El portavoz del Gobierno asegura que no permitirán «añagazas» para la investidura a distancia del president, mientras las CUP critican a JxC y a ERC por no estudiar más opciones.
La sesión de investidura del próximo president catalán se espera para la próxima semana. La opción de Junts per Catalunya y ERC -con el apoyo crítico de las CUP-, presentar una investidura de Puigdemont a distancia para evitar su detención en suelo español, se enfrentará al recurso seguro por parte del Gobierno de Mariano Rajoy: en rueda de prensa tras el consejo de ministros, el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado la mañana del viernes que el Ejecutivo recurrirá al Constitucional «inmediatamente» y «sin ninguna vacilación» cualquier tipo de «añagaza» para investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont de manera no presencial.
Con «añagaza», Méndez de Vigo ha evitado referirse a las dos opciones que están únicamente sobre la mesa por parte de la dupla JxC/ERC: que el president depuesto emita su discurso de investidura desde Bruselas o que otro u otra representante electa lo haga por él. Que sea Puigdemont y sólo Puigdemont quien vaya a presentar candidatura es también acuerdo de JxC y ERC tras la confirmación del encarcelamiento de Junqueras. De momento, el Ejecutivo central ya ha preparado un informe jurídico en el que concluye que la propia normativa de la cámara autonómica excluye una investidura sin la presencia física de la candidatura.
La opción exclusiva Puigdemont ha sido criticada por la CUP la mañana del viernes en declaraciones de la diputada electa María Sirvent, que ha tildado de «irresponsable» por este acuerdo al president depuesto. La formación anticapitalista no ve con buenos ojos que JxC y ERC consideren preferible forzar unas nuevas elecciones a explorar otras opciones de investidura con menos obstáculos.
Sobre la legalidad de estas dos posibilidades se tienen que pronunciar tanto los servicios jurídicos del Parlament y la propia mesa de la cámara autonómica, cuya composición también pactaron esta semana JxC y ERC. Ante un posible informe negativo, los representantes del govern en el exilio han insistido en un acto la mañana del viernes desde Bruselas que la última palabra la tendrá la mesa del Parlament, y no el informe de los técnicos.
Sobre los otros obstáculos pendientes, el Supremo ha rechazado la petición de los tres candidatos electos procesistas que se encuentran presos de ser trasladados a prisiones catalanas y de poder asistir personalmente a la sesión de investidura. El vicepresidente depuesto, Oriol Junqueras, y el exconseller de Interior, Joaquim Forn, y el presidente de la Assamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, sí podrán ejercer su derecho al voto a través de terceras personas electas si a su vez lo autoriza la mesa del Parlament, tal y como ha dictado en la misma resolución el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena.