El gasto militar y la burbuja de las armas en España

La enorme crisis por la que atraviesa la sociedad española, viene en buena parte producida por una «burbuja inmobiliaria». También, paralelamente, se puede hablar de una «burbuja armamentista» que se ha ido gestando por la mala gestión de los diferentes gobiernos. (Articulo aparecido en la revista Noticias Obreras, nº 1540 de octubre de 2012)

La crisis no ahoga por igual a todos los ministerios del Estado. Defensa ha sido el ministerio que ha sufrido uno de los recortes menos abultados en el presupuesto del año 2012, un 8,8% respecto del año anterior situándose en 6.316,4 millones de euros. En cambio, aquellos ministerios en que se sustenta el estado de bienestar sufrieron un mayor recorte, Sanidad y Servicios Sociales disminuyó un 13,7%, Educación y Cultura un 21,2%, y aquellos otros ministerios que deberían ser el motor de la competitividad para incentivar nuestra economía y crear empleo aún sufrieron un mayor retroceso, Fomento disminuyó un 18,4%, Industria y Energía un 31,9%, Economía y Competitividad un 32%, y las ayudas a la investigación (I+D) un 25,6%. Situándose la media de los recortes para todos los ministerios en 2012 en un 16,9%.

Hasta aquí estamos hablando del presupuesto inicial aprobado, pero después, en el transcurso del ejercicio, y como viene siendo habitual durante todos los últimos años, Defensa se ve agraciado con créditos extraordinarios que suplementan su dotación inicial. Así, el pasado 7 de septiembre, el Consejo de Ministros aprobó un crédito extraordinario de 1.782,7 millones para hacer frente a los compromisos de adquisiciones en armas. Pero ha habido más transferencias de recursos a Defensa, desde el Fondo de Contingencias, un cajón de sastre previsto en los presupuestos del Estado, se han transferido 754,7 millones para hacer frente a las misiones militares en el exterior (Afganistán, Líbano y aguas de Somalia). Una partida dotada tan solo con 14,3 millones, cuando esas misiones cuestan al erario público alrededor de 850 millones anuales. En definitiva, el presupuesto de Defensa cada año está infradotado a sabiendas de que durante el trascurso del ejercicio será complementado con recursos extraordinarios para hacer frente a los gastos reales de nuestras fuerzas armadas.

Para conocer la realidad del gasto militar en España es necesario, en primer lugar, tener en cuenta los criterios que señala la OTAN a los estados miembros de cómo debe contabilizarse el gasto. En el caso de España se deberían sumar todas aquellas partidas militares que están repartidas por otros ministerios, como son los Organismos Autónomos militares, las clases pasivas, la mutua militar, los créditos en I+D que surgen del ministerio de Industria, la Guardia Civil, cuerpo que se rige por ordenanzas militares, y las contribuciones a organismos internacionales militares. Pero además, por qué no añadir los intereses de la deuda pública correspondientes al ministerio de Defensa? Puesto que si el estado se endeuda y paga intereses para adquirir armamentos, es correcto imputarlos como gasto militar. Entonces, la realidad del gasto militar en 2012, pasaría de los 6.316 millones iniciales a 15.834, es decir, más del doble. Si a ello añadimos los créditos y transferencias que durante el ejercicio recibe, es más que posible que al finalizar el año, el gasto militar se sitúe cerca de los 19.000 millones (ver Tabla).

Los Programas Especiales

La partida que siempre rompe el techo en el gasto militar es la de las adquisiciones de los Programas especiales de armamentos (PEAS). Estos programas se iniciaron a mediados de los años 1990 con una duración, según los casos, de 15 y 30 años y que en su día tenían unos costes iniciales de 20.000 millones de euros. Para no incrementar en demasía el presupuesto de Defensa, se diseñó un jeroglífico contable, el ministerio de Industria avanzaba créditos a las empresas militares para realizar esos PEAS, los cazas EF-2000, los helicópteros Tigre y NH-90, los misiles de esos aparatos, los blindados Leopardo y Pizarro, fragatas F-100 y diferentes buques de guerra, etc. que el ministerio de Defensa retornaría a Industria cuando realizara el pago de las armas a las industrias. Créditos que se concedieron a 20 años y a cero intereses. Una ingeniería financiera que ha acarreado un grave problema de endeudamiento en las cuentas públicas, pues en el transcurso de los años esos créditos más los compromisos con las industrias han acumulado una deuda de 32.000 millones que hoy Defensa no sabe cómo afrontar sin aumentar considerablemente el presupuesto (en el 2015 serán 35.000). Este mismo año, desde el ministerio de Industria, ya se han concedido más créditos, 507 millones, a las empresas militares, con lo cual el endeudamiento de Defensa continúa en aumento.

Para hacer frente a esa deuda, los presupuestos de Defensa de 2012 contemplaban el pago de 4,9 millones para los PEAS mientras los compromisos de pago eran de 2.370 millones. De ahí surge ese crédito extraordinario de 1.782 millones, que por falta de tesorería se tendrá que financiar mediante la emisión de deuda pública. Los argumentos del gobierno para continuar adelante con esos contratos son, cuando menos, peregrinos: la modernización de las fuerzas armadas para su participación en misiones internacionales. Más bien falso, ni los aviones EF-2000, ni los helicópteros Tigre, ni los blindados Leopardo, etc han viajado nunca a Afganistán, Líbano, Libia o Kosovo. Otro argumento falaz, es el aducido de ayudar al desarrollo del tejido industrial con alto componente tecnológico, que su vez genera puestos de trabajo. Hay que poner en duda los efectos positivos del trasvase de tecnologías militares hacía la producción de bienes civiles, cuando hay estudios que dicen lo contrario, que es muy escaso el I+D militar que se utiliza en la industria civil, y que esos mismos recursos crearían más puestos de trabajo en el sector civil.

Pero el pago de una parte de los compromisos adquiridos este año 2012 no resuelve el problema de la enorme deuda contraída por el ministerio de Defensa. Y una opción que Defensa baraja es alargar la vida de producción de las armas entre diez o quince años más. Pero aplazar la producción de estos contratos no representa ningún ahorro, sino al contrario, quiere decir retrasar la fabricación de las armas y su pago, y por lo tanto, refinanciar los proyectos y encarecer su precio final. El cual, puede llegar a cifras inverosímiles que pueden superar los 40.000 millones. Cifras difícilmente soportables por la maltrecha economía de la hacienda pública española.

El gasto militar entorpece el crecimiento de la economía productiva. De una parte, como demuestran los PEAS, porque genera endeudamiento público, el cual comporta inflación al impedir que se generen ingresos en las arcas públicas. Por otra, porque impide que recursos monetarios, de bienes de equipo, de conocimientos tecnológicos y de mano de obra improductiva que consumen los ejércitos y la producción de armamentos, destinados al sector civil generaría mayores beneficios a través de los denominados «costes de oportunidad». Además, los productos civiles facilitan el intercambio de bienes en los mercados, lo cual no ocurre con los armamentos, pues no se rigen por las leyes del mercado, ya que son adquiridos directamente por los estados sin entrar en los circuitos de intercambio. Recordemos que las industrias militares españolas tienen un trato de favor por parte del estado. Esta dependencia empuja a las empresas a no ejercer control sobre los costes, impidiendo economías de escala y encareciendo el precio final del arma, que sea cual sea su coste acabará siendo igualmente adquirida por el Estado. Hecho que convierte a las industrias militares en parásitos de la economía real.

La crisis económica actual debería ser una oportunidad para que el gobierno español buscara soluciones a la crisis. Una de ellas, sería reducir recursos del gasto militar para destinarlos a la economía realmente productiva. Por ejemplo, sólo haría falta anular algunos de los gastos militares más inútiles, sobre todo los destinados a inversiones en nuevos armamentos, en especial reduciendo los contratos de esos PEAS. Eso permitiría acabar con los créditos en I + D militar y ahorrar miles de millones de euros que durante muchos años se han ido entregando a las empresas militares para desarrollar esas armas.

También habría que reducir los contingentes actuales de las fuerzas armadas. Si algunos países de nuestro entorno como Alemania, Francia, Reino Unido e Italia han anunciado una reducción, ¿Por qué el Estado español no sigue ese mismo camino? Así se debería iniciar un estudio de reducción de los efectivos y comenzar un plan de ajuste de las plantillas. ¿Para qué necesita España un ejército de 130.000 soldados? ¿Es qué con la mitad o una tercera parte no tendría suficientes? Un último ámbito para reducir el gasto militar sería retirar nuestras tropas del exterior para ahorrarnos los 860 millones que en 2011 costó su desplazamiento. Por mucho que se repita, es falso que proporcionen seguridad a la población española, si acaso obedecen al interés de la política exterior del gobierno que actúa de acuerdo con los designios de EEUU o de la OTAN.

Contra estas medidas se aducirá que arrojaría al desempleo a miles de profesionales del ejército o trabajadores de las industrias militares. Para evitarlo se deberían poner en marcha estudios. Para las fuerzas armadas, aplicar planes para pasar oficiales a la reserva y recolocar soldados en la función pública. Respecto de las empresas, iniciar estudios de conversión industrial militar hacia el ámbito de producción de bienes civiles. Unos planes de conversión que deberían implicar el máximo de agentes sociales y políticos posibles: gobierno local, autonómico y estatal, colegios profesionales y sindicatos. Este amplio consenso podría buscar salidas a estas industrias, y por supuesto, resultaría menos costoso que fabricar unas armas que no tienen ninguna utilidad social. Estas diversas combinaciones permitirían ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de euros anuales.

Si la enorme crisis por la que atraviesa la sociedad española, viene en buena parte, producida por un sistema financiero que, en complicidad con los diferentes gobiernos, auspició una «burbuja inmobiliaria». También, paralelamente, se puede hablar de una «burbuja armamentista» que se ha ido hinchando por la mala gestión de los diferentes gobiernos. Burbuja de armamentos que ha contribuido al endeudamiento y al déficit público y que si no se suspenden esos contratos militares continuará en aumentó. Las gentes que proponen una «auditoria» de la deuda pública en España, tienen en el enorme gasto en armamentos argumentos sólidos para pedir responsabilidades políticas y porqué no, su condonación.

Fuente: http://www.centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=947%3Apere-ortega&catid=42%3Aeconomia-de-defensa&Itemid=63&lang=es