La reciente muerte tras una huelga de Hambre del preso cubano Orlando Zapata ha generado una virulenta ofensiva mediática y política contra la isla que, como no se escapa a nadie, está directamente relacionado del el sistema socioeconómico vigente en ese país. En la vorágine de descalificaciones, las escasas aunque heroicas voces que se han […]
En la vorágine de descalificaciones, las escasas aunque heroicas voces que se han apartado de la línea monocorde, como Willy Toledo, han sido sometidas a un feroz linchamiento mediático, poniendo una vez más de manifiesto el concepto de libertad de expresión que tienen estos «campeones» de la democracia.
Pero, descontando por evidentes y previsibles las opiniones de los voceros del franquismo periodístico, amplia mayoría en el pobre panorama de la prensa oral y escrita de este país, hemos de detenernos en las criticas vertidas por los periódicos supuestamente progresistas; «Avergonzado de definirse de izquierdas» (sic) se declaró un columnista del diario Público, tras argumentar, si bien con mayor prudencia en los epítetos, en la misma línea de fondo que sus colegas de ABC y La Razón. El autodefinido zurdo no se ha dignado escribir una sola línea sobre, por ejemplo (y para no disparar las alarmas aludiendo a la huelga de hambre de Iñaki de Juana), el preso catalán Amadeu Casellas, que llegó a coserse los labios para protestar frente a la ilegal prolongación de su encarcelamiento. Claro que no es lo mismo criticar a Cuba en la lejanía no solo geográfica, que cuestionar las cosas de aquí y arriesgarse al ostracismo cuando no a desfilar por la Audiencia Nacional.
Más sutiles son las criticas vertidas por otras voces que han apuntado en suma que no basta para analizar, y en su caso justificar, acontecimientos luctuosos como el que nos ocupa, el recurso a poner de manifiesto comparativamente la situación carcelaria en Estados Unidos, con sus repletas galerías de condenados a muerte, incluyendo el disidente político y periodista Mumia Abu Jamal, el centro de detención de Guantánamo, la gran cantidad de niños e incapaces presos, la estadística de suicidios y muertos por falta de cuidados, etc., o la situación que, sin ir más lejos, se produce en el Estado Español, que ostenta en población carcelaria en relación al número de habitantes el record europeo, y que también tiene unas cifras olímpicas de presos políticos, enfermos incurables entre rejas y suicidios, por no hablar de las torturas…
El argumento esgrimido por estos columnistas es que al socialismo se le supone una superioridad ética, por lo cual no basta que sucesos desgraciados como el fallecimiento de Orlando Zapata se produzcan en Cuba en mucha menor medida que en los estados capitalistas.
Puesto que de ello se trata, hemos de analizar históricamente el fenómeno de la huelga de hambre y los problemas éticos que se han suscitado al respecto.
En el ámbito carcelario hemos de recordar la huelga de hambre emprendida por los presos irlandeses en los años 80 del pasado siglo, reivindicando el status de presos políticos, que tuvo como consecuencia la muerte de 10 de ellos, el más conocido es Bobby Sands, ante la inflexible actitud de la Primer Ministra británica Margaret Thatcher. En el Estado Español, y frente a la política de dispersión, recurrieron a dicha medida los presos vinculados a los GRAPO, lo que suscitó un debate sobre el recurso a la alimentación forzosa, medida con la que amenazó públicamente el a la sazón Ministro de Justicia, Fernández Ordóñez.
La Declaración de Tokio de la Asociación Médica Mundial, celebrada en 1975, estableció expresamente al respecto: El preso no será forzado a tomar alimentación artificial cuando rehuse tomar alimentos y, según el médico, sea capaz de sopesar racional y realistamente las consecuencias de esa decisión voluntaria. Tal opinión del médico sobre la capacidad del preso para sopesar su decisión deberá ser corroborada por, al menos, otro médico independiente. Las consecuencias de negarse a tomar alimentos serán explicadas por el médico al preso . En fin, la decisión no era distinta que en cualquier otro caso en el que un enfermo no quiere seguir los consejos de su médico, estando éste obligado a respetar la decisión de aquel.
Pero el gobierno decidió imponer sus intereses políticos por encima de todo y de todos, no vacilando en el momento de emplear la violencia más brutal, tanto contra los presos en huelga como contra quienes se negaban a la alimentación forzada. Los presos del Hospital Penitenciario fueron atados a la cama y alimentados a la fuerza con suero por vía intravenosa.
Dicha huelga se saldó con la muerte de Crespo Galende y más tarde la de Sevillano, arrastrando aún ahora los supervivientes graves secuelas físicas derivadas de la violencia ejercida al alimentarlos contra su voluntad.
Imaginemos por un momento que el Gobierno cubano hubiera recurrido a la alimentación forzosa en el caso de Orlando Zapata; Con toda seguridad, la opinión publicada le hubiera acusado de la práctica de torturas.
El dilema se complica extraordinariamente ante el comienzo de una huelga de hambre por el cubano Guillermo Fariñas. Esta vez se trata de una persona en libertad, que por tanto no está bajo la custodia del Estado ¿Qué intervención según estos analistas deberían efectuar las autoridades cubanas? Para contestar a esta pregunta, la integrante del Consejo Editorial de Público Carmen Magallón titula «Salvemos al cubano Fariñas» el texto publicado el 17 de marzo de 2010, resumiendo la posición del periódico al respecto, y aludiendo a «la grandeza de negociar» en nombre del valor de la vida.
Claro que el medio pasa de puntillas sobre la valoración de las reivindicaciones del huelguista, tal vez para no perder lectores, dando la sensación de que tal deber es absoluto, con independencia de la opinión que cada cual tenga respecto a lo pedido, lo cual nos lleva a una situación absurda. Imaginemos por un momento que el padre de Marta del Castillo (adolescente presuntamente asesinada en Sevilla por su expareja) se pusiera en huelga de hambre exigiendo la pena de muerte o la cadena perpetua para los condenados por determinados delitos.
¿Se pediría igualmente por Público al Gobierno Español que negociara para preservar la vida del atribulado progenitor o se consideraría que no se pueden alterar los valores imperantes en nuestro sistema legal por muy duras que fueran las potenciales consecuencias para la salud del huelguista?
La eventual cesión en ese hipotético caso sin duda daría lugar a nuevas huelgas de hambre, esta vez de los presos condenados, a fin de obtener a su vez una nueva negociación que les permitiera salvar la vida y/o la libertad.
Descartada esta línea por absurda, hemos de concluir que, en el fondo, opiniones como la antes aludida cuestionan la legitimidad del sistema cubano y por ende de su gobierno, de tal modo que tras un barniz «humanitario» (que no se aplica a la realidad colombiana, por ejemplo), se está utilizando el método inductivo: Se quiere demostrar que Cuba es una dictadura y haga lo que haga la conclusión será la misma. Se trata de aplicar el principio de no dejar que la realidad estropee un buen titular.
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