¿Es la guerra una quimera que afecta a países remotos? ¿Es una realidad ajena a los ciudadanos del Norte, sin efectos tangibles en su vida cotidiana? El investigador y presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Pere Ortega, lo niega en el ensayo «Economía (de guerra)» (Icaria, 2018), que ha presentado en el Colegio […]
¿Es la guerra una quimera que afecta a países remotos? ¿Es una realidad ajena a los ciudadanos del Norte, sin efectos tangibles en su vida cotidiana? El investigador y presidente del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Pere Ortega, lo niega en el ensayo «Economía (de guerra)» (Icaria, 2018), que ha presentado en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València. «La guerra empieza aquí, en nuestras mentes, en las relaciones sociales, el sistema educativo y las posiciones de los estados», explica. Y también la guerra es un negocio. Esta idea del conflicto armado atraviesa sus libros: «El lobby de la industria militar española» (2015), «Las violencias en América Latina» (2014) o «La societat noviolenta: converses amb Pepe Beunza» (2012). Historiador de formación, Pere Ortega ha dedicado dos décadas al análisis del ciclo económico militar. En el libro «Economía (de guerra)», de 98 páginas, comparte con el lector que ocho de cada 10 generales que en Estados Unidos dejaron el servicio activo en 2016, pasaron a ser directivos en las empresas militares; o que, según Transparency International, el coste global de la corrupción en el sector militar es de al menos 20.000 millones de dólares anuales.
-El Jefe del Estado Mayor Conjunto norteamericano, Joseph Dunford, reconoció en julio que Estados Unidos tiene más de 300.000 militares desplegados en 177 países, a lo que se añaden cerca de 800 bases militares en todo el planeta. Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial sumó 1,73 billones de dólares en 2017, la cifra más elevada desde el final de la Guerra Fría. ¿Son indicios de una nueva expansión bélica?
Actualmente existen 33 conflictos armados en el mundo, y 68,5 millones de desplazados forzosos por las guerras, la violencia y las persecuciones. Mientras, Trump pretende construir el muro fronterizo con México y la agencia europea Frontex pasó de un presupuesto de 6 millones de euros en 2005 a 240 millones de euros en 2016. Hay determinados signos que indican que estamos ante un nuevo ciclo militarista. Es algo que se destaca tras la llegada al poder de Donald Trump, quien ha buscado una mayor beligerancia respecto a Rusia, sobre todo reforzando el papel de la OTAN en Polonia, Rumanía y los países Bálticos (18.000 soldados de 19 países participaron en junio de 2018 en los ejercicios militares de la OTAN denominados «Saber Strike» en Estonia, Letonia, Lituania y Polonia; en mayo de 2016 la Alianza Atlántica activó el sistema antimisiles Aegis en la base militar de Deveslu, en Rumanía; en marzo de 2018, Polonia acordó con Estados Unidos la adquisición del sistema antimisiles Patriot. Nota del entrevistador).
Pero Putin, que también es muy nacionalista y beligerante, no se deja amedrentar, como demostró en Ucrania. El pasado 21 de octubre Trump dijo que Estados Unidos abandonaría el Tratado INF (Intermediate Nuclear Forces) firmado en 1987 por Reagan y Gorbachov, por el que se comprometían a la eliminación de los misiles de mediano y corto alcance; aunque también es cierto que antes Rusia ha diseñado y probado los misiles Novator 9M729, que según Estados Unidos violan el Tratado INF. Por otra parte, Trump afirmó a finales de 2018 que retiraría la mitad de los militares desplegados en Afganistán, tras afirmar que replegaría las tropas de Siria. De inmediato sus socios protestaron, porque consideraban que esto era dejar las manos libres en Oriente Medio a Rusia e Irán.
-Afirmas que Estados Unidos ha reforzado su presencia militar alrededor de China, y no sólo por las aguas e islotes en disputa (podría añadirse la alianza con Japón: nuevas instalaciones militares en Okinawa, compra de aviones F-35 a Estados Unidos o la posibilidad de que el país asiático cuente con portaviones; en junio se inauguró el cuartel general de Camp Humphreys, en Corea del Sur; también los gestos de acercamiento estratégico, como la llegada del portaviones «Carl Vinson», en marzo de 2018, a Vietnam). Otro actor decisivo, en oriente Medio y a escala global, es Arabia Saudí…
En 2017 Arabia Saudí contó con el tercer mayor presupuesto militar del mundo (69.400 millones de dólares), y en el periodo 2013-2017 fue el segundo mayor importador de grandes armas, con el 10% del total mundial. Durante esos cuatro años, el 61% de sus compras de armamento se produjo a Estados Unidos, seguido por el Reino Unido (23%). Pero también España le vende armas a Arabia Saudí: 270,2 millones de euros sólo en 2017, mientras que en el acumulado de 2009-2012 no alcanzó los 50 millones de euros. Además, según los datos de la Secretaría de Estado de Comercio, las exportaciones de armas españolas a este país sumaron 728,5 millones de euros entre 2015 y junio de 2017. Y la mayoría se realizaron en 2015, el año en que Riad inició la guerra en Yemen. España fue en 2017 el séptimo exportador de armas mundial, según el SIPRI. En Oriente Medio se sitúan los conflictos más «calientes» del planeta, y a esta región España exportó en 2017 armamento por valor de 452 millones de euros.
-En el libro «Economía (de guerra)» subrayas la dificultad de medir el gasto militar y la disparidad de cifras y criterios según las fuentes. ¿Pueden citarse casos concretos?
Estados Unidos representa el 35% del gasto militar mundial, y el presupuesto de Defensa aprobado por el Senado estadounidense en 2018 fue de 700.000 millones de dólares. Pero algunas organizaciones, como War Resisters League, señalan que el gasto militar estadounidense es más del doble del que corresponde al Pentágono. Esto es así porque hay una parte importante del gasto militar que está repartido por otros departamentos del Estado. Ocurre, por ejemplo, con inversiones en armamento, el mantenimiento e investigación sobre armas nucleares, muchas de las misiones militares en el exterior -entre otras, los presupuestos especiales para las guerras de Irak y Afganistán-, o las pensiones y seguridad social de los militares y los veteranos de guerra.
-¿Se dan estos problemas de transparencia en China y Rusia?
Sí, cuando el SIPRI hace el cálculo del gasto en defensa de China lo explica y realiza una estimación aproximada. En 2017 China fue el segundo país del mundo en gasto militar -228.000 millones de dólares, un 5,6% más que en 2016-, a una gran distancia de Estados Unidos. Representa el 13% del total mundial. Es un país mastodóntico, con un ejército muy «extensivo» y muchos de los gastos en defensa repartidos por los municipios y regiones. Pero esto ocurre en otros muchos estados, como Rusia, Egipto, Irán o Siria.
-En el estado español, el Gobierno del PSOE autorizó el 14 de diciembre tres programas militares con una inversión de 7.300 millones de euros hasta 2032; se trata del incremento del «techo de gasto» para tres programas en vigor: cinco fragatas F-110; 348 vehículos blindados VCR 8×8 y la «modernización» del avión de combate Eurofighter. En el ensayo te refieres a las «artimañas» del Estado español para esconder el gasto militar real. ¿Dónde están las diferencias entre las cuentas oficiales y las reales?
En 2016 el gasto en defensa fue del 0,9% del PIB, según el Gobierno de España; del 1,2% del PIB según el SIPRI y del 1,5% del PIB para el Centre Delàs d’Estudis per a la Pau. Una muestra clara son los créditos, ayudas o I+D que desde ministerios que no son el de Defensa, como el de Industria, se destinan a la fabricación de nuevo armamento. Podemos incluir también los créditos extraordinarios (entre 600 y mil millones de euros anuales) para financiar las misiones militares españolas en el exterior, en Afganistán, Irak, Malí, Líbano o la República Centroafricana; la mutua sanitaria y las pensiones de los militares, las contribuciones a organizaciones como la ONU o la OTAN, los intereses de la deuda pública contraída para invertir en armas e infraestructuras militares, los presupuestos de organismos autónomos no integrados en el Ministerio de Defensa o de cuerpos paramilitares como la Guardia Civil. Por esta razón, si el presupuesto de Defensa en 2018 fue de 9.000 millones de euros, el gasto real fue del doble.
-¿Por qué son tan importantes, en este contexto, los Programas Especiales de Armamento (PEAS) y el endeudamiento que generan? En 2017 publicaste el informe «La burbuja de las armas y la industria militar en España. Los Programas Especiales de Armamento».
En 1996, durante el Gobierno de Aznar, se pusieron en marcha los primeros programas para la compra de gran armamento a largo plazo (20 y 30 años), con proyectos como los aviones Eurofighter EF-2000, las fragatas F-100, los blindados Pizarro y Leopardo o los helicópteros de combate Tigre. Además el Ministerio de Industria avanzaba créditos en forma de I+D a las empresas fabricantes, con la idea de que al entregar el armamento se devolvieran las ayudas. Los PEA, que han generado una deuda colosal con la industria militar, continuaron aprobándose con los gobiernos del PP y el PSOE (11 durante el mandato de Rodríguez Zapatero, entre 2004 y 2011). En 2016 estaban vigentes 24 proyectos, cuyo coste inicial había sido de 26.821 millones de euros, pero ese año el coste real ya ascendía a 36.539 millones de euros. Así, los 87 aviones Eurofighter, cuyo coste inicial previsto era de 9.255 millones de euros, en 2016 costaban ya 12.843 millones de euros. Los 45 helicópteros NH-90 pasaron de los 1.260 millones de euros iniciales, a 1.682 millones en 2016.
Estas iniciativas han tenido que financiarse, por tanto, con deuda pública. En marzo de 2018, la entonces ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, anunció siete nuevos PEA, con un coste inicial de 10.800 millones de euros para la próxima década. El Gobierno de Pedro Sánchez ha ampliado los PEA. Los principales contratistas son Airbus, Navantia, Santa Bárbara (hoy General Dynamics) e Indra. Pero además de los grandes gastos, critico la inutilidad de los PEA. Es algo que dicen también los militares en los «pasillos» -porque abiertamente no pueden- o cuando pasan a la reserva.
-Por último, «las grandes empresas militares españolas son muy dependientes del Ministerio de Defensa y gozan de un trato de favor por parte del Estado», afirmas. Navantia es una empresa pública; el Estado español tiene el 4% en las participaciones de Airbus y el 19% de Indra, donde es accionista mayoritario. ¿Son habituales las «puertas giratorias» desde la política a la industria militar? ¿Y de miembros del ejército a las empresas?
Uno de los casos más conocidos es el de Pedro Morenés, ministro de Defensa con los gobiernos del PP, entre 2011 y 2016. Fue consejero de la empresa vasca SAPA Placencia, dedicada a la producción de armas pesadas y ligeras, explosivos y municiones; también desde 2005 de Instalaza, empresa establecida en Zaragoza que fabricaba minas antipersona y bombas de racimo antes de su prohibición en España (estos explosivos fueron suministrados, por ejemplo, a la Libia de Gadafi). Después que se prohibiera en 2010 la fabricación de bombas de dispersión, Instalaza pidió una indemnización al Gobierno, posteriormente denegada; pero, en cambio, Instalaza sí fue adjudicataria de numerosos contratos cuando Morenés estuvo al frente de Defensa. En junio de 2010 Pedro Morenés fue nombrado presidente en España de MBDA, sociedad europea centrada en la fabricación de misiles, y asimismo ejerció como ejecutivo de la empresa de seguridad privada Segur Ibérica.
Otro ejemplo es el de Pedro Argüelles, secretario de Estado de Defensa -desde 2012- con Pedro Morenés. Desde 2002 Argüelles había presidido la filial española de Boeing, una de las principales empresas militares y aeronáuticas del mundo. Ministro de Defensa con Aznar entre 1996 y 2000, Eduardo Serra preside actualmente la consultora Everis, que cuenta con una división Aeroespacial y de Defensa. También constatamos cómo altos mandos del ejército, que abandonan el servicio activo, entraron como ejecutivos, directivos o asesores en empresas militares españolas (el libro «Economía (de guerra)» cita casos como los del almirante Francisco Torrente Sánchez, en Explosivos Alaveses -EXPAL; el Comandante del Centro de Operaciones Aéreas, Manuel García Berrio, en Indra; el teniente general Carlos Gómez Arruche, en Airbus; o el teniente general Juan Carlos Villamía, en DEFEX. Nota del entrevistador). ¿Ejemplos de corrupción? Uno de los más claros es el de la empresa pública DEFEX, exportadora de armas y material de seguridad, en la que los directivos se beneficiaron de comisiones en los contratos por las ventas a Angola, Egipto y Arabia Saudí, entre otros países. El escándalo saltó en 2014 y actualmente lo investiga la Audiencia Nacional.
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