El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país la conducta virtualmente cómplice que tuvo el gobierno de Aylwin frente al escándalo de la exportación ilegal de armas a Croacia orquestada por el Ejército en 1991; y porqué posteriormente dicho liderazgo «se hizo el leso» frente a su virtual impunidad. […]
El liderazgo de la Concertación debiera explicarle también a sus bases y al país la conducta virtualmente cómplice que tuvo el gobierno de Aylwin frente al escándalo de la exportación ilegal de armas a Croacia orquestada por el Ejército en 1991; y porqué posteriormente dicho liderazgo «se hizo el leso» frente a su virtual impunidad.
Con ocasión de la cruenta guerra civil en la ex Yugoslavia el Consejo de Seguridad de la ONU determinó un embargo de armas a las partes involucradas en 1991. Sin embargo, el Ejército chileno -al igual que lo haría el gobierno de Menem en Argentina- violó dicha disposición ¡engañando, de paso, al propio gobierno chileno! Concretamente, la operación consistió en una exportación de 11 toneladas de armas de las Fábricas y Maestranzas del Ejército (FAMAE), aprobadas legalmente para el gobierno de Sri Lanka (Ceylán), pero que se intentaba enviar a Croacia, vía Hungría. Sin embargo, al aterrizar el avión que llevaba el armamento en Budapest el 1 de diciembre, las autoridades húngaras lo allanaron y confiscaron las armas. El 7 un diario húngaro hizo público el escándalo.
Pese al revuelo provocado, el ministro de Defensa, Patricio Rojas, declaró que «el envío de armas a Croacia está bastante aclarado y que corresponde a las instituciones involucradas aplicar las sanciones correspondientes» (La Nación; 13-12-1991). Por otro lado, el diputado PPD, Jorge Schaulsohn, consideró que la Cámara debería crear una comisión investigadora y que «las armas descubiertas en Hungría pertenecerían al patrimonio de la empresa PSP Limitada, que es la misma firma a la cual estuvo vinculado Augusto Pinochet Hiriart» y criticó al Gobierno al señalar que «no es aceptable decir que está todo aclarado, cuando no hay nada aclarado» (La Epoca; 14-12-1991). A su vez, ¡el Cuerpo de Generales del Ejército sacó una declaración contra el diputado!, concluyendo en que «considera inconveniente que el parlamentario mencionado integre alguna eventual comisión investigadora de la Cámara de Diputados vinculada, directa o indirectamente, con materias relacionadas con la institución» (La Epoca; 18-12-1991).
Esta increíble declaración fue deplorada por el ministro Rojas, agregando que «creo que es un hecho lamentable que se haya ignorado que la Constitución establece que la opinión de diputados y senadores es inviolable» (La Segunda; 18-12-1991); y suscitó una respuesta del presidente de la Cámara, José Antonio Viera Gallo, en que señalaba que «la declaración de los generales, en conformidad al texto constitucional, carece de toda eficacia, de toda consecuencia (sic), por lo que la tenemos como no formulada» (El Mercurio; 18-12-1991).
Consultado al respecto por los periodistas, Pinochet contestó: «Nosotros hicimos una declaración pública de un señor congresal que hizo una declaración fuera del hemiciclo, así que no tiene nada que alegar». Los periodistas replicaron: -«El Ministro de Defensa dijo que el cuerpo de generales había sobrepasado la Constitución. -Que primero lea la Constitución. ¿El Ministro dijo eso? Bueno, la sobrepasamos. Se acabó. -El PPD está pidiendo la renuncia del cuerpo de generales. -Y nosotros le pedimos la renuncia a ellos también» (La Epoca; 19-12-1991).
Frente a esta virtual insubordinación, el ministro Rojas dijo que «si son efectivas (las declaraciones), las encuentro extraordinariamente graves, y correspondería analizarlas en su debido momento (!)» (Las Ultimas Noticias; 19-12-1991). Sin embargo, el ministro del Interior, Enrique Krauss, se abstuvo de pronunciarse, señalando que las desconocía… Dijo, en todo caso, «que no le parecía que hubiese un aumento en las tensiones entre el Gobierno y las FF. AA. especialmente con el Ejército», ya que «creo que son situaciones coyunturales que se van produciendo como consecuencias de un conjunto de declaraciones y de exacerbaciones de algunos temas» (El Mercurio; 19-12-1991). Y el ministro Secretario General de Gobierno, Enrique Correa, expresó que la declaración de Pinochet «fue una improvisación, no bien pensada» (La Tercera; 20-12-1991).
A su vez, el presidente de la Cámara (Viera Gallo) dijo que «son declaraciones hechas al pasar, saliendo de una importante ceremonia y no creo que me corresponda emitir un juicio sobre juicios que el general Pinochet hizo sobre la marcha y cuyo tenor exacto tampoco es claro» (El Mercurio; 19-12-1991).
Por otro lado, en la derecha hubo opiniones disímiles. El diputado de la UDI, Andrés Chadwick, respaldó plenamente a Pinochet y al Cuerpo de Generales (Ver El Mercurio; 19-12-1991) y el senador RN, Sergio Romero, minimizó el episodio como un «problema de interpretación» (Las Ultimas Noticias; 19-12-1991). En cambio, el presidente de RN, Andrés Allamand, dijo desconocer el alcance exacto de las palabras de Pinochet, pero señaló que «no tengo ninguna duda de que el Ejército no puede conducirse como un partido político» (El Mercurio; 19-12-1991); y el senador RN, Sebastián Piñera, calificó las declaraciones de Pinochet como «inaceptables» (La Epoca; 19-12-1991).
En los partidos de la Concertación, solo el pequeño partido MAPU -a través de su presidente Juan Manuel Parra- planteó la idea de acusar constitucionalmente a Pinochet; manifestándose de inmediato en contra los vicepresidentes del PPD y del PDC, Víctor Manuel Rebolledo y Gutenberg Martínez (Ver Las Ultimas Noticias; 20-12-1991). Tampoco prosperó un proyecto de acuerdo de crear una comisión investigadora presentada por los diputados Eugenio Ortega (PDC), Jorge Molina (PS-PPD) y René García (RN); el cual fue desechado por el propio presidente del PDC, el senador Eduardo Frei Ruiz Tagle, quien señaló que «una comisión investigadora de la Cámara sería necesaria si ayudara en la investigación del caso de las armas; sin embargo, solo la justicia determinará quienes son los responsables y las penas que se les deba aplicar» (La Nación; 31-12-1991).
Asimismo, a fines de diciembre, el Ejército declaró que toda la operación fraudulenta de venta de armas a Croacia «se debió a una desacertada intervención del funcionario encargado de su despacho (sic)» y que existió «falta de acuciosidad y extralimitación de atribuciones por parte del personal que participó en la tramitación de esta exportación». Y por cierto concluyó que «quedó claramente comprobado que en dicho embarque no se consideraron armamento ni materiales por la empresa PSP (del hijo de Pinochet)» (Las Ultimas Noticias; 28-12-1991).
Por su parte, la Corte Suprema rechazó una petición gubernamental -dada sus graves implicancias internacionales- de que el caso fuera investigado por un miembro de ella. En su lugar, designó un ministro en visita de la Corte de Apelaciones (Hernán Correa de la Cerda), quien luego de su fallecimiento (diciembre de 1992), fue reemplazado por Ricardo Gálvez, el cual en octubre de 1993 se declaró incompetente, pasando los antecedentes a la Justicia militar. Luego, en noviembre de 1995, «la Fiscalía Militar determinó que las diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos están agotadas y ahora estudia la acusación que procesalmente corresponde en contra de quienes resulten responsables del ilícito» (La Epoca; 4-11-1995).
Sin embargo, dada la falta de diligencia de la Justicia militar se nombró finalmente como ministro en visita, ¡el 17 de octubre de 2005!, a Alejandro Solís; quien el 29 de enero de 2008 condenó a penas efectivas de cárcel de 5 años y 1 día, por exportación ilegal de material de uso bélico, al ex director de FAMAE y general ® Guillermo Héctor Letelier Skinner y al ex jefe de Inteligencia de la FACH, y también general ®, Vicente Armando Rodríguez Bustos. Letelier fue sentenciado, además, a 541 días de cárcel por el delito de falsedad. Solís condenó también a 3 años y 1 día por el mismo delito a los oficiales del Ejército brigadier ® David Fuenzalida González; mayor ® Carlos Galvarino Sepúlveda Cataldo y capitán ® Pedro Araya Hermosilla: Y al capitán ® de la FACH, Patricio Ernesto Pérez Villagrán, y el empleado civil Ramón Vicente Pérez Orellana. Este último fue condenado también a 541 días de presidio por el delito de falsificación de instrumento público.
Pero, finalmente, la Corte Suprema, el 20 de enero de 2012, ¡eximió de cualquier pena de cárcel a todos ellos! al condenarlos a penas de 3 años y 1 día o de 541 días, con el beneficio de la libertad vigilada. Además, el hecho pasó virtualmente desapercibido para la población dado que los medios de comunicación casi no informaron de ello. Así, El Mercurio del 21 de enero de 2012 publicó una pequeña nota en la página 24 de su cuerpo C, titulada: «Condenan a generales ® por exportación ilegal de armas»; y La Tercera del mismo día otra pequeña nota en su página 44, titulada: «Corte Suprema condena a 11 personas por tráfico de armas a Croacia».
A su vez, el semanario concertacionista Cambio 21 no publicó absolutamente nada; ni tampoco reparó en el hecho ningún miembro del liderazgo político de dicho conglomerado…