El Gobierno español con respecto a la Ocupación de Palestina por parte israelí asume la doble vara de medir que realiza Occidente. Pero debemos exigirle coherencia entre un discurso ‘interno’ «progre», que convoca actos por la paz en Oriente Próximo y es adalid de una conferencia de paz que, para que exista, se debería obligar a Israel a sentarse y cumplir el derecho internacional, y su práctica ‘externa’ alineada con los postulados occidental-israelíes.

 

Porque si bien hay unas acciones mínimas positivas, como cuando en la ONU suscribe el rechazo a la ocupación burda sionista o las matanzas que ocupan cuatro columnas en los periódicos (las otras, de menor tamaño o que están en medio de las noticias cotidianas, nadie las hace caso) o presta ayuda económica de urgencia a los palestinos, enseguida se trastoca esa valoración, porque ni se profundiza en el apoyo a una causa justa, dado que esas votaciones no tienen como corolario el restar impulsos a la política sionista o las ayudas puentean al Gobierno palestino y se canalizan a través de fórmulas clientelares aunque haga ‘gestos’ espectaculares como declaraciones y fotos.

 

Las líneas directrices de su diplomacia son seguir la línea marcada por el tandem Israel-Estados Unidos, donde todos los países de la Unión Europea parecen convidados y testigos sin una línea diferenciada en lo sustancial.

 

Nuestro país lleva más de veinte años de relaciones diplomáticas con Israel. En ese tiempo todos los Ministros de Exteriores y, especialmente el último, Moratinos, conocen el continuum de expropiaciones realizadas, las nuevas construcciones, colonias, la judaización de Jerusalén, la esquilmación de agua, la destrucción de campos de cultivos, la ruptura de la economía palestina en ghettos y bantustanes y la consiguiente colonización económica; las leyes racistas y su aplicación para palestinos y árabes israelíes,…asesinatos y cárceles. Ante todo ello, la respuesta española y europea ha sido la de críticas verbales a los excesos, ‘a la desproporcionada’ violencia que realiza periódicamente el ejército israelí; silencio ante la violencia estructural y avance de la ocupación, agostando cualquier escenario de viabilidad en el lado palestino; y acuerdos económicos, culturales, deportivos y últimamente militares con la potencia ocupante, invasora y transgresora de los derechos humanos e incumplidoras de las Resoluciones de las Naciones Unidas y del Dictamen de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

 

Por supuesto, Israel no reconoce a ‘Palestina’. Por lo menos a la que había en las fronteras de 1948, ni las de 1967. Ni el derecho a los refugiados a volver. Ni asume otra cosa que la impunidad de sus actos. No considera válido ningún interlocutor (antes los ninguneaba o mantenía en presidio a Arafat), pero reclama los principios fijados de reconocimiento de Israel y de los Acuerdos firmados por la OLP y fin de la violencia,y despacha, por ejemplo, al acuerdo interpalestino de la Meca, con la aprobación de dos nuevas colonias y la ampliación del perímetro del Muro que se construye en Cisjordania sin que a los diplomáticos europeos y españoles se les haya ocurrido mostrar su disconformidad, ni por supuesto, haciendo simetría de esas condiciones, embargar o suspender a Israel y el Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel.

 

Por el contrario, nuestro Gobierno mantiene y refuerza el doble discurso. Un apoyo a una paz. Declaraciones a favor de una conferencia. Buen ‘rollito’ cuando la ministra de Exteriores israelí, Tzipi Livni, espeta a Moratinos, en la inauguración de la Casa Sefarad (en un nuevo acto de sumisión ¡apoyan la patrimonialización del mundo sefardí por Israel!), que Israel ‘pasa’ de conferencia, y Moratinos asumiendo que (España, la UE y Occidente) no van a forzar a Israel a seguir la senda del cumplimiento del derecho internacional, le responde, «la última responsabilidad y las iniciativas deben salir de las partes». Es decir, que a la parte débil, embargada por Israel (con impuestos robados) y por Occidente, con la economía colonizada, su territorio y fronteras ocupadas se la endosa la responsabilidad de no aceptar los designios del Gran Israel. Y si rechista la legítima resistencia palestina, este mismo Gobierno español, la UE y Occidente -como siempre ha hecho Israel- la han clasificado de terrorista.

 

Pero el doble discurso cada vez se hace más chirriante. Se agranda la diferencia entre las palabras y los hechos.

 

Así, los Gobiernos occidentales europeos podrían argumentar que determinados acuerdos como el de Asociación comercial entre la UE e Israel o la política de vecindad que se hicieron hechos en el calor de los Acuerdos de Oslo (negociados por el actual Presidente palestino Abbas) que, siendo desiguales -por ejemplo, no prohibían asentamientos y colonos-, podrían tener una cierta lectura de buena fé de que había una suspensión del proyecto sionista y que había que reforzarlos haciendo que el Gobierno israelí viera las ventajas de un camino que acabase con el expansionismo. Pero pasada más de una década de incumplimientos israelíes (tanto de gobiernos laboristas, como de likud, de coalición, pero todos sionistas), se tendrían que haber paralizado y esa política revisado. En lugar de haber modificado esa política de apoyo económico y de normalización hacia Israel, a pesar de conocer todos los atropellos y crecimiento de los asentamientos y colonias, el cerrar los ojos ante el presidio de Morchedai Vanunu y su grito de que Israel era una potencia nuclear y tenía armas de destrucción masiva, se ha seguido una inercia que profundiza en el apoyo a la política sionista y a su impunidad.

 

Nuestro país exporta de forma relevante simuladores de vuelo en las armas de doble uso desde hace años. Simuladores que valen a esos pilotos y conductores de los aviones sin piloto para sus ejercicios mortíferos.

 

Y compra, compra y compra eficientemente a la industria de muerte israelí. No importa que se engrase la impunidad y las invasiones.

 

Se hacen maniobras militares como ¡buenos! vecinos, maniobras que el Gobierno español puede elegir y rechazar (véase las respuesta parlamentaria 184/099470) y no fomentar con invasores y ocupantes. Pero se van a incrementar. Antes y después de la última invasión al ‘vecino’ Líbano. Sin apreciar cambio de situaciones políticas y acciones realizadas por Israel desde que se firmaron unos acuerdos, con obligación de respetar los derechos humanos, que en una lógica de discurso coherente servirían para haber retrotraído sus efectos y consecuentemente invalidarlos o suspenderlos, sí, y eso es lo grave, no estuvieran inmersos en el cinismo y en la doble medida.

 

Esa distancia entre las dos medidas, discurso ‘comprometido’ por la paz justa y las acciones que apoyan la impunidad israelí, crece. Pero dado que las contradicciones son visibles, a pesar del interesado lenguaje mixtificador de muchos medios informativos, puede aumentar la posibilidad de modificar la política real del Gobierno socialista que, en este caso, es seguidor en la práctica del núcleo sionista y del fundamentalismo conservador estadounidense.

 

 

 

Respuesta de la Presidencia de Gobierno al CSCA sobre la compra de armas a Israel y la incoherencia de la política gubernamental

 

Por indicación del Presidente del Gobierno contesto al escrito que le ha enviado en relación con la compra de armas a Israel.

Al respecto, puedo señalarle que el Ministerio de Defensa satisface las necesidades operativas de sus unidades tras realizar estudios profundos y rigurosos de las ofertas de que se dispone en el mercado.

Entre los principios que inspiran la acción de este Gobierno se encuentran el multilateralismo y el respeto de la legalidad internacional.

Desde la convicción de que la única vía para alcanzar la paz en Oriente Próximo pasa por la negociación y por el respeto de la legalidad internacional y, en definitiva, por la plena aplicación del principio de arreglo pacífico de las controversias, puedo garantizarle que el Gobierno de España no cesará en poner todo el empeño necesario para lograr ese fin.

Atentamente.

José Enrique Serrano Martínez.

Director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno.