Acaban de hacer noticia cuando el rector de la Universidad Diego Prtales (UDP) entrevistó en El Mercurio al ministro de Educación sobre la gratuidad de los estudios universitarios. Conclusión: después del embrollo e intercambio de dimes y diretes, no hay a quién creerle. Pese a los problemas de comunicación entre ambos, se parecen mucho en […]
Acaban de hacer noticia cuando el rector de la Universidad Diego Prtales (UDP) entrevistó en El Mercurio al ministro de Educación sobre la gratuidad de los estudios universitarios. Conclusión: después del embrollo e intercambio de dimes y diretes, no hay a quién creerle.
Pese a los problemas de comunicación entre ambos, se parecen mucho en la manera de manifestarse en política. Más de lo que los distingue en sus funciones. Tanto el opinólogo mercurial y rector de la UDP como el ex funcionario del FMI, ex ministro de Lagos en la época del credito con aval del Estado -CAE- y ex empleado de los Luksic se declaran partidarios de las posturas liberales. Suena bonito dicho así al viento. Mas, esta creencia los lleva a ser defensores de los valores neoliberales; de lo que es su esencia misma: el individuo emprendedor y competitivo imaginado como libre para decidir, sin coerción y capaz de escoger lo mejor para sí o de construir a su gusto su existencia, sin presiones económicas, ni políticas. Una entelequia idealista para los ciudadanos de carne y hueso que tienen que vivir en condiciones materiales e históricas de existencia con necesidades socialmente determinadas. Y en Chile, paradigma social y político del neoliberalismo aplicado.
A partir de este olvido (de las condiciones de vida y de explotación de los ciudadanos-trabajadores) el rector y el ministro pueden levantar discursos sobre la educación que suenan bonitos y dependiendo muchas veces de dónde sopla el viento. Por supuesto, los dos defienden eso que llaman «igualdad de oportunidades», que no quiere decir mucho si no se comprende que para exista la anterior deben establecerse instituciones que permitan garantizar la igualdad de condiciones. Que en Chile no hay, empezando por la letra y el espíritu de la Constitución.
Si no pensaran así, Eyzaguirre no hubiera sido alto funcionario del FMI ni Peña un actual columnista estrella de El Mercurio. Así como el ministro tuvo que avalar el credo ultra capitalista del FMI (privatizaciones, reducción del Estado social, compresiones salariales, medidas de «austeridad» o recorte en programas sociales, como recetario del «crecimiento» global), el rector respalda, con su presencia al «Decano de la prensa chilena», legitimando de hecho, con su firma, a un medio que conspira y manipula para impedir todo cambio que signifique reducir la hegemonía de la clase dominante chilena. Un baluarte de la defensa de la desigualdad y de los privilegios.
Y al hacer gala de tanta ambigüedad conceptual, no es extraño que ambos cambien a menudo sus posturas políticas, que se traducen en declaraciones reproducidas en los medios.
En el caso de Eyzaguirre se justifica que se lo cite y comente porque es un político errático y con pasado concertacionista neoliberal duro, hoy a la cabeza de un ministerio clave como el de educación que debe hacer realidad las promesas de campaña de la NM de gratuidad de la educación sin lucro y de inversión en la pública. No por algo Marx, Nietzsche y Freud, tres grandes del pensamiento contemporáneo, cada cual más aborrecido que el otro por los poderosos, fueron filósofos de la sospecha – de que lo que se dice en nombre de la virtud no coincide con lo que se hace.
Con Peña sucede algo especial: tiene sus propios spin doctors, es decir, gente que en el medio periodístico reproduce como noticia e incluso interpreta sus opiniones vertidas cada domingo en las columnas dominicales de El Mercurio.
Hace poco, Eyzaguirre dijo que la educación chilena era «clasista» y «oligárquica». Esta vez no se equivocó. Pero, si se es lógico -y analizamos la desigualdad y la discriminación en términos de clases sociales y de sus determinaciones- tenemos que hablar al menos de conflictos entre las clases sociales en torno al acceso o propiedad o no de bienes y recursos privatizados. En educación, entonces, habría uno por resolver. Para eso se necesita claridad política y voluntad de sumar fuerzas tras un proyecto político claro que por definición es conflictivo o en pugna con los adversarios declarados (sin eufemismos, los enemigos de los cambios) o sectores oligárquicos. Éstos, que como bien sabemos, se reunieron para consensuar con los concertacionistas (dónde la oligarquía empresarial y mediática tiene sus representantes como Walker y Zaldívar) para cocinar el protocolo de reforma tributaria y continuar repartiendose la torta de la riqueza del país, defienden la educación privada y el lucro.
Eyzaguirre, que anda cuantificando los años de educación gratuita y los gastos correspondientes debió haber dicho que iba a faltar plata para financiar la educación pública y que había que ir a buscar más tributos allí dónde no se pagan: en el bolsillo y las cuentas bancarias de los ricos, de las grandes grupos económicos y empresas y de las multinacionales. Sin embargo, como no hay coherencia en el Gobierno de Bachelet, el ministro de Educación se calló.
Con respecto a la educación universitaria, Carlos Peña, rector de una universidad privada (UDP), es un adepto, en sus propias palabras, del «capitalismo universitario» (*). Es decir del conocimiento entendido como mercancía o medio y fin de la búsqueda del lucro… si es que los conceptos sirven para nombrar o aproximarse a las cosas como son.
¿Pueden los ciudadanos tener confianza en dos individuos con tales antecedentes públicos cuando desde las páginas de un portavoz ideológico de la clase dominante quieren intervenir en el tema educacional?
Basta con leer las posturas de ambos en diarios y entrevistas. Un historial de contradicciones e incoherencias.
El movimiento estudiantil está enfrentado a la «autoridad» real y simbólica ellos. Con un rector no elegido por la comunidad universitaria, sino que por los dueños de la UDP, y con un ministro tecnócrata que cambia de idea de una semana a la otra
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(*) Peña afirmaba en su columna en El Mercurio (10/04/2014) -con esa arrogancia propia de los que se sienten llamados a cumplir una misión en nombre de intereses superiores (que no son otros que aquellos de los dueños del capital interesados en invertir en el negocio educativo)-, es «imposible poner a la educación superior fuera del mercado». De esta manera, el comentarista mercurial, estaba erigiendo en dogma la creencia neoliberal que no hay derecho social que en las actuales condiciones económicas pueda ser gratuito, ofrecido directamente por instituciones del Estado y, sujeto, en este caso, al control democrático estudiantil, académico y de funcionarios de las casas de estudio.
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