Uno de cada cuatro euros que el Estado destina a la investigación en España lo gastan las empresas del sector de la defensa. Lo afirman los datos de Eurostat y de la OCDE y lo corrobora la ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 2006 el dinero que se gastará en estos cometidos […]
Uno de cada cuatro euros que el Estado destina a la investigación en España lo gastan las empresas del sector de la defensa. Lo afirman los datos de Eurostat y de la OCDE y lo corrobora la ley de Presupuestos Generales del Estado. En el año 2006 el dinero que se gastará en estos cometidos alcanza un total de 1.683,8 millones de euros.
El presupuesto del Ministerio de Defensa sólo prevé un gasto en I+ D de 315,7 millones de euros. Sin embargo, el Ministerio de Industria asigna a las empresas de este ramo 1.358 millones de euros más. El dinero es en teoría un anticipo de dinero público para el desarrollo de proyectos encargados por la propia Administración, pero en la práctica se convierte en unos fondos imprescindibles para el correcto funcionamiento de las compañías del sector, algunas de ellas cautivas del Ministerio, pues es prácticamente su único cliente.
El dato nos indica que el gasto en el sector de la defensa se ha consolidado como el que tiene más peso dentro del mundo de la investigación. A este respecto es muy clarificadora la evolución de la distribución porcentual del presupuesto público de I+ D por objetivos socioeconómicos entre 1995 y 2003, recogido en el documento Indicadores del Sistema Español de Ciencia y Tecnología 2004,elaborado por el Ministerio de Educación y Ciencia. En él puede observarse que en el aludido periodo ningún otro sector creció tanto como el de Defensa, que pasó de suponer el 10,5% en 1995 al 25,2% en 2003. El que hace diez años ocupaba el primer puesto, el sector de investigación financiada por fondos generales de la universidad, ha pasado de gestionar el 32,45% al 22,4%.
Sorprende a quienes ignoran los entresijos de las diferentes áreas que el Gobierno emplee el 25% de su presupuesto en I+D a proyectos militares, mientras la protección y mejora de la salud humana recibe tan sólo 7,7%. La investigación en defensa ha crecido en esos nueve años un 150% mientras la enfocada a curar enfermedades lo ha hecho en un 50%.
Los números traducidos al presente representan que las empresas dedicadas a la fabricación de armamento recibirán este año los aludidos 1.683,9 millones, mientras que la investigación sanitaria se tendrá que conformar con 287 millones.
Jordi Armadans, de la Fundació per la Pau, va más allá en su análisis de las cifras de investigación orientadas al material de los tres ejércitos y explica que sólo Estados Unidos destina un mayor porcentaje de su PIB a la I+D de la defensa que España, según datos elaborados en 2003 por la OCDE. Esa misma organización internacional expone que el nuestro fue el país que más incrementó el dinero destinado a investigación en el aludido sector entre 1995 y 2003.
Fuentes oficiales explicaron que en realidad todos estos datos esconden, en parte, un engaño contable. Desde el último gabinete de Felipe González, los sucesivos gobiernos han optado por sumarse a todos los nuevos proyectos europeos en materia de tecnología militar: el caza Eurofighter, el tanque Leopard, etcétera. Para conseguir que empresas españolas participasen de esos programas los distintos presidentes comprometieron importantes pedidos de sofisticada y costosa tecnología de combate. Pero los presupuestos del Ministerio de Defensa no han crecido lo suficiente para hacer frente a esos cuantiosos pagos. En su lugar, los artífices de los presupuestos han aplazado las compras dejando en una situación complicada a las empresas, por lo que se han visto obligados a echar un cabo financiero vía presupuestos de investigación del Ministerio de Industria.
Pero también es cierto que la facturación de las empresas del sector ha crecido de forma imparable en los últimos años. Según el último anuario de la Asociación Española de Fabricantes de Armamento y Material de Defensa y Seguridad (Afarmade), correspondiente a 2004, «desde 1996 el sector ha triplicado su facturación y supone ya una cifra de negocio superior a los tres mil millones de euros».
Defensa, por su parte, se limitó a informar de que su presupuesto de I+D se ciñe a los 315 millones que figuran en los documentos oficiales del departamento y a enfatizar, eso sí, que ya «no hay frontera entre la investigación militar y la investigación civil». Un portavoz del Ministerio se refirió a este aspecto señalando que «lo correcto sería hablar de aplicaciones de carácter civil y aplicaciones de carácter militar». El criterio se basa en la circunstancia de que muchos proyectos desarrollados en la esfera de la defensa terminan por tener una aplicación social, como son los casos de ciertos sistemas de tráfico aéreo, investigaciones sobre algunos contaminantes realizados en Bosnia o simuladores para las fuerzas de seguridad. Afarmade expone en el aludido documento que se está produciendo una progresiva integración entre los sectores de la seguridad y la defensa, diluyendo aún más el verdadero destino de sus proyectos de investigación.