La Alianza Internacional de Asociaciones de Víctimas de la Talidomida (ICTA) se ha manifestado en Londres para que se equiparen las indemnizaciones y ayudas a todos los afectados por este medicamento fabricado por Grünenthal que hay en el mundo. En España, Italia y Austria los afectados por el fármaco, que se comercializó desde 1957 hasta […]
La Alianza Internacional de Asociaciones de Víctimas de la Talidomida (ICTA) se ha manifestado en Londres para que se equiparen las indemnizaciones y ayudas a todos los afectados por este medicamento fabricado por Grünenthal que hay en el mundo. En España, Italia y Austria los afectados por el fármaco, que se comercializó desde 1957 hasta 1963, todavía no están reconocidos por sus gobiernos o no reciben ningún apoyo. Por el contrario, en el Reino Unido 450 personas cobran indemnizaciones de 3.200 libras mensuales de la compañía Distillers, que vendió el medicamento tras comprar la patente a Grünenthal. Según Rafael Basterrechea, de la delegación española: «pretendemos que todos los afectados reciban las mismas compensaciones independientemente de donde hayan nacido o vivan y que las abone el laboratorio fabricante Grünenthal». Quienes peor lo tienen son las víctimas españolas. «Sospechamos que el gobierno va a reconocer a cuatro afectados y poco más», comentan, de las al menos 65 que la asociación española de víctimas tiene documentadas. La próxima manifestación será en diciembre ante la puerta de la casa de Angela Merkel en Berlín pues en Alemania hay 2.700 afectados.
El hecho de aceptar que en España hay afectados de Talidomida, algo que a día de hoy ningún gobierno español ha reconocido todavía, implica el pago de pensiones vitalicias, indemnizaciones por el tiempo transcurrido desde que las reciben el resto de afectados del mundo, y la concesión de ayudas de tipo fiscal, laboral y sanitarias. «Hacia ese camino han sido enfocadas nuestras reivindicaciones desde los inicios, y lo mas lamentable es que nuestros políticos ni tan siquiera se sonrojan levemente ante esta execrable situación. Es muy importante para nosotros que se conozca que en España se estuvieron vendiendo los medicamentos con Talidomida durante algunos años más, esto implica que nuestro sistema sanitario permitió la venta de este nefasto compuesto, aun a sabiendas de sus terribles efectos. El propio Ministerio de Sanidad reconocio por escrito (documento que obra en nuestro poder) que se retiró en enero de 1.963, cuando en Alemania la Talidomida fue prohibida en noviembre de 1.961″, afirma Basterrechea.
Desde el día 27 de junio el Ministerio de Sanidad y las víctimas españolas, asociadas en Avite, han comenzado las negociaciones para el reconocimiento de los hechos y la tramitación de ayudas. Pero el Ministerio desconoce datos básicos del suceso y pese a ello quiere marcar unos baremos de reconocimiento tan austeros que sólo reconocería a cuatro personas como afectadas por la Talidomida. Esto va dificultar el afectados que tienen docuemntados al menos 65 casos pero que pueden ser más. En Italia, por ejemplo, el gobierno de Berlusconi ha comenzado a indemnizar a estas personas sin establecer protocolos especiales, simplemente clasificando como afectada a cada persona que haya nacido en las fechas en las que se comercializó el medicamento y presente los síntomas que el mismo deja.
La ICTA lucha porque se reconozca a los afectados que faltan, no sólo en España, Italia y Austria, sino también en países como Alemania, Reino Unido, Suecia, Francia, Canadá, EE.UU. o Japón. En todos estos países se trató el tema con absoluto secretismo y silencio, respaldado por los respectivos gobiernos. Como denuncian las víctimas del medicamento para los sofocos del embarazo, el laboratorio Grünenthal y el gobierno Alemán se preocuparon de que no se comunicara como correspondía el daño que producía este preparado y que los plazos de revisión y reclamación se cerraran con gran presteza. En el Reino Unido, país en el que los afectados por la Talidomida han conseguido mejores condiciones, sus indemnizaciones son aportadas por el Laboratorio Distillers a una fundación que se encarga de repartirlas a los afectados dependiendo de su grado de discapacidad y necesidad de ayuda. El gobierno aporta a la causa las exenciones fiscales, las ayudas médicas, la financiación de prótesis y ortoprotesis, así como sillas de ruedas subvencionadas al 100%, y vela porque esto continúe de esta manera. El gobierno sueco y la farmacéutica AstraZeneca indemnizaron a sus afectados con una cantidad inicial grande y una pension vitalicia para sus afectados, el coste lo asumen al 50% más o menos entre farmacéutica y Estado.