A principios de mes, el Gobierno rechazó aprobar la reforma del régimen especial de la Seguridad Social para el trabajo doméstico por falta de consenso, tras recibir las observaciones de la patronal, CEOE y CEPYME, y los sindicatos. La patronal señaló que la reforma «supondría el fomento de la economía sumergida y la salida del ama de casa del mercado laboral». CC OO calificó el aplazamiento de «prudente» mientras UGT lamentó una «oportunidad perdida».

27 organizaciones sociales, feministas y del sector han pedido al Gobierno que rectifique y cumpla con su promesa. Éstas critican la «falta de responsabilidad de la Mesa de Negociación» y lamentan la voluntad de CC OO de prolongar el debate, así como la postura de la patronal, «basada en el encarecimiento de la contratación». Para ellas, estas posturas han contribuido a «frenar» la reforma de la Seguridad Social por parte del Ejecutivo, que el 13 de julio de 2006 acordó integrar a el trabajo del hogar y el agrícola por cuenta ajena en el Régimen de la Seguridad Social.

Según estas organizaciones, «la paralización deja en la desprotección a un sector en alza con graves incumplimientos de derechos» reconocidos a otros sectores laborales «como el derecho a paro». El Gobierno dice «no haber sacado el tema de la agenda» y «mantener» el proyecto de decreto enviado el pasado otoño a los agentes sociales en la Mesa.

Mujeres e inmigrantes Las organizaciones creen que «esta demora condena a la precariedad laboral a 761.000 personas que trabajan en el empleo doméstico español, según la Encuesta de Población Activa del tercer trimestre de 2006». Según las organizaciones del sector, más de 800.000 trabajan en él y sólo 269.150 están afiliadas a la Seguridad Social. Un 94% de ellas son mujeres y un 60% son inmigrantes. Las estimaciones que comparan los datos de la EPA con los de la Seguridad Social indican que sólo un tercio de las que realmente realizan esta actividad doméstica están registradas, por lo que ya habría alrededor de 350.000 mujeres en la economía sumergida.

La propuesta que el Gobierno remitió a los agentes sociales en octubre de 2007 establecía el contrato indefinido salvo que de forma expresa y justificada se firmara uno temporal, para el que nunca sería admisible un despido sin causa. En caso de despido para las trabajadoras con contrato indefinido preveía una pequeña indemnización. Además, marcaba un aumento progresivo de las cotizaciones sociales que permitiera cobrar en caso de baja médica o accidente laboral. También recogía el derecho a un mes de vacaciones y fijaba el sueldo de las trabajadoras a tiempo completo en el salario mínimo interprofesional. Las personas que trabajen hasta 20 horas en diversos hogares tendrían que pagar sus cotizaciones a la Seguridad Social. El tema de las prestaciones por desempleo quedaba ya entonces sin resolver, en este caso con la alegación de la dificultad para el control del fraude.