La iglesia católica acumula en España, a través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONG, fundaciones, universidades o centros de enseñanza) un enorme poder. Más de 110.000 propiedades en forma, por ejemplo, de lugares de culto, pisos o locales. Posee, según sostiene Europa Laica, el 70% del suelo […]
La iglesia católica acumula en España, a través de sus más de 40.000 instituciones (diócesis, parroquias, órdenes y congregaciones religiosas, asociaciones, ONG, fundaciones, universidades o centros de enseñanza) un enorme poder. Más de 110.000 propiedades en forma, por ejemplo, de lugares de culto, pisos o locales. Posee, según sostiene Europa Laica, el 70% del suelo habitable de Toledo, Ávila, Burgos y Santiago, además de porcentajes menores en otros muchos municipios. Más de 150.000 hectáreas de suelo rural, obras de arte, participaciones en bolsa, depósitos, capital en fundaciones, letras del tesoro…También participa la iglesia católica en el sector financiero, negocios mediáticos y editoriales, entre otros ámbitos.
A estos capítulos se podría agregar el poder ideológico. Y el tratamiento fiscal que recibe del estado. Según las estimaciones de Europa Laica, el estado español (incluidas el conjunto de las comunidades autónomas) financiará a la iglesia católica con cerca de 10.200 millones de euros, entre subvenciones directas y exención de tributos. En términos comparativos, esta cifra representa más del 1% del PIB español, e implica una «cuota» o «dádiva» a la iglesia de unos 18 euros al mes por ciudadano. Los datos proceden del informe «Opacidad y financiación de la iglesia católica», presentado en abril de 2014, y elaborado por el presidente de Europa Laica para el Observatorio del Laicismo y de la Laicidad, Francisco Delgado.
Según el citado estudio, sólo por la vía del IRPF la Conferencia Episcopal recibirá en 2014 la cantidad de 249,2 millones de euros, que sirven para financiar el funcionamiento de la iglesia, campañas de publicidad, eventos y sobre todo para los gastos de culto y clero. Además, a través del impuesto del IRP (por el 0,7% destinado a «fines sociales»), unas 50 organizaciones de la iglesia católica se repartirán aproximadamente 100 millones de euros. Los contribuyentes que en la Declaración de la Renta de 2012 no señalaron la casilla de la iglesia católica fueron el 65%, recuerda el informe.
Se añade en el mismo que la jerarquía católica, en la firma de los Acuerdos Económicos de enero de 1979 entre el estado español y el Vaticano, se comprometió a la autofinanciación. «Han pasado 35 años y la iglesia católica no ha cumplido su compromiso, por lo que el estado estaría obligado a revisar o a no cumplir este Acuerdo». Por el contrario, «se han ido aumentando las partidas destinadas a la financiación de la Conferencia Episcopal, incluso el estado adquirió nuevos compromisos desde 2007».
La iglesia católica se beneficia, además, de exenciones y bonificaciones tributarias que podrían alcanzar los 1.700 millones de euros. Sólo en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (rústico y urbano), las administraciones locales podrían estar dejando de ingresar unos 700 millones de euros (se consideran todos los bienes inmuebles y suelo, sean o no destinados a culto). Además, las donaciones a la iglesia católica, señala el informe de Europa Laica, desgravan un 25% del IRPF (en el caso de personas físicas) y un 35% en el impuesto de sociedades (personas jurídicas), porcentaje que Hacienda devuelve a los donantes y que por tanto deja de ingresar.
En el capítulo educativo, durante el curso 2013-2014, los presupuestos públicos destinan cerca de 610 millones de euros al pago de salarios de unas 19.000 personas que imparten religión católica en centros educativos públicos y privados-concertados. Del mismo modo, el estado y las comunidades autónomas se gastan unos 4.000 millones de euros en financiar a los centros de enseñanza privada concertada, de ideario católico. A estos conceptos cabe agregar el apoyo de los poderes públicos -por ejemplo, con exenciones fiscales- a las universidades católicas y a sus fundaciones. O las donaciones que ayuntamientos y comunidades autónomas hacen a fundaciones, universidades privadas católicas y otras entidades educativas de la iglesia.
¿En qué consiste la actividad «social» de la iglesia? Además de su labor de caridad, se dedica a «hacer proselitismo y propaganda católica, a través de centenares de asociaciones, como Cáritas o Manos Unidas, y los más de 3.000 centros y casas de la caridad, dispensarios, orfanatos, casas de ancianos, centros de dependientes o guarderías». En este apartado, la financiación pública podría superar los 1.800 millones de euros, según el informe de Europa Laica. La conclusión es que las administraciones públicas no se hacen cargo y ceden esta «responsabilidad institucional» (expresión del informe) a organizaciones que en su mayoría son de carácter religioso. A ello se agregan las subvenciones directas y convenios por parte de las consejerías de Sanidad con 57 centros hospitalarios, por cerca de 800 millones de euros anuales.
El estado paga asimismo las nóminas de capellanes en hospitales (más de 800) y en centros penitenciarios (158). El costo puede alcanzar los 50 millones de euros anuales, si se suma el Servicio de asistencia religiosa de las Fuerzas Armadas (110 capellanes), los capellanes de universidades y facultades públicas, o los de algunos cementerios (a cargo de los presupuestos municipales).
Muchas veces resulta extraordinariamente complejo conocer los datos con exactitud. Pero Europa Laica estima que el erario público (incluidas comunidades autónomas y ayuntamientos) podría dedicar unos 600 millones de euros anuales en ayudas directas a la iglesia católica para la reforma y conservación del patrimonio artístico e inmobiliario que figura en sus manos, «acumulado en gran medida de forma ilícita e irregular». También es muy difícil de cuantificar la cesión de suelo público y las donaciones directas e indirectas, por parte de ayuntamientos, a obispados para lugares de cultos, la denominada «obra social» o la enseñanza.
Caso muy singular es el de la Ley Hipotecaria, que, explica el informe, permite a la iglesia católica «apropiarse ilegalmente de patrimonio de dominio público, y que en muchos casos pertenece a la ciudadanía de un municipio; la legislación hipotecaria y su reglamento considera a la iglesia organismo público, y a los obispos diocesanos, funcionarios; esta anomalía jurídica les permite registrar a su nombre templos, cementerios, terrenos, viviendas o plazas, que carecen -aparentemente- de títulos de propiedad conocidos». Estos hechos se producen «con la vergonzosa complicidad de los poderes públicos».
En subvenciones y gastos en eventos religiosos el estado podría gastarse 300 millones de euros. Se incluye (aunque los gastos son muy difíciles de cuantificar) el pago de las facturas (energía, limpieza, mantenimiento o agua) de algunas casas parroquiales e iglesias; los gastos de consistorios en cartelería, anuncios en medios de comunicación sobre eventos religiosos y donaciones a cofradías (semana santa y otros desfiles procesionales, ofrendas florales, romerías, fiestas religiosas, etcétera); costos extra en fuerzas de orden público, bandas de música y servicios de limpieza para todo tipo de eventos religiosos, entre otros muchos. El informe apunta que en estos capítulos el gasto anual por habitante y año en algunos municipios supera los 2 euros; en otros, podría superar los 10 euros. Asimismo, las subvenciones de comunidades autónomas y ayuntamientos a asociaciones vinculadas a la iglesia católica, «en algunos casos muy radicales e integristas», podrían elevarse a varias decenas de millones de euros anuales.
Por otra parte, Europa Laica ha presentado recientemente la Carta Europea por la laicidad y la libertad de conciencia. En el documento se señala que la «laicidad» se asienta sobre tres principios medulares: la libertad de conciencia, la igualdad de derechos sin privilegios ni discriminación, y la universalidad de las políticas públicas. Ello implica la distinción clara entre los ámbitos público y privado, además de la estricta separación entre la política, y las religiones u otros particularismos, establece la Carta. Sin embargo, «en el conjunto europeo se percibe una situación acelerada de pérdida de derechos y libertades cívicas en casi todos los campos».
Así, añade el documento, «ideologías como las religiosas y las neoliberales imponen sus formas excluyentes de entender el mundo, las relaciones interpersonales, su moral y dogmas particulares, y sus políticas sociales desiguales al conjunto de la ciudadanía». En concreto, la Carta Europea por la Laicidad y la Libertad de Conciencia se centra en 11 puntos: Libertad de Conciencia; ninguna prohibición por cuestiones dogmáticas; la independencia de los estados respecto a las iglesias y las religiones; los derechos de las mujeres; los derechos de la infancia y la adolescencia; educación pública y laica en Europa; derechos de los migrantes; respeto mutuo e identidad de derechos y deberes; solidaridad entre los pueblos; libre difusión y propagación de los valores laicistas; y la laicidad, como garantía de una Europa de paz civil y de armonía.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.