Seamos claros: quienes han gobernado Canarias son responsables de niveles espectaculares de fracaso escolar, de preocupantes retrocesos educativos y, en suma, de la peor calidad de vida derivada de la escasa formación que han recibido decenas de miles de personas. Quienes hablan de «defender lo nuestro», quienes presumen de lo que consiguen en Madrid, ocultan […]
Seamos claros: quienes han gobernado Canarias son responsables de niveles espectaculares de fracaso escolar, de preocupantes retrocesos educativos y, en suma, de la peor calidad de vida derivada de la escasa formación que han recibido decenas de miles de personas.
Quienes hablan de «defender lo nuestro», quienes presumen de lo que consiguen en Madrid, ocultan con su discurso victimista que, a nuestro sistema educativo, hay que defenderlo, en primer lugar, de ellos, de esos gobernantes expertos en defender «lo nuestro», es decir, lo suyo. Y es que, en Canarias, se incumple el derecho constitucional a la educación que, obviamente, no consiste sólo en estar en un centro educativo.
El atraso educativo de Canarias va a más: en los últimos doce años, el gasto público educativo pasó de representar el 30.5% del presupuesto canario al 22.7%, es decir, se dejaron de invertir 2.757 millones de euros, a causa de la reducción del gasto en términos relativos. Más de la mitad de esa reducción ha sido provocada por el gobierno de Paulino Rivero.
En los dos últimos años, Canarias ha pasado de tener 11 estudiantes por docente a 12.4, la proporción más elevada de España. Se refuerza así la escasez de profesorado que padece el Archipiélago, la cual, lógicamente, produce peores resultados educativos. Así, por ejemplo, Castilla La Mancha dispuso, durante el curso 2009-2010, de 33.319 profesores para 335.379 estudiantes no universitarios y el País Vasco contó con 33.109 docentes para 330.308 estudiantes. Canarias tenía 27.496 docentes para 338.012 alumnos. Es decir, en el Archipiélago faltan 6.000 profesores para que la materialización del derecho constitucional a la educación coincida con otras comunidades.
Las comunidades autónomas con menos fracaso escolar en la ESO son Asturias (14.9% de fracaso), País Vasco (16.5%) y Navarra (18.5%), que gastan por alumno no universitario respectivamente 5.493, 6.070 y 5.614 euros anuales. Las comunidades con más fracaso escolar son Baleares (38.2%), Comunidad Valenciana (35.9%) y Canarias (35.2%), que gastan respectivamente 4.705, 4.259 y 4.592 euros por estudiante. Un estudio académico reciente afirma que, en España, «cuanto mayor es el gasto por alumno, menor es la incidencia del fracaso escolar». Añádase a esto que Asturias, el País Vasco y Navarra son, por este orden, las comunidades con menor cantidad de alumnos por profesor de España.
El sistema educativo canario va rezagado y, en algunos aspectos, ha retrocedido. En 1990, el 67.7% del alumnado se graduaba en ESO y, en 2006, el 64%. De 2002 a 2007, el porcentaje de jóvenes canarios, de 20 a 24 años, titulados en Bachillerato o Formación Profesional de Grado Medio, se redujo del 59.3% al 52.1% (la media europea era 77.8% y la española 61.1%). La esperanza de vida escolar a los seis años en Canarias pasó de 14 años, en 2001-2, a 13.5 años, en 2006-7 (frente a los promedios estatales de 14.5 y 14.4 respectivamente). El porcentaje de canarios con estudios superiores creció menos que el promedio estatal equivalente, entre 1991 y 2007.
Canarias tiene 1.108 aulas de Infantil y Primaria que mezclan alumnado de diferentes niveles, no se sustituye a cientos de profesores enfermos, se reduce el número de profesores de apoyo y el de trabajadores sociales, se incrementa el número de alumnos por aula y se deterioran gravemente los servicios de comedor. Y, para 2011, todo esto empeorará porque el Gobierno canario recortará 170 millones de euros del presupuesto educativo. Esta situación convierte a decenas de miles de jóvenes en carne de cañón laboral.
Hace unos meses el consejero canario de Empleo afirmó que nuestras mayores tasas de desempleo se explican, «fundamentalmente, por una carencia histórica de formación». En su opinión, «el 80% de los nuevos puestos de trabajo serán para personas con cualificación». Pues bien, en Canarias el 38.4% de los demandantes de empleo tienen estudios primarios incompletos, el 8.8% estudios primarios completos y el 43.7% cuenta con educación secundaria. En suma, vemos a un Gobierno canario que sabe cuál es el precio de la baja formación, que conoce la descualificación de tantos desempleados, pero que, sin embargo, daña gravemente a un sistema educativo en el que nunca creyó, sabiendo que la factura de tal daño la pagarán los sectores sociales más débiles.
Y la poca formación se paga. En 2009, los trabajadores con menos nivel educativo tenían el triple de riesgo de desempleo que los titulados superiores. Un informe de la OCDE dice que cada año de estudio, a partir del Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio, supone, al menos, un 4.9% de ventaja salarial. Los mayores niveles de formación reducen el riesgo de desempleo y mejoran las condiciones laborales y de vida.
Es más, el éxito del sistema educativo presupone buenas políticas de apoyo a las familias. Esas políticas debieran evitar que, en España, el riesgo de abandono escolar sea 86% mayor en hogares que tienen un progenitor en vez de dos. Y debieran también permitir al sistema educativo no reproducir el clasismo que se desprende del hecho de que el 85.3% de los hijos e hijas de profesionales, de 16 a 17 años, estén matriculados en educación secundaria postobligatoria, frente al 27.5% de los descendientes de trabajadores manuales no cualificados.
Las desigualdades son intensas, las políticas de apoyo a las familias son débiles, faltan miles de docentes, falta gasto público en educación, falta capacidad gestora para cubrir bajas, sobra confrontación del Gobierno canario con el profesorado, faltan trabajadores sociales y personal de comedor, falta apoyo al alumnado con dificultades y, en suma, se ha acumulado un imponente no saber hacer de los sucesivos gobiernos canarios. Por su parte, la consejera de Educación dice que el presidente Rivero «pone la educación como prioridad política». No lo dudo: dañar más nuestro incompleto sistema educativo acrecienta la indefensión cultural y la efectividad de las chuletadas preelectorales. Y eso ayuda en la defensa de lo que ellos llaman «lo nuestro», es decir, lo suyo.
Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida en Tenerife.
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