CAF se queda fuera del megacontrato de RENFE y lo gana Alstom.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó en febrero de este año una lista de 112 empresas que se lucran en los asentamientos en la Cisjordania ocupada por Israel contraviniendo las leyes internacionales. Entre ellas están Alstom y la socia de la empresa de ferrocarriles, CAF, la empresa israelí Shapir.
Antes de la resolución de concursos ferroviarios, diferentes asociaciones se dirigieron al ministro Ábalos y al director de Renfe señalándoles la inconveniencia de que las empresas como Alstom o CAF tuvieran legitimidad para presentarse a ningún concurso dado sus malas prácticas y vulneración de las normas internacionales.
La francesa Alstom y la suiza Stadler, ambas con fábrica de trenes en España, han ganado el mayor de los concursos de renovación de flota promovidos por Renfe: el contrato de 2.726 millones para el suministro de 211 trenes de Cercanías de gran capacidad (2.270 millones), sus piezas de parque y el mantenimiento de primer nivel durante 15 años.
En julio los profesores David Bondia, Juan Hernández Zubizarreta y Ferran Izquierdo, expertos en derecho internacional enviaron una carta a la junta directiva de Renfe pidiendo que no se contrate a CAF mientras esta trabaje en territorio ocupado palestino violando el derecho internacional. La carta apoyaba un informe legal preparado por el European Legal Support Centre donde se argumenta que las instituciones españolas pueden excluir a CAF y deben considerar hacerlo con empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Los tres expertos en derecho internacional publicaron un artículo posteriormente con este análisis legal.
Un centenar de personas mandaron emails a la Dirección General de Renfe en octubre diciendo que la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, SA, (CAF) y sus filiales y otras compañías como Alstom deberían ser excluidas de todos los concursos por «falta profesional grave».
En noviembre 18 organizaciones de derechos humanos pidieron al ministro de transportes José Luis Ábalos que restrinja los contratos a empresas como CAF o Alstom mientras vulneren la legislación internacional y los derechos humanos mediante su rol en la estructura de asentamientos ilegales israelíes.
Desde RESCOP damos la bienvenida a que CAF no gane contratos públicos mientras se lucre del apartheid israelí. Esperemos que CAF reciba el mensaje que debe bajarse del tren del apartheid israelí. Pero es inadmisible que el contrato se de a Alstom que se encuentra en la base de datos de la ONU de empresas trabajando en los asentamientos ilegales israelíes. Nos preocupa gravemente que el gobierno español siga ignorando el derecho internacional. El gobierno español debería apoyar la actualización de la base de datos y adoptarla como propia conforme con las obligaciones vinculantes del derecho internacional que exigen que todos los estados no reconozcan ni ayuden a la política ilegal de ocupación y anexión israelí en los Territorios Palestinos Ocupados.
Seguiremos movilizándonos para acabar la complicidad empresarial con el apartheid y colonialismo israelí y para que el gobierno español cumpla con sus obligaciones de derecho internacional en defensa de los derechos del pueblo palestino.