El estado buldózer

Baltasar Garzón conoce bien las tripas del Estado. Además de haber estado en un gobierno de Felipe González, ha ejercido largo tiempo en la Audiencia Nacional como jefe del juzgado de instrucción 5º. Ha estado al servicio de los intereses del Estado, cuando investigó el asunto de los GAL, cuando puso en marcha el sumario 18/98, cuando lo mantuvo congelado mientras duró el alto el fuego de 1998, cuando posteriormente lo reemprendió, cuando ordenó la suspensión de la actividad de Batasuna, o cuando a principios de 2007 se mostró contrario a la suspensión de la actividad de ANV y cuando un año después la ordenó. Para poder realizar desde el frente judicial ese trabajo por el Estado siempre ha estimado el acuerdo entre el PP y el PSOE. En verano agradeció que se estuviera en camino de recuperar el acuerdo entre los dos principales partidos españoles e hizo notar la capacidad del Estado: «cuando actúa coordinada, la máquina del Estado es irresistible». En eso están en los últimos tiempos las autoridades estatales, de la mano del renovado acuerdo entre PSOE y PP. Ése es el contexto de las sentencias de los últimos días. La prohibición de la Ley de consulta, la ilegalización de ANV y EHAK y las condenas impuestas a los miembros del Movimiento por la Amnistía (de consuno con la ilegalización de las Gestoras Proamnistía) son eslabones de una misma cadena, pasos unificados de un Estado que quiere difundir una imagen de poder. Por eso se le ve más la cara de buldózer. Dispuesto a derrumbar cualquier cosa que pueda hacer frente a la soberanía única española.

Las máquinas del Estado se sienten fuertes, no sólo porque han recuperado el acuerdo estratégico entre ambos partidos, sino también porque intuyen débiles a los agentes vascos. La jugada tiene dos lados. Por uno, está buscando dejar fuera de la ley y de juego a la izquierda abertzale. A ver si quitándole el espacio político se rinde. Lo ha dicho el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, al hilo de la ilegalización de ANV: «ETA no podrá hacer política de ahora en adelante». ¿Prefiere el ministro que haga atentados que política? Para España el problema principal no son los medios, sino que el País Vasco quiera ser sujeto político, como ha quedado claro en la sentencia del Tribunal Constitucional. Por el otro, el Estado le ha hecho una oferta envenenada al abertzalismo institucional ─y especialmente al PNV─: sacar provecho electoral de la ilegalización de la izquierda abertzale, y le ha dado la oportunidad de participar en la gestión del dinero del Estado (está por ver en qué medida, si con transferencias o sin ellas). Mientras le abre esta puerta le cierra la otra, el camino del derecho, diciendo, mediante un auténtico portazo, que el cambio de las relaciones con España depende exclusivamente de las Cortes españolas y del «pueblo español». Sabiendo que los hechos serían así, es sorprendente que no hayan presentado alternativas sólidas. La iniciativa de acudir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo se ha enfriado en pocos días, al parecer por dudas jurídicas. La foto que se hicieron PNV, EA, EB-IU y Aralar no ha tenido continuidad, por ejemplo, en el momento de presentar un comunicado unitario para obtener la adhesión ciudadana. En ese comunicado los cuatro partidos no han confirmado que vayan a interponer denuncia contra España en el Tribunal de Estrasburgo y no han aclarado qué otras iniciativas tienen previstas. Acaso tengan iniciativas en su agenda, pero están dando inopinadamente la imagen de no tener norte político.