El Ministerio del Interior fletó 148 vuelos para repatriar a 3.100 personas inmigrantes en el año 2013, según ha informado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Senado y recoge Europa Press. «En líneas generales se hacen de acuerdo con las normas en materia de derechos humanos. Se cumple estrictamente. España lo hace bien […]
El Ministerio del Interior fletó 148 vuelos para repatriar a 3.100 personas inmigrantes en el año 2013, según ha informado la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, en el Senado y recoge Europa Press. «En líneas generales se hacen de acuerdo con las normas en materia de derechos humanos. Se cumple estrictamente. España lo hace bien y lo hace con rigor», ha afirmado.
En la presentación del informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, Becerril ha destacado que en 2013 un equipo de la Oficina del Defensor del Pueblo viajó a Ecuador y Colombia en un vuelo de repatriación con 56 ciudadanos de origen colombiano y 35 ecuatorianos a bordo. De este único vuelo deduce la Defensora del Pueblo que las Fuerzas de Seguridad que acompañan a los inmigrantes deportados, desde el aeropuerto de origen al de destino, «lo hacen con verdadera profesionalidad».
El informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (el Defensor del Pueblo) señala, según recoge Europa Press, que en este vuelo no se produjeron incidentes, aunque sí se indican algunas «deficiencias», como la falta de reconocimiento médico de todos los repatriados, la ausencia de equipos de reanimación en el avión o la falta de un lugar adecuado para «cachear» a las personas inmigrantes y esperar con ellas al embarque.
Frente a la visión de la Defensora del Pueblo, Sara Verdú, miembro de la Campaña por el cierre de los CIE en Valencia ha afirmado que es «ignominioso» que no sólo se hable de «estricta legalidad», sino también de «cumplimiento de los derechos humanos». Los protocolos policiales de repatriación son «crueles» y «violentos» (permiten por ejemplo embridar y sedar a los deportados), y la falta de transparencia por parte del gobierno sobre estos vuelos es «absoluta». De hecho, la poca información que se nos da es a través de preguntas parlamentarias, que se contestan de manera formal pero sin entrar en contenidos».
La Defensora del Pueblo extrae la conclusión de que en las deportaciones se respetan los derechos humanos a partir del control de un solo vuelo en el que, además, según ha podido saber la Campaña por el Cierre de los CIE, compete al Ministerio del Interior autorizar la supervisión (con 15 días de antelación). De ese modo, la garantía de los controles ofrece serias dudas.
Sara Verdú ha recordado que los «vuelos de la vergüenza» forman parte del ciclo de represión y criminalización de las personas inmigrantes. «Antes de entrar en un CIE, se producen redadas racistas; y antes, hay una maquinaria burocrática que se encarga de mantener a un sector de personas en condiciones de irregularidad; de este modo, podrán ser detenidas, ingresadas en un Centro de Internamiento para Extranjeros y después, en su caso, ser repatriadas». Se trata, por tanto, de un «entramado global».
La activista ha realizado estas declaraciones durante la presentación del libro «Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa» (Ed. Cambalache), en el Centro Social La Tapadera de Benimaclet (Valencia). En el libro se denuncian los vuelos que el estado español fleta para la expulsión de miles de personas migrantes, así como el contrato que las compañías Air Europa (integrada en el grupo Globalia) y Swift Air han suscrito con el Ministerio del Interior para proceder a las expulsiones masivas.
En las prácticas policiales durante los vuelos, explica la miembro de la plataforma por el cierre de los CIE, se dan casos de vejaciones y malos tratos. El 9 de julio de 2007 murió asfixiado Osamuyi Aikpitanyi en un vuelo de repatriación que se dirigía a Nigeria, después que los agentes policiales le amordazaran y sellaran la boca con cinta adhesiva. En 2012 una sentencia resolvía el expediente con una multa de 600 euros a los policías. En junio de 2012 fue también expulsado el ciudadano nigeriano Austin Johnson, quien denunció un «trato brutal» (múltiples hematomas en la cara y contusiones en el pecho, entre otros efectos de los golpes) por parte de la policía durante el vuelo de repatriación. En resumen, «lo que dice la Defensora del Pueblo no tiene nada que ver con lo que las personas con las que hemos contactado, y finalmente han sido deportadas, nos explican».
Por cada cinco personas deportadas, viajan ocho policías en los «vuelos de la vergüenza», insiste Sara Verdú. «El protocolo prevé camillas paralizantes, esposas o sedaciones cuando la actitud de la persona deportada, se dice, así lo recomiende; ¿Quién determina qué es recomendable? Los policías que realizan la escolta, y esto es muy peligroso». Por otra parte, «se están violando los derechos humanos al realizar deportaciones a países en conflicto (donde los repatriados pueden ser víctimas), sin que se les informe de sus derechos ni puedan solicitar asilo».
Además, «hay personas a las que se deporta, pero no a su ciudad de origen, sin dinero y con una pequeña maleta de efectos personales; a ello se añade que, en general, tampoco hay avisos previos (o no se avisa con suficiente antelación) de que van a producirse las deportaciones, con lo que ni siquiera puede establecerse comunicación con las familias». Se han dado casos recientes de inmigrantes naturales de Medellín, deportados a Bogotá, en las circunstancias citadas.
En todo el proceso es importante el rol de las embajadas y consulados del país de origen de la persona expulsada. «Las deportaciones no podrían realizarse si no fuera con la connivencia de estos; embajadas y consulados han de firmar un documento para que pueda producirse la repatriación», explica la activista. Otro aspecto relevante es el cambio en la estrategia de deportación. Actualmente se fletan vuelos específicos para un determinado país, «con lo que el objetivo es llenar un avión; con esa lógica, se emprende la caza de personas no sólo inmigrantes, sino de una nacionalidad concreta».
Otro de los aspectos destacados por la Defensora del Pueblo durante su intervención en el Senado es que el 47,51% de las 9.002 personas inmigrantes que pasaron por un CIE durante 2013, terminaron en libertad. De este modo se demuestra, ha subrayado la portavoz de la Campaña por el cierre de los CIE en Valencia, Ana Fornés, que estos centros «no están para expulsar a los inmigrantes, sino para generar miedo y control». Nos preguntamos cómo se hace la valoración de esos internamientos, por qué se interna a tanta gente que no es expulsable», ha agregado Ana Fornés en declaraciones a Europa Press.
La citada agencia informa que la mayor parte de los vuelos fletados por Interior para deportar inmigrantes en 2013, un total de 89, tuvieron como objetivo la repatriación (vía Ceuta) de ciudadanos marroquíes. Otros 26 vuelos con el mismo fin, en los que se expulsó a 210 personas, emprendieron la vía de Melilla.
El estado español participó en 18 vuelos conjuntos organizados por distintos países de Frontex, en los que se expulsó a 445 personas a destinos como Lagos (Nigeria), Islamabad (Pakistán), Tirana (Albania), Tiflis (Georgia), Quito (Ecuador), Bogotá (Colombia) y Kiev (Ucrania). Asimismo, mediante la Comisaría de Extranjería y Fronteras, Interior fletó 15 vuelos internacionales en solitario, en los que se expulsó a 648 personas inmigrantes con destino a Nigeria, Senegal, Ghana, Mauritania, Colombia, Ecuador y la República Dominicana.
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