A pesar que el Gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos la realidad es bien diferente. «Cada vez son más los informes sobre el desplazamiento forzado, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad». Tal una de las […]
A pesar que el Gobierno de Colombia está dando una versión muy optimista de la situación de los derechos humanos la realidad es bien diferente. «Cada vez son más los informes sobre el desplazamiento forzado, ataques contra activistas sociales y de derechos humanos y homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad». Tal una de las principales conclusiones del Informe «¡Déjennos en paz!». La población civil víctima del conflicto armado, presentado este martes 28 de octubre en Madrid, España.
El documento de 122 páginas que integra hechos, cifras, balances comparativos, comentarios y abundantes testimonios, es considerado por los autores como el «estudio más exhaustivo y actualizado» sobre el estado de los derechos humanos en ese país sudamericano.
El estudio fue realizado durante dos años (2006-2008) en diversas regiones del país, incluidos los Departamentos del Chocó, Arauca, Antioquia, Guaviare, Meta, Cesar y Putumayo.
Y recoge elementos vertidos en centenares de entrevistas y encuentros con personas de base – muchas veces víctimas directas- y representantes de los más diversos sectores de la sociedad civil.
Así como en reuniones realizadas con responsables de agencias internacionales; del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. E, incluso, con funcionarios nacionales de primer nivel , entre ellos el Vicepresidente de la República, el Defensor del Pueblo, el Fiscal General de la Nación y el Coordinador del Observatorio de Derechos Humanos del programa presidencial.
HECHOS QUE HABLAN
En 2007 se produjeron al menos 1.400 homicidios de civiles, frente a 1.300 en el 2006. De aquéllos en los que se pudieron identificar sus autores, las fuerzas de seguridad fueron responsables de al menos 330; los paramilitares de unos 300 y los grupos guerrilleros de 260.
Si en 2006 se contabilizaban 220.000 personas desplazadas como producto del conflicto, un año más tarde este número ascendió a 305.000.
En el 2007, al menos 190 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de fuerzas de seguridad y de los paramilitares o se encuentran en paradero desconocido después de ser secuestradas por grupos de la guerrilla. Es decir, un 5% más que en 2006, cuando la misma cifra osciló en los 180.
«¡Déjennos en Paz!» señala que si bien algunos indicadores de derechos humanos han mejorado con el transcurso de los años , por ejemplo el índice de secuestros -que pasó de 3.570 en el 2000 a algo más de 520 en el 2007- o la seguridad en algunas ciudades – como Bogotá o Medellín- , otros han empeorado sensiblemente.
Y echa por tierra, tal como lo enfatizan sus autores, las repetidas declaraciones del Gobierno colombiano, dando una imagen exageradamente optimista de la realidad nacional.
Por ejemplo en lo que se refiere a la inactividad de los grupos paramilitares; al control oficial de los abusos de los derechos humanos; o al respeto pleno de parte de las autoridades al trabajo de los activistas sociales y sindicalistas.
REALIDAD Y FICCION
«Las autoridades colombianas mantienen una postura de negación absoluta: incluso se niegan a reconocer que han un conflicto armado en el país, prefiriendo definir las hostilidades en el marco de la guerra contra el terror internacional», puntualiza el Informe de Amnistía Internacional.
El capítulo dos, «Distinguir entre mito y realidad», pone en el centro de la reflexión y el debate, la naturaleza misma de la coyuntura/etapa que vive ese país sudamericano.
«Según el derecho internacional humanitario, un conflicto armado se define como las hostilidades en las que participan las fuerzas gubernamentales de un país o un grupo armado no gubernamental», recuerda Amnistía.
Enfatizando que «los conflictos armados no internacionales se definen como las hostilidades que se producen dentro del territorio de un único Estado, sin que fuerzas armadas de otros Estados luchen contra el gobierno». En ese caso de figura, «la violencia debe ser prolongada y el grupo no gubernamental debe estar organizado, contar con una estructura de mando y controlar territorio».
Este desacuerdo político y conceptual sobre la naturaleza del conflicto en Colombia incidirá luego en aspectos colaterales de importancia clave.
«De un modo similar no hay consenso respecto a cuestiones tales como el papel de los grupos de derechos humanos o la gravedad de la situación de los derechos humanos», subraya el Informe de Amnistía Internacional presentado públicamente este 28 de octubre.
Según el mismo, una de las consecuencias más dramáticas de este conflicto – en el centro del cual se encuentra el controvertido problema de la tierra-, es que la población civil sigue siendo la principal víctima de la crisis de los derechos humanos.
Y de allí el título del Informe, «¡Déjennos en paz!», según el organismo internacional una de las principales reivindicaciones de la sociedad civil que exige ser respetada a pleno y quedar al margen de esa guerra que no es la de ella.
HAY SALIDA
«La tragedia del largo conflicto de Colombia estriba en la falta de voluntad política mostrada por todas las partes para acabar definitivamente con el pernicioso ciclo de vulneraciones del derecho internacional humanitario y de homicidios y otros graves abusos contra los derechos humanos», enfatiza Amnistía abriendo su acápite de «Conclusiones y Recomendaciones».
Y «aunque no será fácil encontrar una solución duradera…», existe un camino para alcanzarla, enfatiza con convencimiento el Informe, que propone pistas de acción concreta a todos los actores involucrados.
Para Amnistía, la propuesta para una alternativa futura, se encuentra «en las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas en repetidas ocasiones por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
La mayoría de dichas recomendaciones, lamentablemente, «ignoradas una y otra vez por los sucesivos gobiernos colombianos y los grupos guerrilleros», según el Informe.
Y del diagnóstico a las propuestas, apenas un pequeño paso que exige, sin embargo, una gran voluntad política. Y un real ejercicio de responsabilidad de parte de las autoridades nacionales.
El Gobierno colombiano debe reconocer «públicamente la existencia de un conflicto armado interno» y debe aceptar «que el Estado tiene la responsabilidad de resolver la grave situación de los derechos humanos», concluye Amnistía.
* colaboración E-CHANGER