El Fiscal del Tribunal Supremo español rechazó ayer el pedido de inhabilitación por 20 años al juez Baltasar Garzón hecho por un partido ultraderechista. El fiscal del Tribunal Supremo español consideró que el alto tribunal no debe abrir un juicio oral en contra del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el supuesto delito […]
El Fiscal del Tribunal Supremo español rechazó ayer el pedido de inhabilitación por 20 años al juez Baltasar Garzón hecho por un partido ultraderechista.
El fiscal del Tribunal Supremo español consideró que el alto tribunal no debe abrir un juicio oral en contra del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el supuesto delito de prevaricación en la investigación sobre los crímenes del franquismo.
El fiscal fundó su argumentación en que las partes que lo acusan no tienen legitimación procesal para ello.
La querella por prevaricación fue interpuesta por el sindicato Manos Limpias, cuyo dirigente máximo es Miguel Bernad Remón, alto dirigente del partido de ultraderecha Fuerza Nueva.
A la querella se adhirieron después la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española, vinculadas al franquismo.
El pedido de la facción Falange, heredera del partido del dictador Francisco Franco, es querellante en una causa en la que se investiga al magistrado por presunto prevaricato en su investigación de las desapariciones.
El texto de la resolución sostiene que ese Ministerio Fiscal considera que los hechos de los cuales se acusa a Garzón, esto es atribuirse competencia para abrir un juicio en contra de los crímenes, «no son constitutivos del delito de prevaricación».
«El escrito -presentado por el partido- podría entenderse más como una exposición para el debate ideológico sobre acontecimientos históricos», algo que «no puede admitirse», dijo en su fundamentación el juez del Supremo, Luciano Varela.
Prevaricato
Varela dio el pasado 7 de abril el paso necesario para sentar a Garzón en el banquillo de los acusados por presunto prevaricato en su investigación de las desapariciones durante la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista (1939-1975).
En el auto que notificó aquel día, el juez instó a los querellantes a presentar sus escritos de acusación contra Garzón para abrir, a partir de ese momento, el juicio oral al magistrado de la Audiencia Nacional. Los otros dos querellanes, el autodenominado sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad, presentaron su escrito de acusación el martes.
Desaparecidos
Según las tres organizaciones, Garzón se declaró competente en 2008 para investigar la desaparición de miles de personas durante la Guerra Civil y la posterior dictadura, pese a que sabía que por ley no le correspondía hacerlo, en virtud de la Ley de Amnistía de 1977.
El investigado juez tomó relevancia en derechos humanos tras pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y por investigar crímentes de la última dictadura militar argentina.