El triunfo de IU en las elecciones autonómicas de este fin de se mana en Andalucía y Asturias, constituye una pequeña alegría para los ciudadanos conscientes, en medio del caos social desatado por la crisis financiera y la depresión económica del capitalismo. Un pequeño punto de apoyo que confirma la tendencia al alza de la […]
El triunfo de IU en las elecciones autonómicas de este fin de se mana en Andalucía y Asturias, constituye una pequeña alegría para los ciudadanos conscientes, en medio del caos social desatado por la crisis financiera y la depresión económica del capitalismo. Un pequeño punto de apoyo que confirma la tendencia al alza de la izquierda, y anuncia el nuevo despertar de la clase obrera. Sin embargo, todo depende de la capacidad de la organización de los trabajadores para gestionar esta victoria; pues el resultado electoral ha puesto a la izquierda andaluza ante un dilema histórico de enormes consecuencias.
Como se podía prever, los resultados de las elecciones andaluzas del 25 de marzo repiten, con matices, el escenario que ya se dio en Extremadura hace nueve meses. IU sube el doble de escaños y los partidos mayoritarios quedan casi empatados sin conseguir ninguno la mayoría absoluta, llevando el partido conservador una ligera ventaja. Otra circunstancia equiparable entre ambas comunidades es el largo desempeño del PSOE en el gobierno regional, con 30 años en el poder, lo que deja un importante debe de corruptelas y favoritismos que la ciudadanía no puede consentir por más tiempo.
Las opiniones de los líderes políticos de la izquierda andaluza están divididas. Por un lado la dirección autonómica, sintonizando con la posición de la dirección federal de IU, se inclina al pacto con el PSOE, apoyando un ‘gobierno de izquierdas’ con José Antonio Griñán. Sin embargo, una parte significativa de la organización, el sector más combativo agrupado en el SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) encabezado por Sánchez Gordillo y Cañamero, ha dejado entrever que no son partidarios de esa opción. La lista de agravios que la izquierda andaluza tiene respecto del PSOE es muy larga. Un grave e inaceptable aspecto de la política estatal de este partido es, desde el punto de vista político, su apoyo incondicional a la monarquía y su Estado de democracia recortada; y otro, desde el punto de vista económico, su gestión de la economía capitalista entregando el dinero público a los bancos, después de haber privatizado la mayor parte de las empresas del Estado. Pero quizás la falta más grave del gobierno regional del PSOE -aparte de compartir los gravísimos errores del PSOE nacional-, haya sido el modo de tratar a los compañeros del SAT y el SOC en sus últimas huelgas y protestas, con una violencia represiva contra los trabajadores que es inadmisible para la izquierda.
En estas circunstancias, si IU se abstiene como se ha hecho en Extremadura, el PP conseguirá el gobierno autonómico, aunque de forma muy condicionada por carecer de una mayoría absoluta. La experiencia de estos meses de gestión en Extremadura han sido lo suficientemente interesantes como para saber que no es una decisión equivocada. En el tiempo transcurrido, IU y PSOE han votado 12 veces juntos, PP y PSOE 6 veces juntos, y PP con IU otras 6 veces. Los tres partidos han votados juntos otras 18 veces. La política extremeña se ha vuelto más dinámica y flexible, el debate y el compromiso son una realidad viva, y se han impulsado iniciativas tan interesantes como el debate sobre la Renta Básica y la denegación del proyecto de Refinería Balboa en Tierra de Barros. Cierto que las líneas maestras de la política regional siguen en manos de la alta burguesía financiera y dependen de un Estado central gobernado por el PP; pero no menos cierto es que la situación extremeña es relativamente aceptable para la izquierda, que tiene algún margen para impulsar políticas sociales y democráticas. Enfeudarse al Partido Socialista, en cambio, será pasar a depender de un partido que siempre ha mirado con una mueca de desdén a su izquierda.
Si IU apoya la investidura de un presidente del Junta del PSOE, se verá comprometido durante toda la legislatura con un partido cuya política económica y social se distingue muy poco de la practicada por el otro partido mayoritaria -un poco más suave si se quiere-, y que se encuentra al servicio de la alta burguesía financiera y del Estado central gobernado por el PP.
En todo caso, una organización que se precia de ser democrática y transparente, como es IU, no puede tomar a la ligera una decisión tan grave, que no sólo afecta a los militantes de izquierda, sino a toda Andalucía y al Estado español. Se hace necesario un largo debate, en el que participe toda la militancia y también los simpatizantes, donde se escuche la opinión de todos y se tome la mejor decisión, después de haber consultado a las bases. En Extremadura consideramos en su día que lo más adecuado es escuchar la voz de la organización y adoptar la opción que tenga a su favor el voto de la mayoría. Ahora los andaluces tienen que encontrar su propio camino para resolver esta espinosa cuestión.
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