Es necesario denunciar ante la justicia las prácticas empresariales de explotación que aprovechan la indefensión de los trabajadores indocumentados El seminario La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares abrió un espacio de discusión en torno a la necesidad de aplicación de dicha Convención en […]
Es necesario denunciar ante la justicia las prácticas empresariales de explotación que aprovechan la indefensión de los trabajadores indocumentados
El seminario La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares abrió un espacio de discusión en torno a la necesidad de aplicación de dicha Convención en los países del norte. Cuando una persona decide abandonar su país de origen para buscar mejores oportunidades y en consecuencia un mejoramiento de su calidad de vida, lo hace a través del trabajo. Generalmente, parte hacia un país al que llega sin documentos que le permitan trabajar en condiciones regulares, lo que le somete a la explotación laboral y a la pérdida de sus derechos. La aplicación de la Convención de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias posibilita la superación de muchos obstáculos en el reconocimiento de derechos. En la actualidad, 34 países han ratificado la Convención.
Marie d´Auchamp, representante de Diciembre 18, organismo internacional que trabaja en la difusión de información sobre la Convención a los migrantes, afirmó que «este tipo de foros son necesarios, casi indispensables, para que países como España o Portugal ratifiquen una convención que aligeraría la carga de los trabajadores inmigrantes que se encuentran en su territorio y permitiría una mayor integración de un grupo de población en ascenso».
El migrante ha de dejar de verse como un agente económico exclusivamente, para ser percibido como una persona, que debe estar protegida por los derechos que le han sido otorgados por todos los convenios internacionales, indiferentemente de dónde se encuentre y cuál sea su situación migratoria. «Es una obligación que en un mundo globalizado donde hay más de 170 millones de migrantes trabajadores, luchemos por presionar a los estados para que ratifiquen la Convención» dijo Santiago González, representante del sindicato USO.
Las intervenciones hicieron especial hincapié en la urgencia de igualar los derechos de todos los migrantes, indocumentados o no, y en la necesidad de denunciar en los tribunales las prácticas empresariales de explotación que aprovechan la situación de total indefensión de los trabajadores indocumentados. En el debate posterior se planteó la necesidad de presionar desde la sociedad civil y los organismos locales y autonómicos al gobierno central. Y dicho y hecho, se pasó a la práctica, iniciando una campaña de recogida de firmas durante los días del Foro para conseguir que el gobierno español ratifique el Convenio.