No podía ser de otro modo, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, ha salido en defensa de los intereses de EEUU, en la comparecencia parlamentaria, donde se le interrogaba sobre los vuelos de aviones de la CIA en territorio español, sin la necesaria autorización. «No hay ninguna duda de que todas las aeronaves civiles hicieron un […]
El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, respondió el jueves a la inquietud de los grupos parlamentarios sobre los vuelos de la CIA haciendo hincapié en que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) «no ha detectado ningún tipo de actividad irregular en el tránsito de naves» estadounidenses por los aeropuertos españoles.
«El Gobierno no tiene nada que ocultar y no hay ningún elemento que pueda llevar a duda, sospecha o indicio de que se haya cometido en España una actividad ilícita o ilegal. Por tanto, qué mejor que hablar en una comparecencia pública ante sus señorías», indicó el jefe de la Diplomacia en el turno de réplica a los grupos parlamentarios.
Pese a ello, admitió que las autoridades aeroportuarias de Canarias no inspeccionaron «dos o tres vuelos» de aviones civiles estadounidenses que llegaron al archipiélago en 2004, un momento en el que «no había ninguna sospecha o elemento preocupante» sobre la actuación de Washington en este tipo de trayectos.
Entre las escalas facilitadas por el Ejecutivo hay un vuelo del 12 de febrero de 2004 que hizo una escala de entre 60 y 90 minutos en Los Rodeos (Tenerife) en su trayecto de la base de Guantánamo a la capital de Rumanía, Bucarest.
Moratinos recordó que la Convención internacional de Chicago sobre vuelos civiles –que han suscrito España y Estados Unidos– permite la inspección de los vuelos que aterricen en un país miembro, aunque España no lo hizo en algunos casos por tratarse de breves escalas.
«Ahora, aunque sean (escalas) de 30, 60 ó 90 minutos se inspeccionarán estos vuelos», dijo refiriéndose a la principal medida que ha adoptado el Gobierno para reforzar la capacidad de vigilancia e investigación. «Para que en el futuro no se repitan estos supuestos casos, haremos todo lo que está en nuestra mano para evitar todo tipo de actuaciones y dar respuestas mucho más trasparentes y contundentes a la ciudadanía española», se comprometió el ministro, quien insistió en que en los primeros meses de 2004, con el Gobierno del PP, «no había ningún elemento, sospecha o indicio como existe hoy en 2005» sobre el carácter de este tipo de vuelos civiles en los que estaría implicada la CIA.
En cualquier caso, «ninguno» de los vuelos civiles de EEUU que se verificaron en estos últimos años han demostrado elementos delictivos, subrayó. «No hay ninguna duda de que todas las aeronaves civiles hicieron un sobrevuelo y escala en pleno respeto a la legalidad española», manifestó.
En el supuesto de que aparezcan «elementos nuevos» en este caso tal y como advirtieron algunos portavoces parlamentarios, el Gobierno lo hará llegar «inmediatamente» a la Cámara Baja y el conjunto de la ciudadanía. Por ello, Moratinos habló de esta «cláusula de salvaguardia».
«El Gobierno no miente y va a seguir trabajando con la Embajada estadounidense. No mira a otro lado, mira al respeto de los Derechos Humanos e instamos a utilizar los mismos principios», concluyó.
Los portavoces parlamentarios insistieron en sus posiciones y el ‘popular’ Gustavo de Arístegui manifestó que «sigue siendo indispensable» una comparecencia conjunta de los ministros de Interior y Defensa, José Antonio Alonso y José Bono.
De Arístegui aprovechó también para decir que las críticas a Guantánamo no son una novedad en el PP, y que la expresión «agujero negro de la legalidad» para referirse a Guantánamo es de la ex ministra de Exteriores, Ana Palacio.
Para el socialista Rafael Estrella, «se ha dicho todo lo que hay» y «no existe constancia de que se haya utilizado aeropuertos españoles para vuelos de la CIA».
El portavoz de IU-ICV, Gaspar Llamazares, no se dio por satisfecho con las explicaciones del ministro y afirmó que seguro que según el Código Penal «utilizar nuestros aeropuertos por una central de inteligencia extranjera es delito». «Doblan las matrículas, son empresas fantasmas y organizan actividades terroristas», dijo.
Criticó además las respuestas que ha dado el Gobierno a sus preguntas sobre este tema a lo largo del año y le acusó de «contradicción flagrante», por afirmar en ellas, desde mayo, «que no había nada» sólo una investigación «en un juzgadito» –en referencia al juzgado de Palma que recibió una querella–, cuando Exteriores ya había contactado con la Embajada estadounidense. Estrella le replicó que el caso no está ya en un «juzgadito», sino en la Fiscalía General.
Además, puntualizó que no está confirmado que no se hayan cometido delitos: «No se columpie, se está investigando si hay delitos y hay diligencias abiertas», añadió. Llamazares tampoco se cree que el CNI no tenga información, porque sus relaciones con la CIA «son íntimas».
El portavoz de BNG, Francisco Rodríguez, consideró también que el ministro peca de «cierta piadosa ingenuidad» y estableció cierto paralelismo entre los coches a los que ETA cambia la matrícula con los cambios de matrícula de estos aviones. Rodríguez también pidió «reciprocidad», que los aviones civiles estadounidenses tengan que facilitar la misma información al venir a Europa que los europeos a Estados Unidos.
También Luis Mardones insistió en que el caso del avión Guantánamo Bucarest, con escala en Los Rodeos, «no es un trayecto turístico que aparezcan en las agencias de viaje» y que la denuncia de que existan cárceles secretas en terceros países «debe encender la luz roja a cualquiera». El portavoz del PNV, Josu Erkoreka, reclamó de nuevo una información amplia sobre el asunto.