Muchas actuaciones legislativas del actual Gobierno de España, me parecen antijurídicas, y aunque es interesante el analizar el porqué, en esta ocasión no me refiero a ellas, me quiero referir a la actuación antijurídica que la Subdelegación del Gobierno de Madrid ha cometido, en contra de la manifestación laica convocada el pasado día 17 de […]
Muchas actuaciones legislativas del actual Gobierno de España, me parecen antijurídicas, y aunque es interesante el analizar el porqué, en esta ocasión no me refiero a ellas, me quiero referir a la actuación antijurídica que la Subdelegación del Gobierno de Madrid ha cometido, en contra de la manifestación laica convocada el pasado día 17 de agosto.
La manifestación fue convocada y comunicada a la Subdelegación del Gobierno en tiempo y forma. Ante este hecho que es el único requisito que exige la ley para su convocatoria, la subdelegación del Gobierno tiene dos opciones; o permitir el recorrido de la manifestación o modificarlo, atendiendo a la previsión de posibles alteraciones del orden público. La elección de la Subdelegación del Gobierno finalmente fue la de permitir el recorrido (cosa que me parece lógica), una vez aceptado esto, es función de la Subdelegación del Gobierno garantizar la libre expresión de los convocantes, así como despejar del recorrido a las personas o grupos de personas que puedan provocar una alteración del orden público. Partiendo de la base (e insisto en ello) de que la Subdelegación del Gobierno tiene que proteger de cualquier altercado a la manifestación convocada, así como a su libre expresión. Es decir, que si había grupos de peregrinos en el recorrido que pudieran provocar enfrentamientos con los manifestantes los tenía que haber desocupado. Pues por las noticias que tengo eso es lo que ha ocurrido, que grupos de «peregrinos» ocupan el espacio físico por donde tenía que transcurrir la manifestación, sin que fueran despejados de esos espacios por parte de las fuerzas de orden público, y ello provoco unos enfrentamientos que terminaron con la carga policial, incluso contra periodistas, contra los manifestantes laicos. ¿A quién se le puede ocurrir que la policía reciba orden de despejar a los «peregrinos»?. Y mucho menos que cargaran contra ellos en el caso de no desocuparan los espacios físicos por donde transcurría la manifestación.
Sin embargo, informativamente se le da la vuelta al asunto, y presentan a los laicos como una pandilla de incontrolados que ofenden la espiritualidad de los pobres «peregrinos» y que la policía que es muy eficaz pegando palos ha resuelto el asunto. Esto ante los ojos del mundo debería de probar una vez más que en España no existe estado aconfesional, no existe libertad de expresión, existe libertad para los que siempre la han tenido, y no existe igualdad de trato de los ciudadanos por parte de los poderes públicos.
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