El abogado de la última de las internas que aún continúa en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), de las seis que denunciaron presuntos abusos sexuales por parte de policías, Jaime Rodríguez, solicitó hoy a la Brigada Provincial de Extranjería que, de momento, se suspendan las medidas de expulsión de la inmigrante, de origen […]
El abogado de la última de las internas que aún continúa en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), de las seis que denunciaron presuntos abusos sexuales por parte de policías, Jaime Rodríguez, solicitó hoy a la Brigada Provincial de Extranjería que, de momento, se suspendan las medidas de expulsión de la inmigrante, de origen colombiano, por entender que puede colaborar con la Justicia.
Rodríguez manifestó que la expulsión de esta testigo protegida estaba prevista para el próximo jueves. Asimismo, explicó a Europa Press que hoy «he presentado una solicitud ante la Brigada de Extranjería para que se aplique una disposición del reglamento de la Ley de Extranjería, en concreto del artículo 117 del Real Decreto 23/93, en el que se habla de la escisión de responsabilidad y de no expulsión del extranjero cuando están acreditadas circunstancias de colaboración con la Justicia».
En este sentido, el abogado indicó que «como ella es testigo protegido, he solicitado a la Brigada, que es el organismo instructor del expediente sancionador para que proponga a la Subdelegación del Gobierno esa solicitud», que consideró como «jurídicamente procedente porque es testigo protegido y es importante que en su día pueda comparecer en el juicio» sobre los presuntos abusos sexuales denunciados en el CIE.
NUEVE POLICIAS IMPUTADOS
Inicialmente, fueron detenidos siete agentes al detectarse actividades «irregulares» en el tratamiento de los internos en el CIE, tras la denuncia de seis mujeres, procedentes de distintos países, en concreto Brasil, Rusia, Venezuela, Ucrania y Colombia. Actualmente, son ya nueve los policías imputados.
Así, la jueza decretó prisión para tres de los policías, a los que se les imputan los delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral y omisión del deber de impedir delitos. Estos quedaron en libertad sin fianza pero con cargos, tras permanecer en la cárcel 11 días, al estimar la instructora los recursos contra el auto de prisión presentados por las defensas.
En cuanto a los otros cuatro, quedaron en libertad con cargos, al igual que el jefe de Seguridad del CIE, que compareció voluntariamente una vez que fue llamado a declarar el pasado día 2 de este mes y que quedó en libertad sin fianza pero continúa imputado en la causa.
Por su parte, el pasado 8 de agosto, otro policía nacional, imputado por un presunto delito de abusos sexuales contra una de las internas del CIE, quedó en libertad provisional con cargos tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Málaga, Elena Sancho.
La Asociación pro derechos humanos Amnistía Internacional (AI) lanzó hoy una campaña para pedir ‘garantías’ legales en la investigación contra los siete policías del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga acusados de cometer abusos sexuales contra varias internas.
Con ese objetivo, AI emitió un comunicado en el que denuncian el estado de una de las testigos clave del caso, cuya identidad no ha sido desvelada ‘por razones legales’, y que ‘es conocida por las autoridades españolas como Testigo 01-09-JF’. Según la nota de prensa, mañana estaba ‘prevista su deportación a Colombia’. En ese sentido, ‘Amnistía Internacional teme que este hecho propicie un clima de impunidad para los oficiales de policía’ implicados en los supuestos abusos sexuales.
Según explicó la organización, ‘al menos tres mujeres del centro acusaron a siete oficiales de Policía que trabajan en el CIE de ofrecerlas comida, tabaco y alcohol a cambio de sexo’. Además AI añadió que tres de las seis testigos implicadas en el caso ya han sido deportadas.
Por todo esto, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades españolas para que suspendan la deportación de la Testigo 01-09-JF prevista para el 17 de agosto y pidió que se garantice que ésta deportación no tendrá lugar hasta que se completen los procedimientos legales contra los siete oficiales de policía acusados de abusos sexuales. Del mismo modo, solicitó garantías de que la mujer podrá testificar en el caso y pidió para la mujer apoyo legal, financiero y protección como testigo así como se le traslade de Centro.