La medida gubernamental ahonda más la separación con la Iglesia Católica
España se ha colocado entre los primeros países del mundo en cuanto al reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales, al igualarlos a las de heterosexuales mediante una resolución adoptada este viernes en un Consejo de Ministros presidido por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.
El anteproyecto de ley, que cuenta con los votos suficientes para su aprobación en el parlamento, entrará en vigor en los primeros días de 2005 y equipara totalmente los derechos de homosexuales y heterosexuales, incluso en materia de casamientos, adopción de hijos, sucesiones, trabajos y protección por la Seguridad Social.
La igualdad de condición legal abrirá a las parejas constituidas por personas del mismo sexo, entre otras cosas, la posibilidad de percibir pensión o herencia del cónyuge, trasladar al hijo o hija derechos adquiridos por la relación matrimonial o cualquier otro que actualmente tienen las uniones homosexuales.
Con esa ley, España pasará a formar parte del pequeño grupo de países y otros distritos que están a la vanguardia en este campo, como Holanda, Bélgica, las tres provincias más pobladas de Canadá, el estado estadounidense de Massachusetts, donde están legalizados los casamientos entre homosexuales.
El anuncio efectuado este viernes por la vicepresidenta primera del gobierno de España, María Teresa Fernández de la Vega, al finalizar la reunión del Consejo de Ministros, aunque era esperada, provocó apoyos y críticas, las más fuertes de estas últimas provinieron de la Iglesia Católica.
«Con esta ley se reconoce una realidad de la vida cotidiana», dijo a IPS Enriqueta Chicano Jávega, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas. Quienes critican la posición legislativa del gobierno, prosiguió, son hipócritas porque los matrimonios homosexuales existen de hecho, así como las adopciones.
Hasta ahora, la adopción del hijo la hacía una de las dos partes de las parejas, pero en la práctica el niño o la niña adoptada convive con las dos.
«De lo que se trata es de que esa realidad se refleje legalmente en la relación de la pareja y de ésta con el adoptado, a todos los efectos».
De igual manera se pronunció Beatriz Gomera, presidenta de la Asociación de Gays y Lesbianas, quien señaló que ahora podrá formalizar a nombre también de su pareja la adopción de la niña que ya lleva su apellido desde hace siete años «y que se está criando con total normalidad».
Fernández de la Vega estuvo de acuerdo con esta opinión al afirmar en rueda de prensa que «ya hay miles de niños que viven en España con padres homosexuales»
También apuntó que «más de 50 estudios coinciden en que las diferencias de los niños que crecen en casas con padres homosexuales son inexistentes. No hay ninguna prueba que demuestre que los padres o madres homosexuales son peores o educan peor a sus hijos» que los heterosexuales.
Añadió que, según esos estudios, «la mayoría de los españoles cree que lo que debe primar en la adopción es el bienestar del niño, con independencia de la orientación sexual de sus padres».
En cambio, fuentes de la Iglesia Católica dijeron a IPS que el secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, está preparando una estrategia y acciones a desarrollar para que el mensaje «llegue nítido, puntual y con claridad a la calle», en contra del matrimonio homosexual.
Con el mismo criterio, el Foro Español de la Familia (FEF), que congrega a organizaciones y asociaciones de defensa de la concepción cristiana del matrimonio y la familia, inició ya una campaña para reunir las 500.000 firmas necesarias para que el parlamento reciba y discuta una iniciativa popular dirigida a impedir este tipo de matrimonios.
La semana pasada, cuando miembros del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE)anticiparon que se caminaba hacia la modificación de la ley, el cardenal español Julián Herranz, miembro del Opus Dei y presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos del Vaticano, calificó esa iniciativa de «fundamentalismo laicista» y la consideró contraria al concepto democrático de laicidad del Estado.
También el presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Antonio María Rouco Varela, al conocer este viernes el anuncio del gobierno de Zapatero, se manifestó en desacuerdo con la iniciativa gubernamental y declaró a un grupo de periodistas que el casamiento homosexual «no responde a la verdad del matrimonio».
Consultados sobre este tema, dirigentes del PSOE remitieron a esta corresponsal a las palabras pronunciadas por Zapatero el 15 de abril de 2004, en su discurso de investidura como presidente del Consejo de Ministros.
En esa ocasión, Zapatero enfatizó que los «homosexuales y transexuales merecen la misma consideración pública que los heterosexuales y tienen el derecho a vivir libremente la vida que ellos mismos hayan elegido».
Para ello «modificaremos, en consecuencia, el Código Civil para reconocerles, en pie de igualdad, su derecho al matrimonio con los efectos consiguientes en materia de sucesiones, derechos laborales y protección por la Seguridad Social.»
El centroderechista Partido Popular (PP), hasta ese entonces gobernante y en la actualidad principal fuerza opositora, se manifestó de acuerdo en regular las uniones civiles de parejas de hecho, tanto hetero como homosexuales, pero dejando expresamente fuera el derecho de adopción.
Tras el anuncio de este viernes, su portavoz y ex ministro, José María Michavila, criticó la decisión adoptada en el Consejo de Ministros y acusó al gobierno de no ser dialogante.
Pero la importancia de esta decisión se puede evaluarse desde distintos puntos de vista. Y un dato importante a tener en cuenta es que en España, hace 25 años, ser homosexual era un delito condenado por una ley puesta en vigor durante la dictadura franquista (1939-1975).
Por el contrario, hoy, según un estudio del oficial Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), de junio de 2004, el porcentaje de población que cree que los homosexuales deben tener iguales derechos que los heterosexuales supera el 68 por ciento.
Estimaciones del mismo CIS elevan a cuatro millones la cantidad de homosexuales, prácticamente 10 por ciento de la población de España.
No obstante, ajenos a estos porcentajes, el PP, la Iglesia Católica y las organizaciones y entidades afines a ésta, se pronuncian y movilizan contra la nueva ley, mientras los demás partidos políticos, sindicatos y organizaciones de distinta índole la apoyan.
Así, la Unión General de Trabajadores (UGT–socialista), una de las dos centrales sindicales mayoritarias del país, se pronunció de inmediato de forma favorable.
La secretaria de Juventud y Políticas Sociales de la UGT, Marta Robledo, manifestó que lograr la igualación total de los derechos de las parejas del mismo sexo es una «importante conquista» de los derechos civiles de los españoles.
Por esa razón, añadió, ahora exigirán al ayuntamiento de Madrid, dirigido por el miembro del PP Alberto Ruiz Gallardón, que modifique su posición negativa a abrir un registro de parejas de hecho y que lo haga «sin discriminación sexual».
Asimismo, la medida gubernamental ahonda más la separación con la Iglesia Católica que se ha venido manifestando en las últimas semanas, al plantear el gobierno una modificación de la ley fiscal que actualmente la beneficia aportándole grandes recursos y otra destinada a quitar la religión como materia en la educación básica.