Una terminal nueva para el transporte público de contenedores en el Puerto de Valencia; el anuncio fue realizado -el pasado 14 de diciembre- por el ministro de Transportes del Gobierno de España, Óscar Puente, del PSOE; cinco días después, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a la licitación de las obras de construcción del citado muelle, por una suma cercana a los 656 millones de euros (sin incluir el IVA).
La visita del ministro al puerto evidenció el consenso empresarial y político respecto al proyecto de terminal; Puente estuvo acompañado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, los dos del PP (gobiernan en coalición con el partido ultraderechista Vox); la presidenta de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Mar Chao; y la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, del PSOE.
El Ministerio de Transportes considera la nueva infraestructura “de interés general”; además valora la (denominada) colaboración público-privada: una inversión global de 1.600 millones de euros (el 31% de carácter público, por la APV, y el 69% restante a cargo de la compañía privada).
Está previsto que la APV, entidad pública dependiente del Ministerio de Transportes, construya la llamada infraestructura básica: dragado, muelle y relleno consolidado; y que el capital privado ejecute la inversión en la superestructura, instalaciones y material móvil (la compañía TIL, del gigante naviero MSC con oficina central en Ginebra).
¿Está justificado el macroproyecto portuario? Según el Ministerio, las instalaciones valencianas se sitúan actualmente como el primer puerto de España y el cuarto de la UE en tráfico de contenedores TEU (unidad de medida del transporte marítimo).
En cifras concretas y actualizadas, el Puerto de Valencia “genera un movimiento de más de 2,6 millones de TEUS operados en importación y exportación, canalizando el 40% del comercio exterior español de mercancía general en contenedor” (nota informativa Ministerio de Transportes, 14 diciembre).
La APV celebró el anuncio del ministro socialista durante la Copa de Navidad con la comunidad portuaria; así, “el primer puerto del Mediterráneo, el número 20 del mundo” proyecta la nueva terminal en aguas abrigadas de la ampliación norte, concluidas en 2012; está previsto que la nueva terminal tenga una superficie de 137 hectáreas, cerca de 2.000 metros de línea de atraque y capacidad para cinco millones de contenedores (nota informativa APV, 14 diciembre).
No compartía el relato oficial la Plataforma contra las Grandes Infraestructuras de Transporte, de la que forma parte la Comissió Ciutat-Port (integrada -entre otras entidades- por el colectivo Per L’Horta; Acció Ecologista Agró; Ecologistes en Acció-País Valencià; la plataforma vecinal El Litoral per al Poble; Juventud X el Clima y València Saludable).
Al rechazo se han sumado organizaciones ecologistas de ámbito estatal, como Ecologistas en Acción; Amigos de la Tierra; Greenpeace; Amigos de la Tierra; WWF o SEO/BirdLife; calificaron la macroactuación portuaria de “innecesaria”, “despilfarradora” y “contraproducente”.
En un comunicado del 19 de noviembre, resumen en tres ejes los motivos de su oposición a la gran infraestructura portuaria; en primer lugar, que se destinen 660 millones de euros, de dinero público “para duplicar la capacidad de contenedores a la carta para la multinacional MSC” (en términos comparativos, la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio cuenta en 2024 con un presupuesto global de 633,5 millones de euros).
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA): “Tiene más de 15 años, cuando la Ley de Evaluación fija una caducidad de tres años, y el proyecto ha sufrido numerosas modificaciones sustanciales”.
Asimismo los colectivos se preguntan por la necesidad real de ampliar el Puerto de Valencia: “España usa menos de la mitad de su capacidad portuaria, por lo que cualquier problema de saturación se solucionaría con una planificación eficiente de los Puertos del Estado”.
Además de los posibles impactos sobre el Parc Natural de L’Albufera (humedal costero de 21.120 hectáreas que incluye a 13 municipios de la provincia de Valencia) y sobre los espacios de la Red Natura 2000 Europea, existen otros riesgos.
Tal vez alguno de ellos pueda deducirse del inicio de la licitación, en julio de 2022, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica, de las obras de la regeneración de las playas de El Saler y Garrofera, en Valencia; dotada con 30 millones de euros, la iniciativa tenía -entre otros objetivos- “recuperar la línea de costa de 1965”.
El departamento de Teresa Ribera, que a través de la Dirección General de Costas emitió -en noviembre de 2022- un informe de compatibilidad favorable con condiciones al proyecto de ampliación, expone en la citada licitación:
“En la zona de Saler y Garrofera se ha detectado la regresión del litoral en playas al sur del Puerto de Valencia, lo que podría afectar al cordón litoral que separa L’Albufera del mar; la pérdida de las playas, además de un grave impacto socioeconómico, supondría la afección al Parc Natural de L’Albufera y la devesa de El Saler”.
Asimismo la Coordinadora de Estibadores ha cifrado en 500 los empleos en peligro por la construcción de la nueva terminal, debido -principalmente- a los procesos de automatización y robotización (“y al abandono de la terminal actual, ya que ninguna empresa ha mostrado interés por ocuparla en años”).
Con motivo de la reciente visita del ministro, la Comissió Ciutat-Port (cerca de 200 organizaciones/colectivos vecinales y ecologistas) recordó que el proyecto se halla actualmente recurrido ante los tribunales (la Comissió ha interpuesto varios recursos contra la ampliación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana -TSJCV-).
La iniciativa no sólo se rinde a intereses como los de la multinacional MSC, denuncian los colectivos ecologistas, también a empresas asociadas como Boluda Corporación Marítima, comandada por el armador y presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda Fos (con un patrimonio neto cercano a los 350 millones de euros en 2023, Vicente Boluda se halla entre las 100 mayores fortunas del estado español, según la Lista Forbes).
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