«El Estado colombiano debe desmontar las estructuras paramilitares que atentan contra la democracia»

– Irse de su país nunca fue sencillo para nadie. Cuéntenos, ¿cómo fue su etapa del exilio en Canadá ?

– Yo llegué el 25 de marzo de 2002, después de una espera de 8 meses por los tramites para obtener el estatuto de refugiado. Aunque la provincia de Quebec ya me había aceptado con anterioridad como refugiado, el gobierno de Canadá seguía insistiendo en que debía presentarles pruebas sobre quienes me amenazaban, en este caso los paramilitares, de que ellos me estaban amenazando. Algo así como que le solicitara una certificación a Carlos Castaño o al «Bloque Norte» de los paramilitares de que las amenazas venían por parte de ellos.

Después del asesinato de mi padre continuaron con la negativa, y siete meses después me dieron la residencia y viajé con mi madre, hija y hermana. No conocíamos los idiomas ni teníamos dinero ni ayuda, y pensábamos que nos ayudarían por ser refugiados. Pero no llegó la ayuda por motivos que aún desconozco. Con el tiempo me di cuenta de que realmente ser refugiado en Canadá no era más que un formalismo internacional, pero yo lo veo como una buena forma fácil y rápida de obtener mano de obra barata y en la mayoría de los casos cualificada…

– ¿En qué condiciones diría que están los exiliados/as políticos en ese país?

– En algunos casos se muestra que ayudan a los Sirios o en el conflicto libanés. La ayuda llega con facilidad para muchas cosas, pero son conflictos de mucha más trascendencia, participación e interés para el Canadá. Aun así, al final la historia es la misma mano de obra barata, dificultad de integración, discriminación y racismo entre otras.

Claro que cabe resaltar las nuevas posibilidades que ofrece el país de acogida, pero sigo creyendo que se resumen a cuestiones económicas. De hecho, cuando uno es refugiado o residente permanente, se dice en el «bouche oreille» que lo mejor es no meterse en cuestiones políticas, porque puede ocasionar problemas a la hora de ser ciudadano.

– Y según usted, eso ¿es cierto o exagerado?

– Es verdad que en muchos casos, la adaptación y otros menesteres absorben la mayoría del tiempo y muchos terminan olvidando o dejando de lado la militancia. Además, contribuye a ello el hecho de que los espacios estén liderados en su mayorìa por los grupos y organizaciones de canadienses ya establecidos.

Durante su gobierno, Alvaro Uribe emitió una comunicación al gobierno canadiense en la que se decía que Colombia no era un país en conflicto. Y que no era necesario un programa de refugio. Lo que contribuyó al programa de migración económica y cualificada y los apadrinamientos familiares.

-Usted ocupó un cargo de responsable dentro del movimiento estudiantil en la Universidad del Atlántico. ¿Puede explicarnos cuál era el ambiente en la facultad y qué reivindicaciones tenían ?

– Yo fui estudiante de Biología en la Facultad de Ciencias. Era un programa y una facultad que en aquel entonces no contaba con promociones de graduados. O sea con ex-alumnos. Y era la curiosidad de mis compañeros y amigos la que nos impulsaba a liderar procesos académicos y de investigación por los ecosistemas del departamento del Atlántico y de la región caribe colombiana.

Pero a las directivas de la universidad no les interesaban esas propuestas. Se inclinaban más bien por la construcción de instalaciones. Entonces, para hacer visible la facultad y los proyectos académicos que teníamos, nos propusimos participar en los procesos de co-gobierno de la universidad como representantes estudiantiles de la Facultad de Ciencias Básicas.

Debido a la crisis administrativa, la corrupción y al debate amañado de las distintas fuerzas, las elecciones fueron interrumpidas o no se realizaron en varias oportunidades. Esas acciones y la suma del aumento de la presencia paramilitar, las acciones del DAS y las doctrinas de privatización de la educación pública dieron como resultado uno de los hechos mas nefastos de la educación pública en Colombia. El asesinato de más de 20 personas, entre los cuales se cuentan profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad del Atlántico. Y otras decenas más exiliadas o desplazadas, muchos de los cuales eran amigos y conocidos.

– ¿En qué contexto tuvo lugar aquella incursión paramilitar ?

– Las incursiones paramilitares fueron en aumento durante los gobiernos de Samper, Pastrana y posteriormente se consolidó y se mostraron públicamente durante el gobierno de Alvaro Uribe. Y fue ahí donde los paramilitares tuvieron vía libre para permear y saquear las arcas de hospitales, entidades territoriales y particularmente las universidades públicas de la región caribe colombiana.

Era una región bastante olvidada por el gobierno central y apoderada por mafias clientelistas de la política local. Esos gobiernos lo sabían y se les hacia saber desde distintos puntos de la sociedad. Pero siempre lo negaron o lo ocultaron.

– ¿Quién cree usted qué está detrás de la paramilitarización de la Universidad del Atlántico, y demás universidades de la Región caribe en Colombia?

-La paramilitarización de las universidades públicas es un capitulo en el plan de las privatizaciones de las entidades públicas y de servicios públicos. Las universidades públicas, particularmente las de la región caribe colombiana, fueron afectadas por el clientelismo político. Ese sistema logró permear las universidades a través del organismo de co-gobierno de las universidades públicas, como en el caso del consejo superior. Es un organismo donde se definen politicas, así como inversiones y se toman decisiones que afectan la academia en última instancia.

De modo que el Consejo superior está liderado por el gobernador del departamento, el representante de los gremios, el representante de los estudiantes, el representante de los egresados, el representante de los profesores e incluso el rector y el representante del ministro de educación y presidencia. Todo eso es un organigrama de corrupción y de clientelismo, toda vez que muchos puestos y contrataciones e inversiones se deciden por la aprobación o no de estos representantes, que muchas veces son cooptados por caciques políticos locales.

– Entonces, tras el paramilitarismo ¿existen intereses económicos importantes en juego?

– Si. Según tengo entendido, las universidades manejan un gran presupuesto y en particular la Universidad del Atlántico maneja un presupuesto mayor al que recibe la ciudad de Soledad en el departamento del Atlántico, la cual es la segunda ciudad en importancia del Departamento.

Otro ejemplo, los paramilitares ya habían hecho incursiones en los hospitales para afectar sus presupuestos, por medio del Bloque Norte de las Autodefensas unidas de Colombia «Frente José Pablo Diaz «.

Después de eso, en la Universidad del Atlántico algunos funcionarios colaboraron, a cambio de dinero, con el señalamiento a profesores, estudiantes y trabajadores…los cuales fueron asesinados posteriormente. E incluso se dice que la administración incurría en hechos de corrupción, que facilitaron la incursión de los paramilitares y de la policía, la policía secreta -DAS- , al igual que otros organismos de seguridad del Estado.

La incursión del Bloque y de los jefes paramilitares que operaban en la región caribe fueron favorecidos por el olvido del gobierno central, por el clientelismo y la corrupción política local. De hecho, la gran mayoría de políticos que han incursado en la «para-politica» eran de la región caribe.

– En las últimas semanas usted ha estado por la Ciudad de Barranquilla. ¿Puede explicarnos cómo está la situación social allá?

– Pues la ciudad de Barranquilla es la ciudad económicamente hablando más importante de la región caribe. Ademas es donde confluyen el mar y la desembocadura del río Magdalena, el río navegable más importante de Colombia. Este punto geoestratégico importante, además de contribuir a afianzar las mafias políticas locales, ha permitido la entrada de empresas extranjeras. Tanto, que hoy día a Barranquilla se le llama «la capital del TLC (Tratado de Libre Comercio)».

Las empresas Electricaribe y Aguas de Barcelona, más conocida como la triple A (AAA – Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla) están dentro de las más controvertidas. La Triple A, por sus suspensiones constantes de servicio. Pero además, por su precario servicio en materia de recogimiento y tratamiento de las basuras.En cuanto a Electricaribe, destaca por sus constantes fallas al servicio. Pero por encima de todo, por los altos costos y los abusos a los usuarios, además de la falta de verdaderas soluciones a las ineficiencia eléctricas.

-¿ Puede dar ejemplos concretos?

– Si, han habido casos de electrocución, incendios, redes caídas…Los daños a electrodomésticos se cuentan por cientos cada año, pero el gobierno local y nacional no se percatan de la situación. Sólo se presentó en el 2016 una mofa de intervención estatal, pero no se dio ninguna solución a la población. Esta claro qué intereses politico-economicos hay en juego, y éstos se han visto ayudados con el sistema mediático que oculta la información.

– ¿La población se organiza para defender sus derechos?

– Si, frente a esta situación las comunidades se han manifestado en protestas en las calles, bloqueos de vías, incendios de llantas o ataques a los servicios de transporte. En algunos casos, incluso incurren en acciones contra el servicio eléctrico para poder disminuir sus facturas de pago. Porque Electricaribe, a pesar de que en muchos casos no presta el servicio…de igual forma lo cobra.

Yo puedo darle incluso un ejemplo personal. Llegué a Barranquilla, a la casa de un amigo, que había estado abandonada por arreglos a los servicios de alcantarillado y agua. Pero ya nadie vivía en el lugar, no se consumía ni un solo watts de luz. Pero aun así, Electricaribe estaba cobrando unos 50 euros por el servicio no prestado. Por lo que redacté un derecho de petición, y después de dos meses y de varias llamadas y quejas, finalmente Electricaribe hizo la corrección. Todo esto es el resultado de la privatización del servicio público de energía.

– Estamos oficialmente en medio de un proceso de Implementación de los Acuerdos de Paz. A partir de su experiencia personal ¿qué propuestas plantea para la construcción de una cultura de la Paz ?

– Como exiliado y retornado, he planteado algunas propuestas en los espacios donde he podido participar. Han sido, por ejemplo, que se desmonte el escuadrón antidisturbios de la Policía – ESMAD. Es un grupo represivo, que en cada una de sus intervenciones viola los derechos humanos representados en la libertad de protesta, la libertad de expresión, de movilización e incluso atenta contra la vida y la integridad física de los ciudadanos.

Estos hechos están documentados en los medios y por los líderes sociales campesinos y grupos indigenas. De igual manera, exijo que el Estado luche por que se desmonten las estructuras paramilitares que atentan contra la normalización política y la justicia social, es decir contra la democracia.

Así mismo propongo que se aumente el salario mínimo de 700 mil pesos a un millón cien mil pesos. Es bien sabido de los escándalos de corrupción que se han destapado en los últimos meses. Reficar, los Nule y las carreteras en Bogotá, así mismo Odebrecht y la Ruta del Sol, donde los colombianos han visto como las mafias políticas despilfarran el dinero del Estado y por ende de las inversiones sociales y económicas.

De igual forma, la clase trabajadora ve como se disputan entre el gobierno y los empresarios por el aumento de unos cuantos porcentajes en el salario mínimo. Sin embargo, el incremento no ha pasado en los últimos años de 20 o 30 euros mensuales, con la excusa de que no hay dinero, o que un mayor aumento del salario afectaría a la economía. Todo esto sucede mientras se roban descaradamente millones de euros hasta ahora, en total impunidad.

Otra de las otras propuestas es la inclusión de los líderes sociales, los refugiados y exiliados en la implementación de los acuerdos. Es importante que se llegue a las regiones, pero no deberían acaparar el protagonismo los candidatos que ya encendieron sus maquinarias políticas con miras a las próximas elecciones. En lugar de eso, deberían ser protagonistas las comunidades, en particular las más afectadas. Pareciera que los acuerdos se negocian, se discuten y se trabajan en Bogotá…y luego se exportan e imponen a las regiones.

– Lamentablemente, incluso en este contexto la represión de los líderes sociales y comunidades sigue ocasionando una larga lista de víctimas…De modo que hay un trecho entre la idea de construir un proceso de Reconciliación -tal y como se ha planteado en discursos oficiales – y esa realidad terrible que se perpetúa. ¿Qué opina al respecto ?

– En relación a la reconciliación, yo particularmente desde mi punto de vista de víctima y exiliado no quisiera reconciliarme con paramilitares ni con el uribismo y mucho menos con esa clase politico-económica dominante que ha saqueado y empobrecido a los colombianos durante más de los 50 años que estuvimos en guerra.

Hay que reconocer que hay dos Colombias y que la una quiere oprimir a la otra. No la hace desaparecer totalmente, porque después ¿quién va a trabajar ? Entonces lo que nos queda al pueblo es tomar el voto y luchar contra la abstinencia y por el poder popular.

– Sin embargo, la reconciliación es una idea que se impone como algo de sentido común…¿Piensa que hayan aspectos que estén quedando relegados a un segundo plano en la opinión pública ?

– Si. En Colombia se habla de reconciliación como si la guerra hubiese sido un conflicto étnico entre dos o más naciones como en Sudáfrica. Pero el problema colombiano no fue étnico, siempre ha sido político y social. Ha sido una lucha contra la desigualdad, contra el saqueo y expoliación de los recursos naturales.

Básicamente es un problema de justicia social, y frente a eso la única reconciliación verdadera es el aumento de los salarios a la clase trabajadora, la educación pública y gratuita garantizada, y los servicios de salud óptimos y universales.

– Los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC-EP posibilita, tras el abandono de la insurgencia, la emergencia de un nuevo partido político. Sin embargo, el no del referéndum ha planteado incertidumbres sobre la evolución del proceso de paz. ¿Qué influencia tienen en el debate político los sectores económicos contrarios al proceso ?

– Los sectores económicos no tienen Dios ni patria. Es el capitalismo, y no están casados con ningún partido o adoctrinamiento. A ellos solo les interesan las ganancias. Poca inversión y muchas ganancias, bien lo dijo en estos días un representante de las empresas españolas: «no invertimos pero sí que sacamos muchas ganancias «.

Si bien es cierto que los sectores económicos influyentes invertirán en las campañas contrarias al proceso de paz, pienso que si el partido de las FARC llega al poder, muy seguramente esos sectores económicos comenzarán a acercarse a la nueva fuerza política.

– Teniendo en cuenta la posición defendida por Uribe en el referéndum, ¿cree que Santos haya logrado de manera definitiva abrir un nuevo capitulo de su familia política respecto a los gobiernos precedentes? O por el contrario, ¿podría verse obligado a hacer nuevas concesiones ?

– No, Juan Manuel Santos no se ha separado de su familia política. Ha podido mantenerse con éxito en sus programas de gobierno gracias al sinfin de concesiones y de mermelada que ha repartido. La cuestión con Alvaro Uribe no ha sido más que una disputa ideológica, de un sector al cual Santos nunca perteneció, y solo lo utilizó para su trabajo político. Y es que Alvaro Uribe forma parte de la lumpen-burguesia que salió a flote y logró calar en el imaginario colectivo desde Pablo Escobar hasta los paramilitares.

Pero Juan Manuel Santos es parte de la familia Santos que ha vivido de la política y de los recursos del Estado colombiano durante décadas. Para Santos, resulta difícil no hacer concesiones, teniendo en cuenta que la mayoría de los políticos aliados y que hoy representan a los colombianos están comprometidos -ellos o sus familias, directas o indirectas- en algún tipo de situación ilegal. Así que para poder sacar sus proyectos de paz, viviendas, educación etc., tiene que hacer concesiones.

– La creación de una nueva formación política con un programa de transformaciones sociales, tiene como condición la normalización del debate político, así como el acceso a los medios. ¿Qué opciones ve para el desarrollo de un cambio de relación de fuerzas y hegemonía a favor de la izquierda ?

– La creación y fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios es importante por la democratización de los medios de comunicación y la participación de nuevos actores y formas de la comunicación social.

Pero más allá de la creación de nuevos canales de televisión y nuevas emisoras, es la regulación de cómo se cuentan las noticias, de cómo se transmite al público. Porque los medios de comunicación tradicionales y hegemónicos parecieran no hacer uso de la libertad de expresión. Lo que a mi parecer hacen diariamente y durante décadas, en total impunidad, es incitar a la violencia política, al odio. Incitan prácticamente al genocidio, y en el conflicto han sido, quizás, uno de los grandes responsables del recrudecimiento de la guerra.

– La desmovilización de la insurgencia se produce sin que haya disminuido de manera significativa la presencia del paramilitarismo, los asesinatos de líderes sociales y el hostigamiento en comunidades como la de Catatumbo. ¿Qué recomendaciones sugiere para la prevención de la violencia en las diferentes regiones expuestas al paramilitarismo ?

– La veeduría internacional es importante. Además, el desarrollo e implementación de los acuerdos debe realizarse en las regiones y fortalecer los programas sociales. Particularmente en las fronteras, donde el problema del paramilitarismo esta profundamente ligado a la cuestión del tráfico de drogas ilícitas y a la situación fronteriza de informalidad en vías terciarias en mal estado. Es preciso una pronta y real presencia del Estado.

El gobierno de Santos y los gobiernos locales deben comprometerse en un plan de inversión conjunta y de aumento de la presencia del Estado y de un acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la implementación de los acuerdos los primeros 2 años.

Además tienen que definir la situación frente al fortalecimiento del EPL y la muerte de alias Megateo. Hay que ver si el gobierno los incluirá dentro de un plan de diálogos hacia la paz, o si por el contrario los atacará y judicilizará como a una banda criminal.

– ¿Existe una forma de coordinación entre los distintos comités de víctimas ?

– Hasta donde he podido observar, los diferentes grupos de víctimas llevan ya varios años trabajando, en algunos casos están articulados y tienen sus propias redes de movilización, información, etc. Algo normal, si se tiene en cuenta que muchos de ellos llevan más de 10 años trabajando.

En algunos casos el trabajo y los intereses políticos van de la mano. Yo veo un poco de alejamiento en los diferentes grupos. Además por la lejanía geográfica, yo creo que los grupos más fuertes por la cercanía a los recursos y al debate político nacional, son los que están arraigados en Bogotá. Mientras que en los de la periferia, el trabajo se afecta y se politiza más.

– Por último, ¿Qué llamado le hace usted a los movimientos sociales y políticos frente a la campaña electoral del 2018?

– Uno de los problemas ha sido la desunión o la concertación frente a un candidato. Hasta ahora Gustavo Petro y su campaña » humana» es uno de los grandes contendientes, pero pareciera más un candidato independiente que quiere imponer un nombre amable y con márketing a lo que él le llama «progresismo», frente a una población colombiana que se masticó y tragó el cuento del «castrochavismo» de la izquierda.

Petro puede ser buen candidato pero no un buen presidente. Está muy reciente su alcaldía como para ser candidato. Digamos que fue buena su gestión. Pero demonizada hasta el cansancio por los medios. Y eso más que quitarle puntos podría sumarle a grupos como el de Vargas Lleras, muy cercano al uribismo.

Otro actor que se suma es Jorge Robledo, quien al parecer es propenso a una alianza con los verdes. Pero no hará alianza con Petro o con otro grupo de izquierda a menos que haya una segunda vuelta. De todas formas, si no se da una alianza y una consciencia de la construcción de una nueva Colombia por parte de grupos sociales y de izquierda, el candidato de cambio radical se alzará como ganador. Por cierto, este partido es el que se presenta con más políticos investigados y detenidos por corrupción.

Fuente: Le Journal de Notre Amérique n°24.