Los firmantes de la demanda piden en el Congreso que el Gobierno colabore con la justicia argentina.
Decenas de representantes de distintos colectivos firmantes de la llamada Querella Argentina, cursada contra los responsables de crímenes de la dictadura de Franco y a cargo de la jueza María Servini, se dieron cita el martes en un acto por los derechos humanos organizado en el Congreso de los Diputados. Los participantes han reclamado al Gobierno español que colabore con la justicia argentina.
Maite Parejo, abogada y secretaria general de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, ha moderado el encuentro, en cuyo primer bloque han tomado la palabra los representantes de distintos grupos parlamentarios. Del Grupo Mixto han participado miembros de BNG, ERC, Amaiur, Geroa Bai y Compromís, también de la Izquierda Plural y del Grupo Parlamentario Vasco. El Partido Popular, PSOE, UPyD y Convergència y Unió han preferido no asistir. Sí lo han hecho, como parte del público, los diputados del PSOE Odón Elorza e Ignacio García Amor.
El pasado 25 de noviembre, los grupos parlamentarios a favor de la querella presentaron en el Congreso de los Diputados una Proposición No de Ley en la que instaban al Gobierno a cumplir de inmediato las órdenes de detención cursadas, a través de Interpol, por la justicia argentina y, en consecuencia, a poner a los 19 requeridos, entre los que se encuentran Martín Villa o Alfonso Osorio -este último exvicepresidente del Gobierno-, a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional.
Ana Messuti, Jacinto Lara y Carlos Slepoy, abogados querellantes, han tomado la palabra para recalcar «el sinsentido de que la primera demanda admitida contra los crímenes del franquismo sea en un país extranjero». Slepoy ha indicado que las órdenes de detención internacional contra los 19 acusados imposibilitan su inmunidad y que, tarde o temprano, serán juzgados. «No van a conseguir la impunidad planetaria», ha declarado.
Después ha llegado el turno de algunas víctimas del franquismo. El primero en hablar ha sido Andoni Txasco, de la Asociación 3 de marzo Vitoria, que ha recordado cómo se produjeron los sucesos de aquel día de 1976 que terminaron con el asesinato de 5 trabajadores ametrallados por la policía al tratar de huir de la iglesia en la que se refugiaban centenares de huelguistas.
Txasco ha recalcado cómo, 38 años después de aquel crimen de Estado, éste sigue en completa impunidad. «El Estado sigue dando credibilidad a la versión policial y niega a las víctimas su condición», ha explicado. Ese día, según las propias grabaciones policiales, «se dispararon más de 2.000 tiros, produciéndose una verdadera masacre». Hoy, los familiares y amigos siguen pidiendo «verdad, justicia y reparación».
A continuación, Manuel Blanco Chivite, del colectivo de víctimas de fusilamientos, cárceles y torturas, se ha preguntado, «¿puede alguien medir el sufrimiento provocado por estos asesinatos, torturas, y palizas realizadas en las comisarías de la Guardia Civil?». En su opinión, todo el pueblo español fue sometido a estas prácticas. «La tortura fue el método vertebrador de la dictadura frente a la resistencia», ha recalcado.
Sol Luque, representante del colectivo de víctimas de niños robados, ha subrayado que «el robo de bebes, según el fiscal Torres Dulce, fue un delito común, sin patrones definidos«. Las asociaciones presentes en la Querella defienden justo lo contrario. Son para ellos, además, «delitos que no prescriben, como no prescribe el dolor de las víctimas».
Oscar Blázquez, arqueólogo del Foro por la Memoria, ha explicado cómo «se documenta la represión sistemática de una parte importante de la población de este país» mediante la exhumación de fosas comunes, a partir de denuncias orales. El objetivo es la judicialización de esos asesinatos.
Elsa Osaba, portavoz de las víctimas del exilio, ha aportado numerosos datos sobre el exilio de millares de españoles. En su opinión, «el sueño de la ‘liberté, égalité, fraternité’ se acabó los primeros días que empezaron a funcionar los campos de internamiento franceses para los refugiados que cruzaban la frontera». Denunció además que muchos españoles fueron mano de obra esclava en la República Francesa, la misma que en octubre de 1945 y en boca del general De Gaulle «reconoció la legitimidad del Gobierno de Franco». Asimidmo, ha desgranado multitud de ejemplos de las penurias de los españoles en el exilio: «Mi tío fue suicidado, con un tiro en la espalda», ha relatado declarando responsable de todas al jefe del Gobierno español. «Nunca más», ha recordado, «cómo dijeron los españoles del campo de exterminio de Mauthausen».
Cecilio Gordillo, representante de las víctimas fallecidas por trabajos forzados, ha continuado con las jornadas explicando cómo el franquismo esclavizó a miles de republicanos, mediante empresas que hoy cotizan «en no menos del 25% del IBEX». Ha finalizado el turno de intervenciones Ángela Fernández, de las víctimas de preventorios, que ha indicado como el objetivo de éstos era «erradicar cualquier intento por recuperar las ideas de los familiares represaliados». Se establecía el control social mediante la agresión constante y la humillación.
Fernández ha terminado su intervención pidiendo a la justicia argentina «que llame a declarar a las más de 100 trabajadoras de aquellos preventorios que viven actualmente en el pueblo de Guadarrama», y ha señalado que «todos los políticos nos han mantenido como víctimas perpetuas hasta el día de hoy».