Los recortes en el presupuesto militar siguen siendo mucho menores que en sanidad y educación.
El 14 de abril, señalada fecha para los republicanos, se celebrará también la IV edición del Día Mundial de Acción Contra el Gasto Militar (GDAMS por sus siglas en inglés). Si bien los tiempos de la Guerra Fría han pasado, los conflictos todavía perduran. En Europa, tras lo sucedido en Crimea y ante las ambiciones de Putin y las presiones de EE UU, por medio de la OTAN, algunos países vecinos de Rusia deciden aumentar su presupuesto para su denominada «defensa», como anunció a finales de marzo Lituania. Pero no sólo en el este de Europa se incrementa la presencia de EE UU y la OTAN. En España el ministro de Defensa, Pedro Morenés, anunció el 27 de marzo la autorización de importantes despliegues y desplazamientos de fuerzas estadounidenses en bases españolas, aunque defendió que no se trata de desplazamientos «caprichosos», pues «aportan seguridad a EE UU, a España y a Europa».
Muchas voces se han levantado y se siguen levantando contra la OTAN. Podemos recordar aquí las palabras del autor de El Jarama, Rafael Sánchez Ferlosio, en su ensayo La hija de la guerra y la madre de la patria, donde definía la fuerza conjunta EE UU-OTAN como «esa aplastante autoridad histórica, armada de un trabuco que es toda una panoplia de imponente poder destructivo y un arsenal sin fondo». Pero las declaraciones de los gobernantes tampoco animan a pensar que vaya a haber, al menos en un espacio corto de tiempo, un cambio de paradigma a la hora de planear la seguridad del Estado.
El ministro de Defensa, Pedro Morenés, dijo en marzo que el gasto militar debe ser considerado como «otro gasto social». Para el investigador del Centre d’Estudis per la Pau JMDelàs, Jordi Calvo, entender el gasto militar como gasto social es algo «totalmente equivocado. El gasto social -responde- sale en todos los informes: sanidad, educación, investigación. El gasto militar se dedica a mantener un ejército, a comprar y fabricar armas…». Como explica Calvo, esas armas, si no se usan, son un gasto que se pierde, es decir, una inversión de la que nunca se ha llegado a hacer uso. Y si, al final, sí se usan esas armas, es para «destruir, desestabilizar países, estructuras». Esto, dice Calvo, «es lo más antisocial que existe».
La realidad es que lejos de extinguirse la voluntad armamentística sigue tan vigente como siempre. «El mantenimiento de una industria de guerra puede basarse en dos factores fundamentalmente, la ocultación de toda la información referida a ésta, y la creación de una necesidad para su existencia», explica a DIAGONAL Josetxo Gallués Martínez de Irujo, miembro de Alternativa Antimilitarista KEM/MOC. En cuanto a los aspectos culturales que pueden promocionar la guerra, Gallués considera que «sería injusto pensar que hay elementos culturales que intrínsecamente la fomenten, pero sí que son usados por los intereses políticos y armamentísticos, para perdurarse». Por ejemplo, en el caso del deporte «hay en mayor medida esta manipulación y creación de rivalidad a través del cual los poderes gubernamentales pueden fomentan un patriotismo irracional y visceral».
Recortes en gasto militar
Las cifras hablan por sí solas en cuanto a la voluntad armamentística de los Estados. Pero los números de los organismos oficiales nunca coinciden con los ofrecidos por las entidades que promueven el desarme y la paz. En España las cifras presupuestadas por el Ministerio de Defensa para 2014 se elevan hasta los 5.745.769 euros. Según datos oficiales, Defensa acumula cinco años consecutivos de recortes desde que en 2008 tuvo su presupuesto más elevado con 8.491,3 millones de euros. Desde entonces, el gasto en esta partida ha caído un 30%. Pero no hay que olvidar que éste es el Ministerio que ha experimentado uno de los recortes menos abultados: en 2012, sufrió un recorte del 8,8% con respecto al anterior. En cambio, aquellos ministerios en los que se sustenta el Estado de Bienestar sufrieron un recorte mucho mayor: Sanidad y Servicios Sociales disminuyó un 13,7%; Educación y Cultura, un 21,2%. Por otro lado, la cifra final del presupuesto militar español al terminar el año acaba siendo superior a lo anunciado. O eso es lo que sucede al menos desde 2008, en gobiernos socialistas y populares. El año en el que se experimentó una mayor diferencia entre el presupuesto inicial y el final fue 2012, cuando de los 6.316 millones de partida, la cifra acabó superando los 9.000.
Los 5.745.769 euros iniciales presupuestados para 2014 se quedan muy cortos si los comparamos con las cifras que ofrece Delàs. A la cantidad presupuestada para el Ministerio, habría que sumar lo que se destina para organismos autónomos del Ministerio de Defensa, el Centro Nacional de Inteligencia, clases pasivas militares (pensiones de los funcionarios militares), lo que se destina a la OTAN, Guardia Civil y otras categorías que hacen ascender la cantidad final tres veces más, hasta los 16.526 millones para el presente año. Calvo matiza que Delàs no considera a la policía nacional dentro del gasto militar, como sí hacen otras organizaciones antimilitaristas. «Nosotros incluimos lo que es militar puro y duro. Consideramos a la policía, a diferencia de la Guardia Civil, como una policía civil, no paramilitar. Lo paramilitar controla las fronteras, tiene misiones en el exterior; es decir, tiene un cuerpo militar y una estructura militar. En esto no entra la policía, que consideramos que posee funciones civiles y asistenciales ciudadanas», explica el investigador.
Deuda de miles de millones
En un comunicado de la Oficina Internacional por la Paz en relación al GDAMS, se recordaban otros aspectos que refuerzan la voluntad armamentística del Estado español, como los 791 millones gastados en operaciones militares en el exterior, los créditos para investigación y desarrollo para nuevos armamentos, la venta de armas a países en conflicto… y la deuda española de 32.000 con la industria armamentística, acumulada desde los tiempos de José María Aznar. Delàs habla, en este sentido, de la existencia de una «burbuja armamentística» en España. «En tiempos de Aznar, se comenzó a invertir más y más en la compra de armas. Fue una tendencia que, aunque más a la baja, continuó Zapatero», explica Calvo.
¿Cómo se explica esta deuda armamentística? Según un artículo escrito por Pere Ortega para Delàs en 2012, la partida que siempre rompe el techo en el gasto militar es la de las adquisiciones de los programas especiales de armamentos (PEAS). No existe una definición específica sobre lo que son, pero consisten en una forma compleja de financiación militar: el Ministerio de Industria facilita anticipos a las empresas contratistas por un importe que depende del armamento, pero siempre a interés cero. Una vez entregado el material, Defensa abona el gasto y el contratista devuelve el anticipo. Es decir, se paga antes de recibir la entrega. Así, la Administración pública espera a la entrega del material o, en caso contrario, reclama el importe si el contratista no cumple con lo estipulado. Esta ingeniería financiera ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas, pues en el transcurso de los años esos créditos más los compromisos con las industrias han acumulado esa deuda de 32.000 millones, que en 2015 será de 35.000 millones.
Paralelamente, Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam publicaron en 2013 un contrainforme en el que denuncian que, paradójicamente, la crisis económica no afecta a las exportaciones de armas españolas. Según estas ONG, las autorizaciones de ventas de armas españolas superaron los 8.000 millones de euros en 2012. Esta cifra representa un aumento de más del 150% respecto a las autorizaciones de 2011. «Nos preocupa que con esta política del Gobierno se relajen los controles y se lleven a cabo operaciones cuando existe un claro riesgo de que el material vendido se use para cometer o facilitar violaciones graves de los derechos humanos», señala Amnistía Internacional.