¿Saben los legisladores, y en primer lugar los miembros de este Gobierno, de qué están hablando cuando se refieren a pobreza extrema y a exclusión social?
Cuando en mayo, se aprobó el llamado Ingreso Mínimo Vital (IMV), el autodenominado «Gobierno de progreso» lo presentó como una conquista histórica. Fuimos muy criticados quienes señalamos sus graves limitaciones, tanto en cuanto a su presupuesto (notoriamente inferior al que figuraba en los respectivos programas con los que PSOE y Podemos se habían presentado a las elecciones) como respecto a sus objetivos, centrados solo en la «pobreza extrema» sin tener para nada en cuenta la pobreza ordinaria (!), y en relación con los requisitos para recibirlo, que estimábamos iban a dificultar mucho que la prestación llegara a una gran parte de la población, ya de por sí muy restringida, a la que se dirigía: unos 850.000 hogares o «unidades de convivencia».
Pues bien, a tres meses de su aprobación y dos meses y medio de abrirse el plazo de recepción de solicitudes, el Instituto Nacional de la Seguridad Social ha reconocido que, a fecha 7 de agosto, solo se habían aprobado 4.000 de las 714.000 presentadas. O sea, un 0,6%. Ridículo. Y dramáticamente exasperante para los cientos de miles de familias que siguen sin contar con ningún tipo de ingresos.
Más que hacer la crónica de este desastre anunciado, convendría centrarnos en las dos más importantes razones por las que se ha dado este magro, y más que previsible, resultado. Por una parte, la incapacidad del aparato burocrático que debe tramitar las solicitudes. Por otra, la casi insuperable dificultad de la mayor parte de la población contemplada para presentar todos los documentos exigidos y realizar adecuadamente dichas solicitudes.
En pocas semanas, se presentaron más de 700.000 solicitudes que colapsaron las oficinas de la Seguridad Social. No se planificó adecuadamente la gestión de las peticiones por lo que el ritmo de su tramitación es muy lento. Desesperadamente lento para quienes esperaban, porque así les fue prometido de labios de los actuales gobernantes, que muy pronto iban a recibir la prestación que los sacara de la extrema pobreza (para dejarlos instalado, eso sí, en la pobreza no tan extrema). Junto a las 4.000 solicitudes aprobadas, otras casi 29.000 sí fueron tramitadas siendo rechazadas, la mayoría de ellas por estar incompletas o con defectos formales. O sea, que, durante los dos primeros meses de la gestión, fueron evaluadas menos del 5% de las solicitudes recibidas. Y, de estas, positivamente una de cada ocho. La crudeza de estos números habla por sí misma. Y ello apenas se maquilla con el reconocimiento, de oficio, del derecho al IMV de quienes ya cobraban una prestación por hijos a su cargo, unas 75.000 familias, que en la mayoría de los casos van a seguir cobrando igual que antes, aunque ahora con el rótulo de IMV.
Pero es que, incluso si no se hubiera dado la imperdonable falta de medidas para reforzar el personal administrativo necesario, muy probablemente el porcentaje de prestaciones aprobadas sobre el de denegadas habría cambiado muy poco. La razón no es otra que la dificultad difícilmente superable de una gran parte, si no la mayoría, de los solicitantes para aportar la documentación requerida y hacerlo, además, por vía digital. ¿Saben los legisladores, y en primer lugar los miembros de este Gobierno, de qué están hablando cuando se refieren a pobreza extrema y a exclusión social? ¿Piensan que en todos los hogares en esta trágica situación -tan generalizada en tantos barrios de las grandes ciudades y pueblos andaluces- existe el aparataje y los conocimientos necesarios para elaborar de forma adecuada una solicitud como la que se exige?
Irremediablemente, deberá abrirse un nuevo plazo de presentación de solicitudes y subsanación de errores porque los tres meses en principio contemplados van a resultar totalmente insuficientes, tanto más cuanto que el silencio administrativo significa denegación. Y mientras todo este ocurre, ¿cómo sobreviven los dos millones y medio de personas cuya situación habría de remediar, al menos en lo más elemental, el IMV?
Si la opción hubiera sido una Renta Básica Universal e Incondicional y no un subsidio condicionado sobraría gran parte del aparato burocrático. Quienes más lo necesitan hubieran podido cobrarla desde el primer día. Y quienes no la necesitamos devolveríamos lo recibido en nuestra próxima Declaración de la Renta. Esto no es una quimera sino algo económica y técnicamente factible. Otra cosa es la voluntad política. Que, a día de hoy, no existe. Con el resultado dramático que vemos.
Isidoro Moreno es catedrático emérito de Antropología
Fuente: https://www.diariodesevilla.es/opinion/tribuna/fiasco-Ingreso-Minimo-Vital_0_1498050264.html