La llegada del covid-19 y su posterior confinamiento nos hacían pensar que podríamos ganar en humanidad y solidaridad, pero en el caso de los trabajadores inmigrantes al menos, lo que ha ocurrido ha sido todo lo contrario: Más estigmatización, más segregación, más precariedad y más racismo ante una empeorada situación que viven, apresados entre la sempiterna explotación en los campos de trabajo y el nuevo estigma de ser marcados como posibles focos de los nuevos brotes. Vamos que podríamos hablar de la Pandemia del Odio.
En medio de este caos y sufrimiento y de los diferentes llamamientos a mejorar sus condiciones de trabajo, alojamiento y vida, con campañas como la de “Regularización Ya”, un centenar de inmigrantes confinados en un infrahumano asentamiento de casi 500 personas, decide levantarse para hacer notar la terrible injusticia de su situación y se lía la de dios.
Los acontecimientos vividos ayer en Albacete (levantamiento del confinamiento, que no manifestación, ni motín, ni revuelta como han titulado algunos irresponsables medios que rápidamente han amplificado los voceros que se dicen no racistas) no hacen sino sumarse a otros tan lamentables como los ocurridos en Huelva o Lleida. Mientras que en ésta última, los temporeros recogían la fruta entre la precariedad y el estigma (más de 200 personas durmiendo a la intemperie a la espera de un contrato de 6 euros), en Huelva ya van 3 incendios en Lepe, provocados en los campamentos de inmigrantes y asentamientos chabolistas de migrantes, que se suman a los de Lucena del Puerto o Palos de la Frontera, con el consiguiente desalojo de casi 400 personas que perdieron todas sus escasas pertenencias.
¿Pero, qué es lo que realmente sucedió en Albacete?
Todo empezó cuando un menor, que “sobrevivía” en el asentamiento irregular de la carretera de la Peñas, se sintió mal y, con gran acierto a mi juicio, se fue a la Policía a pedir asilo y ésta, también acertadamente a pesar de su mal aspecto y tras la correspondiente PCR, descubrió su positivo en Covid y alertó a las autoridades sanitarias.
Rápidamente se procedió a la realización de los correspondientes test a los casi 500 alojados y tras llevarse a los 21 afectados, procedieron al confinamiento del asentamiento. Era jueves y, como era de esperar, sin agua, sin comida, sin trabajo y en pésimas condiciones de salubridad, al tercer día no aguantaron más y se fueron carretera arriba hasta llegar a la ciudad. Fue como un levantamiento de pura subsistencia.
De lo que pasó después, mucha exageración, titulares amplificando y muchos insultos que avergüenzan a cualquiera. La realidad, apenas una hora y media de descontrol, sin heridos, sin detenidos, sin más altercados que la inmovilización y golpeo a un coche que quería pasar donde ellos interrumpieron la vía y algunas mesas levantadas de un bar, más como defensa que como violencia.
No vamos aquí a justificar la violencia, venga de donde venga y reconocemos que algunos de los chavales, en un estado de desesperación, perdieron los papeles, hasta el punto de enfrentarse hasta a los propios voluntarios del Colectivo de Apoyo al Inmigrante al que pertenezco y que desde el minuto uno estaban allí haciendo labores de mediación, pero reconocemos que ante una situación de injusticia hay que sublevarse.
Lo triste del caso es que a nadie le ha importado la situación de los temporeros (que llevan 20 años en esas naves u otras similares) hasta que no les ha afectado directamente, por el miedo al contagio del coronavirus. Es triste que sólo ahora haya gente que se ha dado cuenta de que los temporeros están malviviendo en pésimas condiciones de salubridad e higiene y que esto puede afectarles porque también se pueden infectar. Los vecinos reclaman ahora una solución, sí, pero sólo por motivos puramente egoístas, y además les criminaliza y culpa como causa de los brotes.
Por suerte, la llamada de atención de estos valientes tuvo por vez primera un resultado inicialmente satisfactorio: De un lado, la unión de las diversas administraciones que tradicionalmente habían mirado para otro lado; de otro la rueda de prensa del Alcalde y jefe de la policía anunciando el cierre y desmantelamiento del asentamiento, así como el traslado de los afectados con PCR positiva a un centro municipal (TNT) y finalmente hoy, la cesión por parte de la Diputación Provincial, de la institución ferial del IFAD para los inmigrantes con PCR negativa.
Independientemente de los hechos aquí mostrados, creo que habría que plantearse cuales son las verdaderas causas de éstos incidentes, cuales sus obvias consecuencias y, si quiera apuntar las posibles soluciones que llevamos tantos años demandando.
- LAS CAUSAS
Algunas de las causas no son difíciles de enunciar: Empresarios que no cumplen ni ética, ni humana, ni legalmente, administraciones que hacen caso omiso de su responsabilidad última y sindicatos agrarios que, salvo excepciones, miran para otro lado, hasta que pasa algo grave.
Las malas prácticas de la patronal agraria, salvo excepciones loables, son evidentes, tanto con sus míseros salarios –sobre todo a las personas “sin papeles”, como con el uso de las ETT, que contratan por días a las personas migrantes ignorando su obligación de facilitar un alojamiento digno y aquí los grandes empresarios del sector son causa del problema.
Las ayudas de la PAC que sólo benefician a los grandes terratenientes no sé si serían causa, pero sin duda son algo que también hay que señalar, y
Finalmente, las inspecciones de trabajo para ver quién se enriquece legal o ilegalmente, incumpliendo los más elementales derechos humanos, también serían una causa por el hecho de que tradicionalmente han sido mínimas y/o con previo aviso cuando se realizaban. Qué curioso que cuando ahora, la gran ministra de trabajo que es Yolanda Díaz, manda y amplía los inspectores, es criticada por la patronal.
- LAS CONSECUENCIAS:
También obvias si tenemos en cuenta los hechos citados de Huelva, Lleida y Albacete: Más racismo, más segregación y ahora además, más criminalización. Si la primera fase de la pandemia puso en evidencia el crimen de las residencias de mayores, que las derechas quieren tapar echando las culpas a otros, en esta segunda fase es la inmigración irregular la que no puede continuar con esta flagrante vulneración laboral y grave problema social agravado por la pandemia.
- LAS SOLUCIONES:
Sin ir a un concienzudo análisis hago mías las señaladas por el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha cuyo comunicado reproduzco.
Además creo que tienen que crearse las condiciones que permitan a las personas temporeras un salario digno, una cotización a la seguridad social y su correspondiente pago de impuestos -por parte del empleador y trabajadores- y, en definitiva, una mejora de calidad de vida de los mismos.
Son imprescindibles las ordenanzas municipales que regulen las condiciones de los alojamientos y asentamiento de trabajadores temporeros, así como un estricto régimen sancionador para quien las incumpla. Esto no es tan difícil y nos consta que municipios como Balazote, Barrax o Pozo Cañada, entre otros ya lo hacen.
La Responsabilidad Social de los empresarios es un tema poco considerado que habría que exigir, al menos a la hora de dar ayudas y subvenciones y
Finalmente es necesaria ya la tan solicitada regularización (que han hecho países como Portugal o Italia), pues muchos de los temporeros llevan años viviendo aquí, y la falta de papeles les atrapa en un territorio, sin posibilidad de ver a sus familias.
Para terminar os recomiendo este documental «África llora aquí» hecho por el GIEMIC de la UCLM donde puede verse como las condiciones de vida de los africanos en estos mismos asentamientos de Albacete, provocaron movilizaciones de personas migrantes en la ciudad durante 2006, algo inusual en el contexto europeo. https://vimeo.com/59356137
Luis Ángel Aguilar es miembro de ACAIM (Colectivo de Apoyo al Inmigrante de Albacete) y autor de LA TERCA UTOPÍA https://latercautopia.com/
@luigiaguilar