Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía. Casi todas las muertes ocurrieron durante la presidencia de Álvaro Uribe.
El mecanismo de Justicia colombiano que investiga los crímenes cometidos en el conflicto entre el Estado y los grupos armados elevó a 6.402 el número de civiles asesinados por militares y presentados como combatientes entre 2002 y 2008. Los llamados «falsos positivos», que constituyen uno de los capítulos más oscuros del conflicto interno que arrastra Colombia desde la década del 60, involucran a unos 1.500 militares. Del trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se desprende que la cifra de víctimas es el triple de lo que se creía y que durante la presidencia de Álvaro Uribe se registró el 78 por ciento del total de esas muertes.
Aunque el alto mando militar siempre negó que se tratara de una práctica sistemática, algunos oficiales y soldados ya confesaron su participación en los crímenes. De todas formas, el tribunal de paz todavía no emitió ninguna condena desde su entrada en funcionamiento en 2018. «Esperamos que este ejercicio permita identificar a los máximos responsables, es decir a quienes diseñaron la estrategia y dieron la orden para que las unidades militares la implementaran de manera sistemática y atroz», declaró a Página/12 Luis Alfonso Castillo, vocero del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE).
El Caso 03 está caratulado como «Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes de Estado». Al empezar a indagar en este terreno, la JEP recibió un informe de la Fiscalía General que cifraba en 2.248 los falsos positivos. Sin embargo, este mecanismo especial de justicia ahora reconoce que las ejecuciones extrajudiciales triplican ese número.
«La JEP establece que por lo menos 6.402 personas fueron asesinadas para ser presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008″, planteó este jueves la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad del tribunal que investiga el caso.»No deja de inquietar la gran diferencia entre las cifras proporcionadas por el gobierno y los hallazgos de la JEP», aseguró Castillo. «Sin embargo, las ejecuciones extrajudiciales fueron parte de una política impartida por las fuerzas militares colombianas a lo largo y ancho del país», agregó el vocero del MOVICE.
Los falsos positivos salpican a alrededor de 1.500 militares que engañaban a los civiles para asesinarlos y presentar mejores resultados a sus superiores en medio de un combate encarnizado con la guerrilla. De esta forma obtenían permisos, premios y otros beneficios. Las víctimas de esa maquinaria macabra fueron inicialmente habitantes de zonas rurales de 29 de los 32 departamentos del país, aunque posteriormente el fenómeno se replicó en zonas urbanas, personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso discapacitados.
Entre las más de 220 diligencias de la JEP en este caso declararon el general retirado Mario Montoya Uribe, excomandante del Ejército y el general retirado Paulino Coronado, así como 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos, 10 oficiales con rango de Mayor y 7 con rango de coronel. Gracias a estas diligencias el tribunal de paz pudo recuperar los cuerpos de 71 personas que fueron presentados como bajas en combate por parte de agentes del Estado en el departamento de Antioquia.
El 17 de febrero de 2020 la JEP entregó a sus familiares el cuerpo de Edison Lezcano Hurtado, un joven agricultor y padre de 23 años, el primero en ser identificado de los restos exhumados en el cementerio Las Mercedes de Dabeiba, Antioquia. Además, el pasado 10 de noviembre los restos de otras cuatro víctimas del conflicto armado, entre ellas dos menores de edad, fueron entregados por la JEP a sus familiares.
Tras la nueva cifra de falsos positivos aportada por la justicia colombiana, la imputación de cargos y responsabilidades se iniciará por los mandos medios, es decir por los que habrían ejecutado estos delitos. Luego se pasarán a los altos mandos militares, que habrían ordenaron las ejecuciones extrajudiciales. Alejandro Restrepo, coordinador del área de investigación de la Fundación Paz y Reconciliación, confía en que la JEP «pueda avanzar en el esclarecimiento de la responsabilidad judicial» pese a que el tribunal de paz «tiene una batalla muy difícil que librar contra los sectores que hoy están en el gobierno y han emprendido una guerra directa contra los procesos de justicia».