Los vencimientos bancarios tienen por ley prioridad sobre cualquier gasto público. Fue acuerdo del Congreso de Diputados español y del Parlament Catalunya. La llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aprobada con los votos de CiU fue trasladada luego a Catalunya. Sin discrepancias. Quizá Catalunya is not Spain pero se le parece mucho, muchísimo. La Generalidad aplaza […]
Los vencimientos bancarios tienen por ley prioridad sobre cualquier gasto público. Fue acuerdo del Congreso de Diputados español y del Parlament Catalunya. La llamada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Aprobada con los votos de CiU fue trasladada luego a Catalunya. Sin discrepancias. Quizá Catalunya is not Spain pero se le parece mucho, muchísimo.
La Generalidad aplaza sin fecha -y el punto es importante- abonar por servicios sanitarios y sociales el mes de julio: hospitales, centros sociales, centros de menores, residencias y todos los servicios públicos financiados mediante conciertos. Se calculan unos 415 millones: 345 a hospitales y 70 millones a centros sociales. ¿Número de trabajadoras y trabajadores afectados? Según cifras de los colectivos implicados, unas 100.000 personas.
La decisión no tiene precedentes. No ha existido ningún hachazo similar en la historia reciente de Catalunya. Se salvan por el momento, eso sí, eso es lo que han dicho hasta el momento, las pensiones no contributivas y la renta mínima e inserción que ya tocaron en su día con escándalo y movilizaciones sociales.
Una situación especialmente grave afecta a la infancia: el 80% de los centros de menores tutelados son concertados -por decisión política: externalizar era y es la palabra de moda- y dependen exclusivamente de la aportación económica del gobierno de la Generalidad.
La pregunta decisiva: ¿por qué se ha decidido políticamente ese acuerdo y no se han tocado otras partidas del presupuesto? Parece obvio, sin pensar muy mal: agitar a la opinión pública, con cierto éxito, contra el expolio de Madrid. Aquí, en Catalunya, se hace lo único que podemos hacer. Montoro es un macarra (Homs dixit) y ellos son los ángeles generosos y sabios del cielo catalán. Madrid, Madrid, tiene la culpa.
Es la tercera crisis de tesorería del gobierno Mas en el último año. La primera ya afectó a los hospitales concertados, a las residencias de ancianos, discapacitados, drogodependientes y fundaciones sociales que cuidan enfermos mentales. Son los vencimientos con los bancos los que han asfixiado a la Generalidad. El responsable último, como es evidente, es un genio de la economía. ¿No era todo un catedrático por Harvard el encargado del tema? ¿No era la lumbrera económica de la Pompeu Fabra el que iba a dirigir las finanzas catalanas? ¿Qué nota merece su gestión? ¿Matrícula de honor o cero irresponsable?
Ni que decir tiene que para el nacionalismo catalán, nuevamente, la culpa la tiene «Madrid». De su irresponsable gestión económica, de sus corrupciones, de sus gastos santuarios, de sus robos en la sanidad pública, de sus sueldazos, de su contrarreforma fiscal, nada de nada.
Catalunya, por otra parte, es la comunidad española con menor proporción de trabajadores del sector público. En torno a un 10% en total. ¿Por qué? Por una decisión política de los gobiernos catalanes en estos treinta últimos años, incluyendo los dos tripartitos. Por el peso de los conciertos, muy superior al de otras autonomías. Algunos ejemplos: 58 hospitales concertados (financiados por la Generalidad pero gestionados por otras administraciones, fundaciones y empresas privadas); 29.119 plazas en residencias y centros de día para mayores con dependencia; 2.616 plazas en residencias para discapacitados; 90 centros de menores tutelares; 997 plazas de residencias de enfermos mentales. En cambio, de gestión directa pública, respectivamente: 8 hospitales, 6.743 plazas, 983 plazas de discapacitados, 25 centros de atención a menores y 187 plazas para enfermos mentales. ¿Está clara la apuesta?
Por si faltara algo, los vencimientos del segundo semestre de 2012 alcanzan la cifra de 5.755 millones de euros. Habrá que rezar o habrá que movilizarse y gritar: ¡que se vayan todos!
¿Cuántos planes de austeridad se han efectuado en Catalunya en estos últimos años, desde 2009? Cinco en total. La economía se desploma, el empleo se desploma también, y la recaudación de impuestos no levanta cabeza. Obviamente, cambiar la fiscalidad tocando los intereses de ciertos sectores privilegiados es tema tabú. Son de los suyos y con su dinero no se juega. Del fraude realmente existente mejor no hablar.
La deuda catalana alcanza los 42 mil millones de euros. Es la comunidad española más endeudada. ¿No habría que auditarla? ¿No habría que estudiar con calma muchas entradas y partidas de ese endeudamiento?
La Generalidad habla de volver a la normalidad el mes de agosto. Pero no se ha comprometido la fecha de abono del retraso del mes de julio.
Los impagos se ceban en las entidades sociales, asociaciones y empresas. 7.500 en total. Muchas de ellas están al borde del colapso, en una situación que no tiene precedentes. El sector social, este año, ya había sufrido un hachazo del 56% del presupuesto en políticas de inserción laboral. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA) calcula que un 63% de las empresas no podrán pagar las nóminas de este mes (No puedo asegurar la veracidad del dato. Cuando el monte oscurece, todos los gatos son pardos, y hay gentes «emprendedoras» sin escrúpulos, también en este sector y estas durísimas circunstancias, que aprovechan para golpear a los más débiles, es decir, a sus trabajadores. La compasión no es su virtud preferida).
Las escuelas concertadas tienen garantizada la nómina de los trabajadores enseñantes. No así sus gastos de mantenimiento. Entre ellos, el personal administrativo y el de limpieza. Tres mil quinientos trabajadores en total.
Se dice que «el gobierno ha tenido que aplazar el pago de los conciertos con escuelas hospitales y centros asistenciales y sus proveedores». No ha tenido que aplazar… Lo ha hecho porque otras posibilidades no entraban en sus planes. Por ejemplo: nada de lo hecho hasta ahora era parte de su programa, un conjunto de medidas pensadas cuando se conocía las dimensiones de la situación. Una cosa, en cambio, sí han cumplido: el regalo de unos 350 millones de euros anuales a las clases adineradas catalanas, que tan bien representan, modificando la ley de sucesiones. Fue una de sus primeras medidas. Ni Mas-Colell sabía como justificar la medida. Tuvo que apelar a que los otros -las comunidades del PP- también cometían barbaridades.
Como siempre, rascando un poco, uno se encuentra con los verdaderos héroes y heroínas de esta situación: los trabajadores afectados. Un nombre entre muchos otros. Carlos Tria, médico, 55 años, lleva 17 años trabajando en una residencia de Mataró. No se rinde, no desfallece. Miles de trabajadoras, de asistentes y trabajadoras sociales tampoco. Verán ustedes, es una conjetura fácil, que aprovechando la situación creada, los directivos y directivas empresariales son así, los salarios de muchos de los trabajadores afectados, independientemente de todo lo que puede suceder, se alterarán a la baja. Y más pronto que tarde. Costará esfuerzo y lucha recuperar lo perdido.
Por si fuera alguna duda de la cosmovisión de fondo que mueve todos estos hilos, recuerdo las palabras finales del conseller Andreu Mas-Colell en el Círculo de Economía en septiembre de 2011 para abrir el curso académico -¡el curso académico!: citando a Claudio Boada habló de que lo público tiende a expandirse como los gases y que eso estaba mal, pero que muy mal y había que impedirlo. Mas-Colell miró a los empresarios, sector hooligans insaciables, y espetó: ¡pero lo público pasa ahora muy mal momento!. ¡Aprovéchenlo, no sean estúpidos! Lo están haciendo: quieren ubicar las clases trabajadoras a sus pies.
¿Alguna duda sobre las características esenciales de este gobierno de neoliberales y servidores de Adelson, el sionista de derecha extrema acusado de acuerdo con el crimen organizado de Macao, que nos distraen con pactos fiscales, hacienda propia y derecho a decidir? Ninguna duda por supuesto.
Nota:
[1] Tomo mis informaciones de El País, 31 de julio de 2012, pp. 10-11 y El País, 1 de agosto de 2012, pp. 12-13.
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