Hasta tal extremo llegó la falta de transparencia, que la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, aseguró, durante un debate en junio pasado, que no había ningún convenio militar ni de armamento, y que los contratos no habían llegado a firmarse. Pero sí se firmaron, el […]
Hasta tal extremo llegó la falta de transparencia, que la portavoz del Partido Popular en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, Beatriz Rodríguez-Salmones Cabeza, aseguró, durante un debate en junio pasado, que no había ningún convenio militar ni de armamento, y que los contratos no habían llegado a firmarse. Pero sí se firmaron, el 19 de diciembre de 2003, y estaban a punto de ejecutarse cuando se produjo el cambio de Gobierno en España.
El Gobierno del PP español ocultó la firma de dos contratos con Colombia para la venta de 40 carros de combate y 20 piezas de artillería de segunda mano por un total de 876.000 dólares.
El Gobierno del PP dio la callada por respuesta al diario El Espectador de Bogotá que, el 14 de noviembre de 2003, reveló la transferencia a Colombia de carros de combate y obuses de segunda mano del Ejército español, supuestamente para apoyar la política antiterrorista del presidente Álvaro Uribe.
Tampoco recibió contestación alguna la diputada Begoña Lasagabaster, de Eusko Alkartasuna, que cuatro días después presentó una pregunta escrita sobre ese asunto en la Cámara baja.
Ni siquiera José María Aznar, que el 22 de febrero de 2004 protagonizó en Cartagena de Indias (Colombia) su último viaje oficial al extranjero como jefe del Gobierno, informó de la existencia de dichos contratos.
No es extraño, por tanto, que la propia portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Exteriores del Congreso lo ignorase. «El Gobierno del PP firmó en febrero de 2003 un convenio marco con Colombia, no un convenio militar ni de armamento», dijo Rodríguez-Salmones en un debate parlamentario en junio de 2004.
«Este convenio, extraordinariamente amplio, se podía desarrollar en otros múltiples convenios», agregó. «Ninguno de ellos se ha llevado a cabo, ninguno está vigente. Por tanto, está mal dicho si se [afirma que se] denuncia un convenio de exportación de material de defensa. No existe tal convenio. Se había avanzado pero no se ha realizado, no está en vigor, no ha sido firmado».
Pero no sólo había convenio, sino contrato. Eran dos y estaban en vigor. Habían sido firmados, el 19 de diciembre de 2003, por el ministro de Defensa de Colombia, Jorge Uribe, y por el director de la Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, Miguel Ángel Jusdado, ex jefe de Gabinete del ministro Federico Trillo-Figueroa, quien delegó expresamente en él un día antes.
Los dos contratos aclaran que el protocolo de cooperación que los ministerios de Defensa de ambos países firmaron el 22 de febrero de 2003, de carácter muy genérico como decía la portavoz del PP, fue complementado el 10 de julio con una «adición» que incluía «suministros y adquisiciones de bienes y servicios militares».
Selección inacabada
Al amparo de la misma, se firmaron los contratos de venta de 20 obuses de artillería de calibre 155/23, M114 estadounidenses, por 10.000 dólares la unidad; 40 carros de combate AMX-30 EM2, de fabricación francesa, a 16.000 dólares cada uno, y otros seis como paquete logístico, a 6.000 dólares por carro. En total 876.000 dólares.
El proceso se puso en marcha. Una comisión del Ejército colombiano inspeccionó los carros en la base de la Brigada de Caballería Castillejos de Zaragoza y los obuses en el Regimiento de Artillería de Campaña de Astorga (León).
Se trataba de elaborar un listado con los números de serie de los obuses y tanques seleccionados, que se incorporaría como anexo a los contratos.
El 12 de marzo de 2004, sólo dos días antes de las elecciones generales, Francia comunicó que autorizaba la transferencia a Colombia de los AMX-30, cumpliendo así un requisito imprescindible para la operación.
El contrato preveía que el listado estuviera concluido en un plazo de 90 días. Sin embargo, cuando, en julio de 2004, los gobiernos de España y Colombia decidieron de mutuo acuerdo cancelar el negocio, el proceso aún no había acabado.
Un informe encargado por el nuevo titular de Defensa español, José Bono, concluyó que «la mayoría de los carros y obuses no se encuentran operativos», como España se había comprometido a entregarlos.
Para que lo estuvieran, advertía, habría que hacer «trabajos de reparación muy cuantiosos y utilizar gran número de repuestos, algunos de imposible obtención ya que no se fabrican».
La única solución era reabrir cadenas de producción ya cerradas, lo que dispararía los costes y demoraría la entrega al menos un año.
«Mi grupo no ve razones suficientes para la revisión de ese protocolo», alegó en diciembre pasado el portavoz del PP en el Senado, Alejandro Muñoz Alonso.