Terminó la crisis económica que sufrimos en 2008; terminó, pero no se vieron ni los brotes verdes ni luz en el túnel ni al final. Ahora con la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 todo lo ha empeorado y nada será igual.
Y lo peor es que el neoliberalismo que siempre está al acecho juega sus bazas, pretendiendo seguir en cabeza con su estilo totalitario, acechando a las instituciones democráticas y desactivando el modelo económico y social del estado de bienestar. Nos queda una descripción en la Constitución, que los autollamados constitucionalistas se encargan de enmendar.
España en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político (Art.1.1 de la CE). Este Estado social, lo hemos identificado como estado de bienestar, alejado de la acción benéfico-asistencial, relacionado con derechos: pensiones, sanidad, subsidio al desempleo, junto a los servicios sociales, el derecho a la educación, la cultura y otros servicios públicos, sustentado todo sobre el principio de universalización, siendo beneficiarios solidariamente el conjunto de la ciudadanía. Este modelo de bienestar social, ha sido sello de identidad de las democracias europeas más avanzadas. En España, en los últimos años, se ha ido elaborando el modelo con esfuerzo y no menos entusiasmo, sin haber podido llegar a su desarrollo pleno.
Que es el bienestar: todo aquello que permita que vivamos mejor, con la menor angustia posible ante las incertidumbres y más tranquilos de cara al futuro, que nos permita sobrellevar la existencia sufriendo las menores calamidades posibles. La vida, por si misma, es dura, más, para los que solo tenemos como patrimonio la fuerza de nuestro trabajo y algunos ya ni eso. La felicidad absoluta es difícil de conseguir, pero no tanto ponernos en su camino. Mientras llega el desenlace definitivo, sobrevivir, con dignidad, con la mejor calidad de vida posible, tiene que ser un objetivo irrenunciable. Una sociedad justa y solidaria debe propiciarlo.
Este modelo que la Constitución establece, pretendía el bienestar a través de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. El artículo 53.3 dice: «El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero, informará la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos y sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen». Son derechos, pero sin protección constitucional, como sí están protegidos los derechos y libertades del Capítulo segundo Derechos y libertades, que vinculan a todos los poderes públicos (Sección 1ª. De los derechos fundamentales y libertades públicas y Sección 2ª. De los derechos y deberes).
Todo quedó sometido a la economía capitalista tras la reforma del artículo 135 llevada a cabo por el gobierno de Rodríguez Zapatero con el apoyo del PP en 2011. Con la reforma, la mayoría de los derechos sociales quedaron subordinados al principio de estabilidad presupuestaria, limitación del déficit público y de la capacidad de endeudamiento de las distintas administraciones públicas; dando prioridad absoluta al pago de la deuda y sus intereses, frente a cualquier otro tipo de gasto social que el Estado quisiera realizar.
Las causas y razones de las crisis económicas son consustanciales con el sistema capitalista y por los errores políticos, avalados por la teoría ideológica de quienes las generan. Vivimos el ataque del capitalismo de casino, contra el bienestar de quienes solo tenemos nuestra fuerza de trabajo. Los partidarios del mercado siempre culpan al Estado y su intervención para equilibrar desajustes. No es que fallen los mecanismos, es que el mercado, utiliza las crisis para desmantelar estructuras, deslocalizando producciones y mejorando su posición global. Quienes provocan las crisis, son los mismos que las gestionan para su propio beneficio.
El objetivo del sistema capitalista es ganar dinero, por lo que fabrica y vende cuanto más mejor. Crece más la capacidad de producir que la de consumir y es aquí cuando aparece el sistema financiero: concede créditos al consumo, provocando el endeudamiento del sector privado (familias y empresas). Si la deuda crece de forma desproporcionada algunos precios suben, como el de la vivienda que resultó inflado, creando la burbuja inmobiliaria especulativa. Cuando la distancia entre la capacidad de compra y capacidad de pago aumenta, el riesgo de impago sobrepasa los límites y estalla la burbuja y aparece la crisis. En España, tras negar la existencia de la crisis, las soluciones se abordaron tarde y mal y los gobiernos, al dictado del neoliberalismo, intervinieron para salvar en exclusiva al sistema financiero, con rescates y ayudas, sumiendo al pueblo llano en una cada vez más cierta indigencia.
Cada día hay más gente que vive en la pobreza, pese a tener un trabajo y un sueldo. La crisis ha propiciado que aumente el índice de la pobreza laboral, aquella en la que el sueldo no impide al trabajador dejar de estar bajo el umbral de la pobreza. España es uno de los países europeos con mayor desigualdad económica y el peor de la Eurozona. Más pobreza y menos bienestar, nos llevan a peor calidad de vida y más infelicidad.
La crisis es un golpe de Estado que distribuye la riqueza hacia arriba, según David Harvey en su Breve historia del neoliberalismo. Por su parte Josep Ramoneda, en La izquierda necesaria, dice que el economicismo se ha convertido en la ideología de nuestro tiempo. Lo cierto es que el neoliberalismo ha llegado con la pretensión de quedarse, con estilo autoritario, desactivando a las instituciones democráticas y eliminando el bienestar que estábamos construyendo con lucha y esfuerzo.
La universalización de los derechos sociales como las pensiones por jubilación, dependencia, desempleo, sanidad o educación, que caracterizan a un Estado social se reforma con el ánimo de que desaparece. El Gobierno, que tiene la obligación de desarrollar políticas redistributivas activas justas y equilibradas, que garanticen, de forma real y efectiva, la libertad, la justicia y la igualdad, no hace todo lo que debería y quienes sindical y políticamente deberían defenderlo parece que tampoco lo suficiente.
La crisis económica sigue su camino, para la creación de un nuevo modelo. Nunca volverá a ser nada como antes; mientras, la destrucción de lo público. Destrucción de empleos, sin crear nuevos. Abandono a su suerte a jóvenes y mujeres, sin atender debidamente a niños, enfermos, ancianos o inmigrantes. Es tanta la destrucción y tanto el daño que están haciendo, que será difícil que todo vuelva a ser como antes.
Para la derecha, la crisis es una buena excusa para eliminar los derechos de todos, y proteger los intereses de algunos, ya lo vemos en Madrid. Disfrutan con hacer daño a los que sufren miseria. Es su particular vendetta contra los humildes. Habrá que dar la vuelta a la tortilla.
Juegan con nuestro hartazgo y nuestros temores. Ni la economía en general ni el mercado laboral en particular, muestran signos de mejora. Quienes provocaron la crisis −los poderosos−, y quienes la gestionan −sus sicarios en los gobierno−, siguen argumentando que para salir de la crisis, se requiere reducir salarios, reducir prestaciones sociales, más recortes en el gasto social y una minoración de los sistemas fiscales para los más ricos . Pretenden la menor presencia de la actuación de los poderes públicos: reducir el Estado (que somos todos). Lo quieren todo y para ellos.
No he querido referirme a las consecuencias de la crisis sanitaria, que está por ver, pero sufriremos sus consecuencias, por mucho que dijeran desde el Gobierno que nadie se quedaría atrás. El bienestar está en peligro. Los más perjudicados somos los que menos tenemos. Debemos demandar y proteger unos servicios públicos de calidad para todos, que respondan con eficacia a las necesidades de la gente; y como el sistema político actual lo impide, habrá que cambiarlo.
@caval100