La Fiscalía Anticorrupción presentó este miércoles en el Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo) una denuncia contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora «El Quiñón». En su denuncia, el Fiscal aprecia la […]
La Fiscalía Anticorrupción presentó este miércoles en el Juzgado de Instrucción de Illescas (Toledo) una denuncia contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora «El Quiñón».
En su denuncia, el Fiscal aprecia la existencia de los delitos de prevaricación, cohecho y delito contra la Hacienda Pública, en la tramitación del PAU que la empresa Onde 2000 SL presentó ante el Ayuntamiento el 19 de noviembre de 2002, y que incluía la recalificación de 1.833.147 metros cuadrados de suelo rústico para construir 13.508 viviendas que suponían una estimación poblacional de 40.500 habitantes.
Ese mismo año y coincidiendo con la presentación del PAU, el alcalde «sin que conste el origen del dinero», suscribió fondos de inversión y seguros por importe de 158.000 euros y 1.800 euros, respectivamente y adquirió un bien inmueble en la provincia de Málaga por 9.617 euros. Sus salarios, en las fechas comprendidas entre los años 2001 a 2005, ascendieron a la cantidad de 27.806 euros brutos, a excepción del año 2003, cuando tras abandonar su cargo percibió 17.074 euros brutos, de los que 12.667 procedían del Ayuntamiento.
En cuanto a la tramitación del PAU, la denuncia de la Fiscalía recoge que ese trámite requería una consulta previa a la Comisión Provincial de Urbanismo de la Consejería de Obras Públicas, que en diciembre de 2002 comunicó al Ayuntamiento la necesidad de tramitar un Plan Especial de Infraestructuras (PEI) previo, para determinar la viabilidad de la actuación propuesta.
El PEI, que fue redactado por Onde 2000 SL, fue sometido a aprobación inicial por el pleno del Ayuntamiento el 13 de marzo de 2003, siendo aprobado sólo con los votos de la mayoría socialista, después de que los grupos de la oposición pusieran de manifiesto la falta de informes preceptivos, circunstancias que el alcalde conocía.
El día 22 de abril de ese año, el alcalde convocó un nuevo pleno para aprobar definitivamente el PEI, tras las alegaciones formuladas y las rectificaciones realizadas por la Comisión de Urbanismo, aunque volvió a aprobarse sólo con los votos favorables del Grupo Socialista, pues la oposición insistía en sus argumentos contrarios.
Como la propuesta de Onde 2000 SL incluía un PAU que comprendía la reclasificación de terreno rústico mediante la modificación de las normas del Ayuntamiento, eran necesarios los informes preceptivos de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente.
Estos informes no constaban en el expediente, a pesar de lo cual, el alcalde volvió a celebrar el día 8 de mayo un nuevo pleno para aprobar el PAU, donde aseguró, ante las críticas de la oposición, que los informes sí constaban y que «eran favorables».
El alcalde sometió a la aprobación del pleno, tanto el PAU de Onde 2000 SL como su adjudicación como agente urbanizador a Onde 2000 SL y la propuesta de convenio urbanístico con Onde 2000 SL, votando en contra, por las mismas razones, los grupos de la oposición.
Los informes fueron posteriores.
Sin embargo, los documentos de la Comisión de Urbanismo entraron en el Ayuntamiento el día 21 de mayo, trece días después de su aprobación en el pleno, y no eran favorables. De hecho, el informe tenía 18 «reparos» de los cuales seis eran «suficientemente importantes y esenciales», relativos a abastecimiento de agua, ordenación del tráfico, la movilidad y el transporte, equipamientos locales, recalificación de terreno y coste de las obras del PEI.
Además, instaba a «suspender la aprobación definitiva del expediente hasta tanto no se subsanen las deficiencias observadas».
En cuanto al informe de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, tuvo su entrada en el Ayuntamiento de Seseña un día después del pleno, y en él se hacía constar la viabilidad el PAU, supeditado al cumplimiento de determinadas condiciones, fundamentalmente relacionadas con la red de agua y abastecimiento.
Por otro lado, cinco días después de esa última sesión plenaria, el día 13, el acusado suscribió tres fondos de inversión a favor de cada uno de sus hijos, por valor de 48.000 euros cada uno de ellos, lo que significa que dispuso de 144.000 euros. Ese mismo año, constan otras dos suscripciones de fondos de inversión por importe de 20.000 euros a dos de ellos, sin que las rentas declaradas por ellos sustentasen tales inversiones.
El día 9 de junio, cuando la situación del acusado era la de alcalde en funciones, realizó un desembolso en efectivo de 77.208,08 euros y se subrogó en dos préstamos hipotecarios por importe conjunto de 250.244 euros para la compra de dos viviendas a la mercantil Promociones del Saz 2000 SL, vinculada a Onde 2000 SL.
Tras las elecciones municipales celebradas tras la última semana de mayo, y tras conformarse el nuevo gobierno municipal, el Grupo Municipal de IU presentó un recurso de reposición que anulase los acuerdos adoptados en el último pleno, del día 8 de mayo, siendo aprobado el día 29 de septiembre de 2003 por todos los grupos municipales, por lo que se anuló la aprobación y adjudicación del PAU, aunque no la aprobación del Plan Parcial de Ordenación Urbana, que sí aprobó. El PEI sólo se aprobó, en diciembre, tras el cumplimiento de los requisitos exigidos.
Durante los años 2004 y 2005, las rentas declaradas por el acusado son inferiores a las anteriores, a pesar de lo cual adquirió nuevos fondos de inversión por valor de 60.000 euros. En 2005 le constan desembolsos de cantidades por importe de 71.334,63 euros no constando la razón de los mismos. El acusado justificó los incrementos patrimoniales en el cobro de un cupón de la ONCE de 144.000 euros, habiendo aportado fotocopia de cinco cupones de un sorteo del año 2000, afirmaciones que no resultan acreditadas según la Fiscalía.
Dos años de investigación.
La denuncia culmina así dos años de investigación de la Fiscalía Anticorrupción, en los que ha encontrado unos incrementos patrimoniales injustificados por parte de Martín Jiménez que motivan, junto con otros indicios, la presentación ante el Juzgado de la Denuncia para que se inicie la investigación judicial que corresponda.
La denuncia, que tiene en su origen en la solicitud realizada por el actual alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes, e Izquierda Unida, para que se investigaran las «presuntas tramas especulativas» en torno al PAU ‘El Quiñón’, se extiende no sólo al alcalde, sino a cualquier otra persona que resulte responsable de la causa, los delitos de prevaricación, cohecho y contra la hacienda pública.
IU presentó un informe de 26 hojas y 500 documentos más un video informativo ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de julio de 2006, y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias informativas para «conocer y determinar las irregularidades» en este caso el día 26 de ese mismo mes.
Tras la presentación del informe pidiendo la investigación en julio de 2006, comenzó un cruce de acusaciones entre el actual alcalde, Manuel Fuentes, y el constructor Francisco Hernando ‘El Pocero’ que se ha prolongado durante dos años y que ha provocado que el segundo haya llegado a presentar hasta seis querellas contra el primer edil por delitos de injurias, todas ellas sobreseídas.
Satisfacción del actual alcalde
El alcalde de Seseña (Toledo), Manuel Fuentes de Izquierda Unida, mostró ayer su «satisfacción» después de conocer que la Fiscalía Anticorrupción presentases en el Juzgado de Instrucción de Illescas una denuncia contra el ex alcalde de la localidad durante los años 1999 a 2003, el socialista José Luis Martín, por las irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora «El Quiñón». Fuentes señaló haber actuado «siempre desde la verdad, porque lo que pusimos en manos de la Fiscalía era lo que había acontecido en nuestro municipio, y era nuestra obligación informar de ello».
En declaraciones a Europa Press, Fuentes, que insistió en que debe ser «prudente» en sus manifestaciones pues todavía no conoce el informe presentado por la Fiscalía, aseguró que su formación ha sido respetuosa «pues nosotros no hemos presentado una querella, sino que hemos acudido a la Fiscalía Anticorrupción para que investigue la gestión urbanística de una Corporación municipal y su relación con algún promotor, que ahora se derivará a un juzgado».
Manuel Fuentes, que defendió que si la Fiscalía ha derivado esa denuncia a los juzgados «será por alguna razón», añadió que habrá que esperar a que la investigación judicial determine si se hubo «una gestión mal hecha, y aclare todo lo acontecido».
No obstante, el regidor de Seseña quiso dejar muy claro que en todo momento «debe prevalecer es el buen nombre de la Institución pública, en este caso el Ayuntamiento, y que las personas que ocupan cargos públicos no deben usarlos nunca para lucrarse».
Efectos de la especulación.
De otro lado el de la localidad toledana y miembro de la Ejecutiva provincial de IU, antes de conocer la actuación de la Fiscalía Anticorrupción, lamentó en la rueda de prensa que ofreció junto con el coordinador regional, Cayo Lara, que Seseña esté sufriendo los efectos de la «especulación» de los constructores, refiriéndose al residencial ‘Francisco Hernando’, ya que existen 16.000 viviendas sin habitar «porque los compradores directamente ni van, ya que no pueden asumir las hipotecas».
Así se expresó Fuentes a preguntas de los medios durante una rueda de prensa junto al coordinador regional de IU en Castilla-La Mancha, Cayo Lara, para presentar el Plan Económico del partido ante la crisis y el desempleo.
De este modo, explicó que en la localidad existen muchos empresarios que tienen licencia para construir y no lo hacen porque saben que no van a vender las viviendas, ya que, con sueldos de 1.300 euros es «imposible» pagar la hipoteca de viviendas en torno a 250.000 euros.
Por ello, propuso que este tipo de viviendas se vendan a precios de Viviendas de Protección Oficial, es decir, por unos 100.000 euros, «porque así también dan créditos los bancos». «Los promotores tienen que asimilar estas ideas».
Actualmente existen siete querellas entre el constructor Francisco Hernando, más conocido como «El Pocero», de las que tres están desactivadas y cuatro vivas. Entre ellas, una apertura de juicio oral, «por el que nos sentaremos en el banquillo de los acusados» de la Audiencia Provincial de Toledo, «aunque confiamos en la justicia y en el Estado de Derecho y confiamos en que la sentencia dicte en que no hemos cometido delito, ya que desde el Ayuntamiento nunca ha habido premeditación de hacer las cosas mal».
Dicha querella se refiere a la publicación de un Boletín de IU, en el que un artículo, con el titular «El boletín del ladrillo», repasaba la situación de la construcción, los grandes beneficios labrados en poco tiempo y basados en la especulación, mencionando el residencial de El Pocero.
Ayudas y competencias.
De otro lado, Fuentes reclamó a la Junta de Comunidades una ayuda para los ayuntamientos de la región «que asumen muchas competencias que no les pertenecen, y comienzan a estar asfixiados en sus pagos».
Explicó que «mientras unos se ponen en la foto», otros, refiriéndose a los alcaldes, «tiene que dar la cara para que se la partan», porque para mantener la oferta de servicios actual, «la única salida es subir los impuestos», y luego «nos tenemos que enfrentar a unos ciudadanos enfadados».
Aseguró que son los ayuntamientos los que asumen competencias como el pago de libros infantiles, las facturas de la luz en centros públicos, casi el 80 por ciento de los gastos de los Centros de Atención a la Infancia, o los gastos de ayuda a domicilio a través de la Ley de Dependencia, mientras que «la Junta no es capaz de sacar adelante a sus pueblos, que tienen que subir los impuestos».
El PSOE pide prudencia
El vicesecretario del PSOE de Toledo, Jesús Fernández Vaquero, pidió el mismo miércoles «prudencia» ante la denuncia presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el ex alcalde de Seseña (Toledo) José Luis Martín, por las presuntas irregularidades cometidas durante la tramitación del Programa de Actuación Urbanizadora «El Quiñón», que se deje actuar a la justicia y se respete la presunción de inocencia hasta que un jurado diga lo contrario.
En declaraciones a Europa Press, Fernández Vaquero hizo, por tanto, una valoración «prudente», porque la Fiscalía todavía no ha acabado la investigación, «ya que puede haber más personas implicadas», aunque expresó el deseo de la dirección provincial del partido de que «se clarifique la situación del PAU», así como su adjudicación, «y se determinen las responsabilidades».
No obstante, recordó que la dirección provincial disolvió en 2003 la ocupación socialista en el Ayuntamiento, dirigida por José Luis Martín, «porque había una serie de puntos en los que no estábamos en sintonía», concluyó.