La propuesta del Gobierno de compensar económicamente a las áreas afectadas por proyectos de hidrocarburos para facilitar su amplio desarrollo a lo largo de la geografía española, demuestra una sordera absoluta ante la realidad climática y una falta de respeto ante la voluntad democrática de la ciudadanía. Las organizaciones ecologistas reclaman al Ejecutivo que abandone […]
La propuesta del Gobierno de compensar económicamente a las áreas afectadas por proyectos de hidrocarburos para facilitar su amplio desarrollo a lo largo de la geografía española, demuestra una sordera absoluta ante la realidad climática y una falta de respeto ante la voluntad democrática de la ciudadanía. Las organizaciones ecologistas reclaman al Ejecutivo que abandone la apuesta por los combustibles fósiles para dar un giro necesario hacia un modelo energético basado en las renovables.
El pasado viernes el Gobierno aprobó un proyecto de Reforma de la Ley del Sector de Hidrocarburos que plantea un nuevo marco fiscal para las explotaciones de combustibles fósiles. La propuesta prevé que parte de las tasas recaudadas a través de esta actividad redunden directamente en los Ayuntamientos y Comunidades Autónomas (CC AA) afectadas. Asimismo, el Ejecutivo de Rajoy plantea una retribución directa, proporcional a los beneficios de las explotaciones, para los propietarios de los terrenos en los que se desarrollen los proyectos.
Para Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF es lamentable que el Gobierno pretenda así comprar a una oposición ciudadana que se ha demostrado mayoritaria y contundente en contra de las prospecciones marinas y el fracking. De hecho, en algunos territorios, las mayores movilizaciones ciudadanas se han producido precisamente en contra de estos proyectos. La resistencia a proyectos de gas no convencional o frente a las prospecciones petrolíferas marinas por parte de la ciudadanía han provocado en muchas ocasiones en el rechazo de estos proyectos por parte de municipios y CC AA, en forma de prohibiciones regionales, planes de moratoria o mediante la organización de consultas ciudadanas que permitan visibilizar la voz popular. La medida planteada ahora por el ejecutivo se suma a otras medidas ya tomadas durante estos meses atrás que atentan contra la democracia, como impedir la realización de las consultas o convertir las decisiones sobre el fracking en competencia estatal para sortear a las CC AA.
La situación de emergencia climática que nos muestra el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), choca con las medidas planteadas por el gobierno que va en sentido contrario a un modelo energético libre de emisiones de CO2.. Precisamente cuando la Conferencia de la Partes (COP) de Lima ha puesto de manifiesto lo lejos que estamos de encauzar el problema para producir un cambio de rumbo en la cita del próximo otoño en París, el Gobierno español, aparentemente sordo ante este escenario, plantea esta medida para despejar el camino a la industria petrolera y gasística, la principal responsable del desastre climático.
La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ya concluyó en 2012 que la mayoría de las reservas de hidrocarburos deben dejarse bajo tierra si no queremos sobrepasar un aumento de 2 ºC en la temperatura terrestre a final de siglo. Seguir buscando combustibles fósiles mediante técnicas de fracking y prospecciones en zonas marinas, que además son los de más difícil extracción y peor rentabilidad energética, es empeñarse en un modelo agotado y retrasar la muy urgente y necesaria transición hacia una sociedad que consuma menos energía y que se base en las fuentes renovables.