Aunque hay un contrato vigente de arrendamiento, la Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento, está presionando a las viudas que viven en la barriada de Astilleros para que abandonen sus casas. «Si hay dinero, no hay escrúpulos». Esta es una de las frases que pueden leerse en el blog de la Plataforma de defensa […]
Aunque hay un contrato vigente de arrendamiento, la Autoridad Portuaria, dependiente del Ministerio de Fomento, está presionando a las viudas que viven en la barriada de Astilleros para que abandonen sus casas.
«Si hay dinero, no hay escrúpulos». Esta es una de las frases que pueden leerse en el blog de la Plataforma de defensa de la barriada Astilleros. La creación de este blog es una de las muchas manifestaciones de protesta que llevan realizando las familias residentes en esta barriada desde que el pasado diciembre les notificaran la orden de desahucio de sus viviendas por parte de la Autoridad Portuaria de Sevilla.
Esta orden anunciaba «la obligación de desalojo de los ocupantes de las viviendas», debido a la extinción de la concesión administrativa que tenía Astilleros Españoles S.A. sobre los terrenos en los que se encuentran dichas viviendas. Con «ocupantes», la notificación se refiere a las familias de los trabajadores de Astilleros, que llevan más de 50 años habitando este barrio y que en la actualidad son, en su mayoría, personas que rondan los 90 años, viudas de los trabajadores del astillero.
Tras la disolución de esta empresa, la Autoridad Portuaria de Sevilla, dependiente del Ministerio de Fomento, procedió a notificar la resolución de la extinción de la concesión de los terrenos en los que se encuentra la barriada a Astilleros Españoles S.A. Por tanto, los terrenos que Astilleros administraba, y que alquilaba a sus trabajadores, pasaron de nuevo a ser gestionados por la Autoridad Portuaria de Sevilla. Como consecuencia, la Autoridad Portuaria se hizo cargo y decidió el desalojo tanto de los materiales e infraestructuras pertenecientes a Astilleros, como de las viviendas de las familias de los trabajadores.
Con contrato vigente
En el caso de las viviendas, existe un contrato de arrendamiento que aún sigue vigente, puesto que las familias siguen pagando su alquiler de renta antigua todos los meses. Sin embargo, se les insta a partir de esta resolución a abandonar la Barriada. La Autoridad Portuaria les ha ofrecido 60.000 euros, cifra que resulta a todas luces insuficiente a la hora de poder adquirir una vivienda.
La resolución ha dado lugar a toda una estrategia de intimidación al vecindario. Ante esto, la Plataforma de Defensa de Viudas de Astilleros de Sevilla apoya la permanencia en la barriada de las pocas familias que aún resisten el acoso. Han presentado una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción de Sevilla contra el director de la Autoridad Portuaria de Sevilla y contra el actual liquidador de Astilleros. Se les acusa de delitos de coacciones y ataque contra la integridad moral, pero también contra la propia salud del vecindario de la barriada, ya que las labores de «limpieza» de los restos de las infraestructuras de Astilleros incluyen la manipulación de placas de uralita, un trabajo que debe realizarse siempre de acuerdo a las condiciones mínimas de seguridad y salud aplicables por existir riesgo de exposición al amianto.
La Administración como especuladora
Gema Patón, portavoz de la Plataforma, confirma todas estas actuaciones, y resalta el que «en todo momento ha sido un procedimiento hostil», ya que ni Astilleros ni la Autoridad Portuaria se han reunido con las familias ni les han explicado la situación. «Lo que parece que chirría y que es escandaloso es que no entran en un proceso de diálogo, de resolución del problema social, porque es gente que no tiene recursos económicos», corrobora Ángel Monge, jefe del Servicio de la Oficina de Asesoramiento de Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA) del Ayuntamiento de Sevilla.
No es el primer caso de acoso inmobiliario en España y, como en anteriores casos el dueño del inmueble procede a intimidar y coaccionar a inquilinos para conseguir que abandonen sus viviendas, aprovechar los terrenos y continuar con la especulación inmobiliaria. Estas actuaciones las realizan empresas a las que se les llama popularmente con el nombre «asustaviejas», porque el acoso va dirigido, sobre todo, a personas mayores, que viven en casas por las que pagan un alquiler muy bajo.
Sin embargo, la Barriada de Astilleros es un caso diferente. No se trata esta vez de ninguna empresa, sino de la propia Administración Pública. Como dice Gema Patón «en este caso, el asustaviejas es el Estado».
Apoyo del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Sevilla apoya a las familias de la Barriada de Astilleros pero, según Ángel Monge, de la Oficina de Asesoramiento de Inquilinos en Situación de Abuso, el papel del consistorio es «casi de observador, porque no tenemos posibilidad de intervenir». Monge declara que no han recibido ninguna información sobre el proceso de liquidación de Astilleros. Tampoco por parte de la Autoridad Portuaria, a pesar de que el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento por Izquierda Unida, Antonio Rodríguez Torrijo, se reunió con ellos. La Autoridad Portuaria ya ha parado la vía administrativa de la resolución, por lo que las familias tienen dos meses para abandonar definitivamente sus casas. Mientras, siguen resistiendo, y van a solicitar, un juicio civil por lo contencioso administrativo.
Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/El-Estado-es-el-asustaviejas-de.html