El Gobierno español no se atreve a afirmar que no solicitará el rescate de la UE. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió ayer pronunciarse hasta que no se conozcan los datos de las auditorías del FMI y dos consultoras privadas. La UE le recomienda que espere hasta esos dictámenes, aunque avisa que tiene sus […]
El Gobierno español no se atreve a afirmar que no solicitará el rescate de la UE. Su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, eludió ayer pronunciarse hasta que no se conozcan los datos de las auditorías del FMI y dos consultoras privadas. La UE le recomienda que espere hasta esos dictámenes, aunque avisa que tiene sus mecanismos listos para actuar.
Hasta en tres ocasiones eludió ayer la vicepresidenta del Gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, las preguntas directas sobre un inminente rescate de la economía del Estado. Interrogada durante la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo se refugió en los informes que están elaborando el FMI y dos consultoras privadas (Oliver Wyman y Roland Berger) sobre el verdadero estado de las entidades bancarias españolas antes de aventurarse a desvelar su plan. De este modo, Sáenz de Santamaría dejaba en manos de las instituciones financieras internacionales el futuro económico del Estado español. Los números rojos de las cajas lastran a una administración que es vigilada de cerca por Europa. La administración comunitaria, preparada para una eventual inyección de liquidez, habría recomendado a Madrid que espere hasta el dictamen de las auditorías para pedir ayuda. La fecha tope: el 31 de junio. Aunque agencias como Reuters daban por seguro que el rescate podría llegar hoy mismo.
«Estamos a la espera de las cifras, no hay ninguna decisión tomada», aseguró ayer una esquiva Sáenz de Santamaría, que insistió en que su idea es conocer primero «cuál es la situación financiera». No quiso dar números ni tampoco especular sobre cuál sería el tope marcado para reclamar a Europa que intervenga. «No voy a hablar de cifras hasta que no salgan las que importan e interesan», aseveró. En la misma línea, dijo que no tenía constancia de que ninguno de sus ministros fuese a tomar parte en un encuentro «oficial» para analizar la grave situación económica. Diversos medios habían filtrado que la situación había llegado a tal extremo que el sábado o el domingo se realizaría una videoconferencia entre los principales líderes del continente.
Calendario de auditorías
Quizás para paliar la incertidumbre generada por el agujero de las entidades bancarias, el Ministerio de Economía hizo pública una nota en la que especificaba el programa de auditorías para este mes. Al margen del estudio del FMI, cuyos resultados se esperan para el lunes (aunque el jueves ya se filtró una estimación de 40.000 millones de euros), el análisis está dividido en dos fases. La primera, hasta el 21 de junio, queda en manos de las dos consultoras internacionales. En la segunda, entrarían Deloitte, PwC, Ernst & Young y KPMG, las cuatro principales firmas del Estado. Su dictamen deberá estar listo para el 31 de junio. Con estos ingredientes, el Banco de España, ya liderado por Luis María Linde -que tomará posesión de su cargo el lunes-, tendrá una composición del estado real de los 14 principales bancos y cajas. Entonces, tal y como avanzó el Ministerio que dirige Luis de Guindos, se acometerá una tercera ronda de saneamiento.
La recomendación de Europa es que el Gobierno español debería de esperar a estas recomendaciones antes de su próximo movimiento. Sin embargo, también avisa de que está preparada para intervenir. «Los instrumentos apropiados están en vigor y listos para ser utilizados», aseguró ayer el portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión Europea, Amadeu Altafaj, en referencia al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF), una de las herramientas con las que se podría inyectar liquidez a la banca española.
En medio de las filtraciones y la incertidumbre, el lunes, con el informe del FMI, será clave para conocer el futuro de un Estado que avanza hacia el rescate.
Fernández Ordóñez defiende su gestión al despedirse
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, reconoció ayer que la entidad supervisora ha podido equivocarse en ocasiones, pero defendió que las decisiones tomadas han estado siempre basadas en criterios «exclusivamente profesionales».
En el discurso pronunciado ante el Consejo de Gobierno del Banco de España, el gobernador saliente confió en que el tiempo «coloque a cada uno en su sitio» y que el trabajo de la entidad sea reconocido y «justamente valorado por todos». Se trata de la despedida de Fernández Ordóñez, que mañana dejará el cargo después de un mandato de seis años, en el que la actuación de la institución se ha puesto en entredicho, especialmente por su gestión de la crisis financiera.
El lunes tomará posesión de su cargo Luis María Linde, mientras que PP y PSOE siguen debatiendo sobre quién será su segundo al mando, después de que el Gobierno vetase a Soledad Núñez.
ELA y CIG denuncian también a los presidentes
Adolfo Muñoz y Xesús Seixo, secretarios generales de ELA y CIG, respectivamente, presentaron ayer la querella ante el Tribunal Supremo español para instar a juzgar a los principales responsables políticos y económicos del Estado español por su actuación en el «saqueo» de las arcas públicas.
Además de los ministros de Economía y los gobernadores del Banco de España, ELA y CIG denunciaron también por prevaricación al presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, y a sus predecesores José Luis Rodríguez Zapatero y José María Aznar.
Según indicó a los medios el secretario general de ELA antes de presentar la denuncia, estas personas son responsables «por acción o por omisión» de haber consentido el control del Estado por parte del poder financiero. «No pueden decir que no sabían lo que ocurría», aseguró.