«Continuaremos denunciando casos en los que los representantes de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos sufran amenazas o represalias«. Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, el 27 de febrero pasado en Ginebra (Suiza), en la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, […]
«Continuaremos denunciando casos en los que los representantes de la sociedad civil y los defensores de derechos humanos sufran amenazas o represalias«. Lo dijo el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, el 27 de febrero pasado en Ginebra (Suiza), en la primera sesión anual del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, del que España forma parte desde el 1 de enero por un periodo de tres años.
Al iniciarse la segunda pertenencia española al Consejo de DDHH -la anterior fue entre los años 2011 y 2013- el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (MAEC) publicó que «España es un país profundamente comprometido con los derechos humanos» y que «su protección y promoción constituyen un eje prioritario de nuestra política exterior», principios que aparecen en diferentes apartados de la página web de Exteriores.
El ministro Dastis insistió en la misma línea en su inhttp://contramutis.wordpress.com/2018/04/03/marzo-saharaui-el-gobierno-proclama-la-defensa-de-los-derechos-humanos-pero-los-ignora-en-el-sahara/tervención en la sesión del Consejo de Derechos Humanos: «España está firmemente comprometida con la protección, la promoción y el respeto de los derechos humanos, que constituyen un pilar fundamental de nuestra política exterior«.
Señaló como ejes de la actuación de España «la defensa de la dignidad humana y los derechos humanos iguales para todos, la defensa de la democracia y el Estado de derecho, y la promoción del desarrollo sostenible y la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales».
Sobre los derechos humanos en el mundo, el MAEC dice que «millones de personas exigen cada día el respeto de los derechos humanos, reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948» y que «siguen siendo violados por gobiernos que privan sin juicio de la libertad a sus ciudadanos, encarcelan a periodistas o impiden el desarrollo de elecciones libres y Justas».
Pero los compromisos del Gobierno de España con los DDHH parece que tienen una excepción: el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Del Gobierno de Mariano Rajoy no sale ni palabra sobre las continuas violaciones de los derechos humanos que se cometen en la excolonia española, tal y como han denunciado reiteradamente Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW), el Centro Robert F. Kennedy (RFKC) y la Red Euromediterránea de Derechos Humanos (REMDH).
En los resúmenes mensuales que publica Contramutis sobre violaciones de los derechos humanos en el Sáhara Occidental se repiten los hechos: represión de cualquier expresión o manifestación de la población saharaui, que pide el ejercicio del derecho de autodeterminación; detenciones, desapariciones, juicios irregulares, denuncias por torturas y malos tratos, discriminación laboral con los saharauis, expulsión de observadores internacionales… Y esto, año tras año.
Lo relató recientemente la activista saharaui Aminetu Haidar, en declaraciones a la Agencia EFE: «Marruecos sigue, como siempre, violando todos los derechos fundamentales de los saharauis. Estamos privados de derechos fundamentales como, por ejemplo, el de manifestarse o la libertad de opinión. La tortura sigue presente en las comisarías de policía, incluso en las calles. Las manifestaciones son violentamente reprimidas, se practican detenciones arbitrarias incluso de menores y las cárceles marroquíes llenas de presos de conciencia«.
El pasado marzo varios presos de Gdeim Izik, que cumplen condenas de hasta cadena perpetua tras un juicio plagado de irregularidades y con confesiones obtenidas bajo tortura, iniciaron una huelga de hambre contra las medidas ilegales e inhumanas que les aplica la administración penitenciaria, encontrándose en un grave estado de salud.
Precisamente sobre un preso de Gdeim Izik, Naama Asfari, el Comité de la ONU contra la Tortura concluyó en noviembre de 2016 que Marruecos había vulnerado la Convención contra la Tortura y así lo recordaron en julio de 2017 Human Rights Watch y Amnistía Internacional con motivo del juicio que se siguió contra los presos políticos saharauis.
Pero el silencio es una constante en los gobiernos de España, aunque entre las víctimas haya saharauis con nacionalidad española, como ocurrió cuando fue desmantelado en noviembre de 2010 el campamento reivindicativo de Gdeim izik, en El Aaiún, o los observadores expulsados de los territorios ocupados por Marruecos sean españoles.
En marzo de 2018, para conocimiento del Gobierno Rajoy y en especial del ministro Dastis, en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por Marruecos, en ciudades del sur marroquí con amplia población saharaui y en las cárceles marroquíes con presos políticos saharauis se cometieron violaciones de los derechos humanos, según organizaciones sociales y medios de información saharauis, tanto oficiales como independientes. La siguiente es una relación aproximada: