Haga un experimento mental: cierre los ojos y procure recordar, en caso que haya estudiado en la universidad, quiénes conformaban el profesorado que lo acompañó durante ese período de su vida.
Tómese su tiempo y trate de identificar si hay algún patrón que comparte ese profesorado. O evalúe su grado de heterogeneidad, teniendo en cuenta no solo la presencia de mujeres y varones en la estructura de ese profesorado sino también su nacionalidad, su etnia o color de piel. No parece haber mucho margen de respuesta. Puede que, unas décadas atrás, la falta de diversidad profesoral no le resulte nada sorprendente. Al fin y al cabo, aunque los desplazamientos poblacionales han sido y siguen siendo una constante en el estado español, el auge de los procesos migratorios en España solo tiene algunas décadas.
Ahora abra los ojos. Acérquese a la facultad que desee y haga un ejercicio de observación mínima. Compare su experiencia actual con la de hace dos o tres décadas. Si encuentra notables parecidos de familia es que usted, sencillamente, no ha cerrado los ojos: el sistema universitario español, aunque ha dado un giro relevante en materia de género, no ha cambiado la estructura localista de su profesorado. Pese a que desde los noventa del siglo pasado la realidad nacional se ha transformado de forma drástica, la información estadística al respecto -publicada desde 2015 por el Ministerio de Educación y Formación Profesional- confirman lo que usted ya sabe: que las universidades (tanto públicas como privadas, en diferentes grados) apenas se han abierto a las transformaciones sociales y culturales que han afectado a España en las últimas tres décadas; en particular, al hecho ineludible de que España cuenta con más de cinco millones y medio de personas extranjeras residentes en territorio nacional que demandan, a todos los efectos, ser tratadas como ciudadanas y no como mera fuerza de trabajo barata y servicial.
Analicemos los últimos datos publicados por el Ministerio de Educación, que remiten a «personal docente e investigador» de universidades públicas del período 2020-2021 en España (1). Los resultados son análogos a años precedentes. En este último período, de un total de 102.589 personas empleadas, 100.114 son nativas. En toda la universidad pública apenas 2475 puestos de docencia e investigación están ocupados por personas extranjeras (comunitarias y extracomunitarias), de las cuales 2072 son personas contratadas (es decir, en puestos subalternos).
¿Qué significan estas cifras? Exactamente que, en las universidades públicas nacionales, la participación de la población extranjera que logra acceder como personal docente e investigador representa apenas el 2,4 % del total del profesorado, muy por debajo de la presencia real de personas extranjeras en la sociedad española (que oscila, según períodos y comunidades, entre el 10 % y el 15% del total poblacional). Si introducimos la distinción entre extranjeros comunitarios y no comunitarios la brecha se ensancha mucho más: de esos 2475 puestos, 1727 son ocupados por profesorado de otros países comunitarios (es decir, de cada 10 personas extranjeras que participan en la universidad pública, 7 son comunitarias) [2].
Dicho de otro modo: solo 748 personas son personal docente e investigador procedentes del resto del mundo (en términos porcentuales, el 0,7 % del total del profesorado). Tal como lee: América, Oceanía, Asia, África y el resto de Europa (la no comunitaria) apenas contabilizan algunos centenares de profesionales de la educación en el sistema universitario nacional. No obstante disponer de niveles educativos próximos a los de la población nacional (3), la amplia mayoría de la población extranjera está inhabilitada como sujeto pedagógico e investigador. Considerando las características multiculturales de la sociedad española, si ya es bajísima la participación del profesorado extranjero en la universidad, en cuanto se toma en cuenta la variable de ser “extracomunitario”, todos los fenómenos de exclusión e infrarrepresentación se disparan, construyendo un auténtico muro institucional para profesionales de la educación superior que han decidido migrar o no han tenido más remedio que desplazarse. La mentada «internacionalización universitaria», tal como se plantea en la práctica, no parece contemplar la modificación de las plantillas laborales a efectos de diversificarlas en términos culturales. El profesorado diverso es claramente marginal en el sistema universitario y no hay ningún movimiento ministerial que haga pensar que esta desigualdad se esté poniendo en cuestión.
La conclusión es evidente: la universidad pública española sigue sin replantearse sus pautas de contratación laboral. Con ello, no solo vulnera la igualdad de oportunidades en espacios académicos donde debe primar la excelencia intelectual sino que confirma su dinámica estructuralmente discriminatoria así como el carácter radicalmente endogámico de sus políticas de personal. De hecho, la endogamia universitaria llega a tal punto que el 72, 94 % del profesorado es docente en la misma universidad en la que ha leído su tesis y se incrementa hasta el 87,04 % si se tiene en cuenta no ya la propia universidad sino la misma comunidad autónoma (4). La acusación de «provincianismo» académico, a la luz de estos datos, está más que justificada.
Puede que, en efecto, si usted ha sido estudiante hace unas décadas nada de esto le resulte sorprendente. Sin embargo, que en pleno siglo XXI se reproduzca esta lógica localista y discriminatoria no deja de ser problemático y más todavía en un ámbito institucional que, históricamente, ha estado ligado a la promesa de cierta movilidad social. En cualquier caso, la manifiesta desigualdad entre profesorado nativo y extranjero constituye una muestra de la brecha de derechos que persiste incluso en el ámbito educativo.
En varios sentidos del término, el «enclaustramiento» de las universidades públicas tiene consecuencias perjudiciales evidentes: además de construir el espacio académico de enseñanza e investigación como un privilegio exclusivo para elites nacionales (reforzando la desigualdad entre ciudadanía de primera y de segunda clase), bloquea la renovación curricular acorde a itinerarios pedagógicos e investigativos diversos. La resultante no solo es una academia desactualizada sino, también, la desactivación de un debate crítico que vaya más allá de las agendas locales o nacionales y apueste por un modelo de producción de conocimiento que incluya teorías, métodos y prácticas marcados por la pluralidad cultural y cognitiva.
Aunque el debate en torno a la «calidad educativa» del sistema universitario español no es nuevo ni se reduce al grado de apertura de dicho sistema al exterior, conviene preguntarse qué están haciendo las autoridades universitarias para subsanar estas graves falencias institucionales en materia de diversidad cultural, reconocible ante todo como presencia de una pluralidad de sujetos de conocimiento. Se trata, ante todo, de una exigencia de justicia cognitiva, relativa al derecho a la participación y, en particular, al acceso laboral igualitario a las instituciones educativas públicas. En eso consiste, en una de sus dimensiones fundamentales, la democracia.
Notas:
(3) Cf. Iglesias, Juan; Rua, Antonio y Ares, Alberto (2020): Un arraigo sobre el alambre. La integración social de la población de origen inmigrante en España, versión electrónica en https://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/INFORME_ARRAIGO_SOBRE_EL_ALAMBRE.pdf, pp.61-63. Aunque se estima que el 23% de la población extranjera cuenta con estudios superiores, la cifra total de personas extranjeras que han homologado sus estudios universitarios no es públicamente accesible.
Arturo Borra. DIÁSPORAS, Centro de Investigación Migrante para la Interculturalidad.
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