El Rey Felipe VI, así como su padre el Rey emérito Juan Carlos I, son sucesores por línea directa de uno de los mayores asesinos de la historia reciente: el general Francisco Franco.
De no haber instigado los militares facciosos el golpe de 1936, que ocasionó la guerra y la dictadura, es evidente que ambos no serian reyes ni se habría consolidado una dinastía borbónica de raíz nacionalcatólica y fascista. La base de su apoyatura jurídica son las leyes de sucesión franquistas.
De ahí la lucha encarnizada de los partidos monárquicos -cuya máxima expresión es la ultraderecha representada por Vox, pero también parte del PP y de algunos viejos dinosaurios del PSOE- oponiéndose frontalmente a toda crítica efectiva contra la dictadura.
Con ello tratan de impedir, por todos los medios a su alcance, que dicha crítica llegue a tener consecuencias legales que acaben de una vez por todas con el manto de impunidad que blinda los crímenes de Franco y enaltecimiento de su persona.
La monarquía española sigue jurídicamente vinculada al franquismo; también a la peligrosa influencia de la ultraderecha en el ejército, su principal baluarte. Esta amenaza ha sido probada de forma irrefutable por nuestro compañero Luis Gonzalo Segura, en su imprescindible libro “El Ejército de VOX”.
Es ineludible la derogación de las citadas leyes de sucesión, al igual que la falsa Ley de Amnistía de 1977. De este modo la soberanía popular dejaría de estar secuestrada por una institución impuesta por poderes ajenos al pueblo y, por tanto, recaería de inmediato en el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía popular.
El Presidente, o Presidenta, habría de asumir interinamente el cargo de Jefe del Estado, en tanto no se hubiese redactado una Constitución plenamente democrática. El paso inmediato habría de ser la convocatoria de un referéndum que diese paso a un proceso constituyente en libertad, redactándose una nueva Constitución, de carácter federal o confederal, más acorde con la realidad plurinacional del Estado español.
El poder judicial no es un poder constituyente, pues todos los poderes del Estado, en un sistema auténticamente democrático, emanan del pueblo.
No es objeto de este modesto artículo profundizar en el análisis de como habría de desarrollarse tal proceso constituyente. Me limitaré a señalar alguno de los obstáculos existentes para una transformación democrática de los aparatos coercitivos del Estado español.
En efecto, a dicha transformación democrática se oponen tramas ocultas, que operan tanto dentro como fuera de las instituciones. Me refiero a sectas religiosas que, con mayor o menor influencia, puentean y cortocircuitan de hecho la cadena de mando militar, particularmente en la Armada española.
El nacimiento y extensión de dichas tramas reaccionarias fue consecuencia del golpe monárquicofascista, la guerra civil y la dictadura. La persecución o el asesinato de marinos demócratas -llevados a cabo durante la guerra y la sanguinaria dictadura- extinguieron de raíz la corriente liberalprogresista que preexistía en la Armada, cuna de notables científicos y pensadores militares en siglos anteriores.
Este problema del poder de las sectas religiosas en la España franquista ha sido magistralmente tratado en un documentado libro de Jesús Ynfante (1944 – 2018) La prodigiosa aventura del Opus Dei, génesis y desarrollo de la Santa Mafia, editado en París en 1970. La enorme influencia sobre Franco de uno de sus miembros, el almirante Carrero Blanco, posibilitó el arraigo e influencia de dicha organización religiosa en los aparatos coercitivos del Estado, como lo son las Fuerzas Armadas y, sobre todo, la Judicatura.
Carrero Blanco, asesinado el 20 de diciembre de 1973 por un comando de ETA, creó el servicio secreto SECED, del que más tarde nació el CESID durante la llamada Transición y, posteriormente, el actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
El SECED organizó el terrorismo de Estado, que se prolongó con el CESID hasta culminar con los crímenes y escándalos del GAL. Sus víctimas claman “Verdad, Justicia, Reparación” sin que se haya establecido un estatus jurídico similar al de las victimas del terrorismo de ETA. Igualmente claman “Verdad, Justicia, Reparación” las numerosas víctimas de los crímenes del franquismo. Crímenes perpetrados durante la dictadura en una proporción que alcanza, por su extensión y objetivos, la terrorífica calificación de genocidio. Se trata de unas 110.000 desapariciones forzadas, investigadas judicialmente en un auto del Juez Baltasar Garzón.
Confieso que mi pensamiento “religioso” dista mucho del que “oficialmente” reina en la Armada. Soy de los que piensan que la conciencia humana, es decir la conciencia de los individuos de nuestra especie, emana de la materia altamente organizada, producto de un proceso evolutivo que se inició hace más de 3.000 millones de años. Es decir, se trata de un fenómeno complejo, producto del funcionamiento del córtex cerebral. Prueba de ello es que cuando el cerebro sufre un daño grave, ya sea por un accidente ya sea por enfermedad, puede llega a perder una parte de lo que entendemos por conciencia, llegando incluso a desaparecer por completo en determinadas enfermedades degenerativas, tales como el Alzheimer. Resulta ilusoria, por tanto, la promesa de una vida eterna.
Defender en mi juventud estas ideas evidentes me costó innumerables problemas e incomprensiones entre algunos de mis compañeros de armas, extraviados intelectualmente por la influencia nociva de la religión.
No existe en el Ejército la libertad ideológica que proclama tan solemnemente el artículo 16.1 de la vigente Constitución monárquica. Prueba evidente de ello es la persecución infame que sufren los militares demócratas en activo por parte de la “justicia” militar, con el beneplácito de la actual ministra de defensa Margarita Robles. Ejemplo de ello son, por citar los más lacerantes, la expulsión del Oficial del Ejército Luis Gonzalo Segura, así como del Cabo del Ejército Marco Antonio Santos Soto.
Dada la limitada extensión de estas líneas, no me es posible citar todos los nombres de los numerosos compañeros y compañeras acosados y sancionados injustamente por su actitud democrática. Tienen, sin embargo, toda mi admiración y respeto.
Se trata de una situación indignante que tiene su origen en la citada Ley de Amnistía. Una ley de punto final que amnistió los crímenes del franquismo. Por el contrario, mantuvo expulsados del Ejército a los miembros detenidos, procesados y condenados de la Unión Militar Democrática (UMD); no por delitos odiosos, que no los hubo, sino por su patriótica y pacífica labor en defensa de los valores democráticos en el seno de las Fuerzas Armadas.
Hoy en día, los miembros de la UMD que aún seguimos vivos, estamos agrupados en torno al Foro Milicia y Democracia (FMD), impulsado por su Presiente, Fernando Reinlein, y su Vicepresidente, José Ignacio Domínguez; ambos valerosos dirigentes de la UMD en la clandestinidad durante la dictadura.
Por si fuera poco, además de la indignante e injusta persecución de militares demócratas por parte del Ministerio de Defensa, el Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada (AJEMA) ha abierto recientemente un expediente por falta muy grave a un Sargento. Su terrible pecado: pronunciarse contra el franquismo y declararse fundador de una nueva religión, de la que se reclama profeta.
Quizá sea oportuno recordarle a este incauto militar, injustamente expedientado, que con el poder del nacionalcatolicismo ha topado. No le arriendo las ganancias, pues el artículo 16 de la vigente Constitución española, que garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto, en el que se especifica el carácter aconfesional del Estado español, es una de las mayores falacias de la llamada Transición.
La injerencia de las sectas religiosas en el funcionamiento de las instituciones del Estado no se limita al espacio de las Fuerzas Armadas, pues es bien conocida su influencia ultraconservadora en sectores de la Magistratura, como puede apreciarse en la reciente decisión de expulsión del Congreso de los Diputados del parlamentario Alberto Rodríguez. Una demoledora decisión judicial que pone una vez más en tela de juicio el carácter democrático y parlamentario del régimen monárquico, heredado de la odiosa dictadura franquista.
Nota del autor:
El título de este artículo ha sido tomado, en parte, del libro El Testamento de la Liga Santa, de Enriqueta de la Cruz, una excelente periodista y escritora, seriamente comprometida con los valores democráticos. Esta apasionante e imaginativa novela, fundamentada en una valiente investigación periodística, “…invita a descubrir la cara oculta de la Transición y afrontar la historia real de España tal como fue para entender el presente y construir un futuro mejor sin ataduras, miedos y olvidos.”
Manuel Ruiz Robles es Capitán de Navío de la Armada, miembro de la UMD y del Colectivo Anemoi. Presidente Federal de Unidad Cívica por la República.
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