El asesinato del joven Carlos Javier Palomino en el metro de Madrid ha desencadenado un importante revuelo mediático y político alrededor de la extrema derecha española y su flagrante impunidad. Desde 1996 se han producido hasta 76 crímenes ultras. Se plantea así la ilegalización de los grupos fascistas. Acció Antifeixista de València, colectivo de información […]
El asesinato del joven Carlos Javier Palomino en el metro de Madrid ha desencadenado un importante revuelo mediático y político alrededor de la extrema derecha española y su flagrante impunidad. Desde 1996 se han producido hasta 76 crímenes ultras. Se plantea así la ilegalización de los grupos fascistas. Acció Antifeixista de València, colectivo de información y análisis sobre la extrema derecha en el País Valenciano, repasa los hechos en este momento clave.
Tres días después del asesinato en Madrid, a manos de un soldado del Ejército español simpatizante de Democracia Nacional, un ciudadano sirio nacionalizado libanés de 46 años era apuñalado en un bar de la Avenida Blasco Ibáñez al grito de «moro de mierda, vete a tu país». Uno de los navajazos le perforó un pulmón y se quedó a tres cm. del corazón. Un joven de origen marroquí también fue brutalmente agredido en una localidad de Toledo. El revuelo mediático no ha frenado ni siquiera unos días la violencia de la ultraderecha. La propia actuación de los principales dirigentes fascistas ha ido acompañada de una chulería y una impunidad flagrantes. Ha sido el caso de José Luís Corral, dirigente del Movimiento Católico Español, que calificó al asesino del joven antifascista madrileño de «héroe». Las graves declaraciones de este sujeto constituyen un claro delito tipificado por el Código Penal. Desde Democracia Nacional, el partido presidido por Manuel Canduela Serrano, la reacción ha sido justificar permanentemente el asesinato por parte de sus bases, además de dar una respuesta ante los medios ideal de cara a su posible ilegalización.
El historial de Canduela
El propio Canduela es un buen ejemplo, muy conocido en el País Valenciano. A principios de los años 90, el actual presidente de DN era el líder de Acción Radikal (AR), uno de los grupos más violentos de las últimas dácadas. Los seguidores de Canduela dejaron algunas muertes y decenas de heridos graves, entre inmigrantes, homosexuales, indigentes o izquierdistas. Los condenados por el asesinato de Guillem Agulló participaban asiduamente en los actos de AR, el grupo que lideraba Canduela y que en sus inicios estuvo muy ligado a José Luís Roberto (finalmente acabarían enfrentándose con ataques de AR incluidos contra el bar nazi ‘Lily Marleen’ que Roberto abrió en 1989 en una céntrica calle de Valencia). Canduela es procesado y condenado por asociación ilícita en el ‘Caso AR‘, junto a otros peligrosos skinheads. Incluso el delegado del Gobierno de entonces reconocía el peligro que suponía el grupo ultraviolento. La prensa se hacía eco de las visitas de diveros miembros de AR a los campamentos de entrenamiento militar en Bosnia con croatas pronazis. Pero llegado el año 1995, y con la justicia encima por el ‘Caso AR’, Canduela abandona su más que lamentable faceta musical (el grupo ‘División 250‘ del cual era cantante hacía una constante apología del nazismo y del racismo: en diversos vídeos de YouTube se puede observar a Canduela en plena acción ante centenares de camaradas skinheads), se deja crecer el pelo y se integra en el partido DN, creado por antiguos dirigentes de CEDADE, Juntas Españolas y otros residuos del neofascismo de los años 80 más violento. Desde hace cuatro años Canduela, un sujeto sin ningún tipo de formación laboral, política o cultural, se hace con la dirección del partido y protagoniza todo tipo de incidentes. En dos ocasiones ha sido Canduela juzgado por racismo o por apología de la discriminación como dirigente de DN.
Ilegalizar Alianza Nacional
El asesinato de Carlos en Madrid culminaba toda una trayectoria. Y, a pesar de las explicaciones del Ministerio del Interior según las cuales las Fuerzas de Seguridad del Estado controlan a los grupos fascistas, no se ha podido evitar un nuevo asesinato. Otro partido claramente ilegalizable según la actual Ley de Partidos es Alianza Nacional. Apenas unas horas después del asesinato de Carlos en Madrid, la web de AN colgaba un texto que justificaba en gran medida el asesinato, llegando a la apología y avisando de las consecuencias que se podrían reproducir en un futuro no muy lejano. Esta semana el partido ha tenido cierto protagonismo a raíz de la visita del líder del Ku Klux Klan norteamericano David Ducke, condenado por la justicia de su país. La presión popular en el País Valenciano ha conseguido que ningún hotel cediera su espacio para un acto de este tipo. Si a estas actitudes beligerantes unimos el hecho de que los dirigentes de AN permanecen en prisión por haber intentado atentar con explosivos contra ciudadanos vascos en Madrid (es decir, por delitos relacionados con el terrorismo), la posible ilegalización de AN debería ser rápida. Sus miembros más visibles están implicados en la Operación Pánzer. Cobran un especial protagonismo en este dispositivo policial el empresario vecino de Xiva, Juan Manuel Soria y el asesino de Guillem Agulló, Pedro Cuevas Silvestre.
Contratos públicos para el imperio empresarial ultra
Desde Acció Antifeixista de València venimos presentando documentación e información en este sentido. Además el pasado mes de Mayo todos los partidos políticos valencianos, excepto el Partido Popular, además de asociaciones culturales, sociales y sindicales, vienen pidiendo la ilegalización de grupos como DN, AN o España 2000, el fin de la impunidad en nuestro país y el recorte de los contratos públicos con la empresa de José Luís Roberto. Este último punto resulta especialmente relevante dado que el Grupo Levantina es la principal empresa del pequeño imperio del líder ultraderechista, la cual, junto a los negocios en la patronal de la prostitución, financia las tramas ultras, según han denunciado partidos políticos como el PSPV durante una rueda de prensa los días previos a las elecciones del 27-M. Además, el País Valenciano se ha convertido en uno de los principales centros operativos de la extrema derecha en el Estado español. Así, diversas entidades, partidos políticos y movimientos sociales han sufrido agresiones, palizas e, incluso atentados con pistolas (Ca Revolta) y artefactos explosivos (una decena en la sede valenciana de la CEAR y un atentado en la sede del Bloc en la ciudad). Pero las vinculaciones de la ultraderecha a la financiación económica desmesurada no se quedan en el pequeño imperio empresarial de Roberto. Es el caso de Rafael López Diéguez (estrechamente vinculado a la familia Piñar: está casado con una hija del notario) que, paralelamente a su actividad de dirigente de Alternativa Española, trabaja en la consultoría Suala Capital Partners, SL, fundada por Patricia Botín, heredera del BSCH.
El historial de Roberto
Roberto ha intentado mantenerse al margen del temporal causado por el asesinato de Carlos en Madrid. Pero sus antecedentes le delatan. A nadie se le escapan los hechos protagonizados por las bases del líder de España 2000: agresiones, procesos judiciales, amenazas, etc. Ni sus conexiones en ámbitos tan selectos como la policía y la prostitución. Su espectacular historial debería de ser de especial interés para los policías que el Ministerio del Interior asegura tener investigando. Cabe tener en cuenta la actual situación de enfrentamiento entre Canduela y Roberto, dos de los principales líderes del movimiento ultra español, ambos valencianos. El enfrentamiento es frontal y a través de Internet se expresa en forma de guerra de blogs: el sector canduelista se mofa del líder vinculado a la prostitución y el sector pro Roberto saca los trapos sucios del ex líder skin.
El PP, por la ilegalización
Las propuestas a favor de la ilegalización de los grupos fascistas han venido de ámbitos extremadamente novedosos. El Partido Popular, en boca de su portavoz, Eduardo Zaplana, pidió al Gobierno la ilegalización de estos grupúsculos. Seguramente hubiese sido muy útil que el entonces presidente de la Generalitat Valenciana no hubiese comenzado a otorgar contratos millonarios para Roberto (contratos que suman casi 6 millones de euros entre 1998 y 2004). Por su parte, otros partidos políticos, como IU y ERC, han continuado con una actitud muy crítica hacia la impunidad ultra. A todo esto se añade la demanda por parte del Movimiento Contra la Intolerancia al Gobierno y a la Fiscalía para agilizar la ilegalización de los partidos fascistas y la aplicación de la Legislación Antiterrorista. La intervención de Emilio Olabarría, diputado del Partido Nacionalista Vasco, en el Congreso ha sido demoledora. Según el diputado, desde 1995 se han producido hasta 76 crímenes ultras, comparando la escalofriante cifra con la de las víctimas de ETA. El propio MCI incluye en su Informe RAXEN anual detalladas reseñas de la violencia ultra y de las redes y organizaciones legales. El informe destaca por el espacio que ocupa el País Valenciano en materia de agresiones y actividad fascista. No por casualidad, muchos de los líderes ultras españoles provienen del País Valenciano.
Momento clave
Se presenta pues un momento clave para frenar la impunidad de la ultraderecha española. El objetivo principal tiene que ser eliminar la brutal violencia fascista que desde 1995 hasta hoy en día se ha cobrado 76 víctimas. Tantos años de impunidad en el Estado español pueden pasar factura ahora a los principales capos de las tramas de la extrema derecha. Y la trama empieza por Valencia.
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