El Gobierno español no prohibirá la fabricación de las bombas de racimo que se producen en el país según respuestas a los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Joan Herrera, de Izquierda Unida, publicadas ayer. La pregunta fue formulada el pasado 28 de diciembre por ambos legisladores, tomando en consideración que ese tipo de artefacto […]
El Gobierno español no prohibirá la fabricación de las bombas de racimo que se producen en el país según respuestas a los diputados Carles Campuzano, de CiU, y Joan Herrera, de Izquierda Unida, publicadas ayer.
La pregunta fue formulada el pasado 28 de diciembre por ambos legisladores, tomando en consideración que ese tipo de artefacto es el mayor riesgo para los cascos azules españoles destacados en Líbano.
Los parlamentarios argumentaron que esas bombas son proyectiles que dispersan una gran cantidad de otros explosivos más pequeños, convirtiendo el área afectada en un campo de minas. Estados Unidos las experimentó en Vietnam con los bombardeos a la población civil.
Por su tamaño y forma pueden confundirse con piedras y en este momento constituyen el mayor riesgo para los propios soldados españoles y la población civil en el sur de Líbano, donde Israel arrojó más de 100 mil al final de la guerra, agregaron.
Según reportes de prensa, al menos 28 libaneses han muerto por la explosión de esos artefactos desde el 14 de agosto.
El pasado 29 de diciembre resultaron afectados dos miembros de la Fuerza Interina de Naciones Unidas para Líbano (Finul), de la que forman parte mil 100 soldados españoles.
En su respuesta a los parlamentarios, el Gobierno afirma que en España se fabrican actualmente dos modelos de bombas dispensadoras de submuniciones, que disponen de sistemas de seguridad los cuales inactivan y dejan inerte la munición al cabo de un corto tiempo.
El Gobierno fue tajante al afirmar que las municiones de ese tipo fabricadas por España, y de dotación en sus Fuerzas Armadas, cumplen requerimientos técnicos de autodestrucción y autoneutralización.
Las capacidades militares que proporcionan estas municiones son necesarias para el mantenimiento de la operatividad de las Fuerzas Armadas, por lo que en consecuencia «no se considera conveniente la prohibición de su fabricación», concluyó.