decidir que debe hacerse con el défictit, no debe olvidarse se viene generando desde el año 2000 y que en este periodo de tiempo las compañías eléctricas han repartido ingentes cantidades de dinero entre sus accionistas, han retribuido con cifras astronómicas a sus directivos y se han visto sometidas a procesos de compra-venta de acciones que han acarreado cambios profundos en la propiedad de las mismas. El precio pagado por las acciones también alcanzó valores muy altos, lo que aceleró el interés de los nuevos propietarios por aumentar los beneficios para amortizar rápidamente las inversiones.
El problema , por tanto, resulta del funcionamiento del mercado de oferta competitiva de electricidad, que permite la paradoja de que aumenten espectacularmente los beneficios en un mercado supuestamente competitivo en periodos difíciles reflejados en la existencia del déficit.
Por esto, la discusión del final del déficit tarifario debe estar vinculado a la del nivel de beneficio de las eléctricas, de la contabilidad de los llamados Costes de Transición a la Competencia, que se suprimieron sin reconocer que se habían retribuido en exceso, y de una contabilización rigurosa de los permisos de emisión adjudicados y de los llamados «beneficios caídos del cielo» que obtienen las instalaciones que no emiten CO2 de forma anómala por el funcionamiento del mercado eléctrico. Así si la central que fija el precio del mercado (por ejemplo una de carbón) señala su precio pensando en incorporar el coste del CO2 emitido, el incremento que esto acarrea, beneficia a centrales hidroeléctricas o nucleares, no emisoras, de forma anómala.
Y además en la solución del problema del déficit debe además tenerse en cuenta que no todos los usuarios a tarifa pagan lo mismo por el KWh. El sector doméstico, y en general los usuarios de electricidad en baja tensión, pagan por él un valor claramente superior al precio medio del mercado y los costes de acceso, por lo que, si existe déficit, ha sido generado por el sector industrial sometido a tarifa. Desde el 1 de Julio de este año sólo existe la tarifa de grandes usuarios (la llamada G-4) que resulta casi 10 veces menor que la de los usuarios domésticos. Pero antes de esta fecha se han beneficiado de la tarifa bonificada otros sectores industriales que también han pagado precios subvencionados por la electricidad. Es inadecuado en este contexto la subida eléctrica que se ha producido para los usuarios de bajo nivel de renta que ha sido claramente superior al IPC de 2008 y previsto para 2009.
Este es un buen momento para repensar el sector eléctrico y abandonar el insensato sistema de oferta competitiva en la determinación de precios eléctricos y el de libertad de elección de combustible y de emplazamiento existentes en la ley marco del sector. Por el contrario debe volverse a sistemas de planificación de la generación eléctrica y de precios eléctricos pensados para favorecer el ahorro y la eficiencia en el uso de electricidad y la equidad en la retribución de los costes. En este contexto, cualquier ayuda pública a las compañías debería convertirse en participación en capital de las mismas para volver a tener presencia en los órganos de gobierno de las mismas. Se trata por tanto de que el sector público vuelva a estar presente en el negocio eléctrico del que nunca debió salir.
Es también el momento de hacer cambiar el sistema eléctrico hacia otro menos lesivo para el medio ambiente mediante una estrategia que promueva el ahorro, el uso eficiente de la electricidad y las energías renovables.