Ante el escandaloso préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un importe de 350 millones de dólares, para el proyecto de ENCE de construcción de una gran planta de celulosa en Uruguay con graves impactos sociales, ambientales y económicos, y ante la posibilidad de que el gobierno español, mediante la Compañía Española de Seguros […]
Ante el escandaloso préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), con un importe de 350 millones de dólares, para el proyecto de ENCE de construcción de una gran planta de celulosa en Uruguay con graves impactos sociales, ambientales y económicos, y ante la posibilidad de que el gobierno español, mediante la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE), reasegure esta operación utilizando fondos públicos, la sociedad civil se moviliza en el Estado español y a nivel internacional.
CESCE decidirá su participación financiera en el proyecto el próximo martes 18 de abril.
En el marco del conflictivo proyecto de establecimiento de una planta de celulosa en M’Bopicuá (Uruguay), los Ministerios de Industria, Turismo y Comercio así como de Economía y Hacienda e instituciones de titularidad pública como ICO y CESCE, están considerando un importante apoyo financiero a la Empresa Nacional de Celulosas Española (ENCE). El proyecto «Celulosas de M’Bopicuá» generará impactos ambientales, sociales y económicos altamente negativos (véase documentación adjunta) violando así el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Según un informe interno de CESCE, el ICO ha solicitado una cobertura para el préstamo otorgado a la filial de ENCE en Uruguay, Celulosas de M’Bopicua, por un importe de hasta 350 millones de dólares (casi 300 millones de euros) más los intereses (7%), para cubrir los riesgos de «Guerra y situaciones asimiladas» así como de «Expropiación y limitaciones a los derechos del asegurado». Dicho informe, elaborado para la reunión de los consejeros delegados de CESCE del próximo 18 de abril -en la que se tomará la decisión sobre la solicitud de ICO-, revela que CESCE considera «conveniente posponer cualquier decisión en relación a la cobertura» dejando en manos del gobierno español la decisión final sobre la operación. Parece ser que el proyecto de ENCE es tan engorroso que CESCE no quiere arriesgarse, llegando a señalar que «los conflictos acaecidos hasta la fecha han sido ampliamente publicitados en la prensa internacional, por lo que parece probable que si CESCE decide finalmente apoyar el presente proyecto continúe siendo objetivo de críticas por parte de diferentes organismos, gubernamentales o no gubernamentales, máxime en la medida en que dicho apoyo se otorga por cuenta del Estado».
Resulta inadmisible que el Gobierno español decida asegurar el préstamo de ICO a través de un seguro de CESCE, cubriendo así las posibles pérdidas económicas que una eventual paralización de la construcción de la planta provocada por las importantes movilizaciones en Uruguay y Argentina en contra del proyecto, acarrearían a ENCE e ICO. Exigimos por lo tanto la cancelación inmediata del préstamo otorgado por el ICO y la constitución de una comisión parlamentaria que investigue las circunstancias del otorgamiento así como la toma de decisión de la financiación a través de CESCE.
Advertimos al gobierno español que su apoyo a la operación de ENCE tendrá graves repercusiones y le hacemos responsable de las consecuencias ambientales, sociales y económicas que este proyecto puede causar. Además queremos señalar que CESCE actúa en un marco de ilegalidad por la falta de transparencia que envuelve todas sus operaciones, incumpliendo la Directiva Europea sobre el acceso público a la información ambiental (2003/4/CE). El caso ENCE pone una vez más en evidencia la falta de transparencia de CESCE. Tan sólo gracias a filtraciones de información la sociedad civil ha podido saber del uso irresponsable de fondos públicos para operaciones comerciales privadas como la de ENCE.
Es importante subrayar que este caso evidencia una vez más, en el marco de las actuales negociaciones parlamentarias sobre la Ley Reguladora del Tratamiento de la Deuda Externa, la profunda necesidad de redefinir los mecanismos de apoyo a la inversión española como CESCE o los créditos FAD, que no llevan sino a una continua generación de deuda externa, sin estudios previos ni control parlamentario de los impactos socio-económicos y ambientales. Tanto ICO como CESCE requieren de una revisión completa del proceso de evaluación de los proyectos con un potencial impacto ambiental y social negativo.
La falta total de sostenibilidad del proyecto ha tenido por respuesta una importante oposición local, tal como lo demuestran las masivas manifestaciones de ciudadanos argentinos y uruguayos. En el marco de estas manifestaciones el Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA, 40.000 miembros en Argentina), ha dirigido a CESCE, a miembros del Ministerio de Economía e Industria y al Presidente de Gobierno José Luis R. Zapatero, una carta (que adjuntamos) en la cual se explicitan los negativos impactos de dicha inversión y se solicita explícitamente que CESCE no apoye el financiamiento de la planta. Por otra parte, recordemos que la Corporación Financiera Internacional (CFI) del Grupo del Banco Mundial contempla también la co-financiación del proyecto. Cabe señalar al respecto que la Oficina del Ombudsman y Asesor en Materia de Observancia (CAO), encargada de revisar el cumplimiento de la política social y del medio ambiente en los proyectos financiados por la CFI, ha anunciado deficiencias en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto, y ha recomendado la revisión de esta última. El caso ha sido asimismo denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un proyecto financiado por el Banco Mundial e implicado en un caso de violación de los derechos humanos es llevado ante un Tribunal Internacional.
Por todo ello, más de 70 organizaciones y personas del Estado español y a nivel internacional hemos hecho llegar a los responsables de las instituciones susceptibles de financiar o asegurar con dinero público la inversión de ENCE en Uruguay, una petición de denegar cualquier apoyo público desde el estado español. La carta, que adjuntamos también a esta nota, ha sido enviada el lunes 10 de abril a Aurelio Martínez Estévez, Presidente del ICO, Joan Badosa, Presidente de CESCE, David Vegara, Secretario de Estado de Economía (Ministerio de Economía y Hacienda), y Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Comercio (Ministerio de Industria, Turismo y Comercio). Entre las entidades firmantes de la carta, se encuentra por ejemplo el Comité de Empresa de CESCE, que se une así a la oposición que han mostrado ONGs de desarrollo, organizaciones ecologistas, grupos de solidaridad, académicos, etc. A nivel internacional destacamos las adhesiones, entre muchas otras, de la Red Internacional «Alianza de Pueblos del Sur Acreedores de Deuda Ecológica», Enviromental Defense (Estados Unidos), Asia Pacific Movement for Debt and Development (India), REDES-Amigos de la Tierra (Uruguay) y el mismo CEDHA (Argentina).
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