Mucho se ha escrito a lo largo de estos días sobre la responsabilidad de la enfermera contagiada de ébola y sobre la de las autoridades. Una de las cosas que más sorprende de todo esto, es que apenas se dé relevancia al hecho de que esta mujer se haya contagiado en su lugar de trabajo, […]
Mucho se ha escrito a lo largo de estos días sobre la responsabilidad de la enfermera contagiada de ébola y sobre la de las autoridades. Una de las cosas que más sorprende de todo esto, es que apenas se dé relevancia al hecho de que esta mujer se haya contagiado en su lugar de trabajo, realizando una tarea sujeta a la normativa de prevención de riesgos laborales. El contacto con el virus se ha producido en un entorno y bajo unas circunstancias que debían haber sido programadas y controladas.
¿Qué se puede destacar de este caso? En primer lugar, que no es una empresa sino una administración pública quien debe garantizar la seguridad y la salud de sus empleados: «los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio». Tal y como podemos constatar, la Administración pública es responsable de lo que le está sucediendo a la auxiliar.
En segundo lugar, se intenta culpabilizar a la víctima, por un supuesto error que inicialmente ella en ningún momento reconoció. Habría que ver las presiones a las que está siendo sometida y la validez de las declaraciones de una persona que, claramente, ni está en plenas facultades, ni con el debido asesoramiento y acompañamiento que en un accidente ordinario debieran concurrir. No obstante, pongamos que efectivamente, se descuidó y en un acto instintivo se tocó la cara ¿Que dice la ley sobre ello? «La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador». Es decir, que aunque la auxiliar hubiera cometido un error, la responsabilidad sigue siendo de quien debe velar por la seguridad y salud de la trabajadora, es decir, la Administración pública.
¿Y qué hay sobre la formación? Las personas que trabajan en los hospitales dicen que la formación consta de un video explicativo de 45 minutos ¿Qué dice la norma? » El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo » . Pongamos que 45 minutos de video es una formación teórica suficiente (dada la magnitud y las consecuencias del riesgo, no se lo creen ni ellos) ¿Dónde está la formación práctica? Algún iluminado ha dicho que no hace falta un máster para quitarse y ponerse el traje. Entonces, ¿por qué la Unidad Médica de Aeroevacuación del Ejército del Aire dice ensayar una y mil veces el protocolo? ¿Por qué aseguran que es necesario quitarse y ponerse el traje cientos de veces para hacerlo en condiciones de seguridad?
Ahora vamos con otra de las cuestiones que más indigna de este caso: el derecho a la intimidad. «Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de salud. ¿Quién filtra el nombre de la trabajadora? ¿Cómo es posible que se entere de su positivo por la prensa? ¿Cómo se puede permitir que se publiquen fotos «robadas» desde el exterior de la habitación?
Y por terminar, ¿dónde está la Inspección de Trabajo? En ningún momento se ha manifestado que se haya personado la autoridad laboral competente para investigar de manera independiente el caso.
El tratamiento que se ha dado a este caso es un despropósito de principio a fin. Desde la decisión de repatriar a los enfermos de ébola a un hospital civil, sin los medios suficiente, en lugar de hacerlo a un hospital militar, donde se entrenan para este tipo de actuaciones. De haberlo hecho de esta manera, no se hubiera puesto en peligro a la población civil y el seguimiento de las personas expuestas al contacto con la enfermedad seria más riguroso.
Solo queda desear la pronta recuperación de la auxiliar y que una vez se estabilice la situación, rueden cabezas por la irresponsabilidad e incompetencia de quienes han dirigido el caso.
Cristina Bereciartua es miembro de Alternatiba
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